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Ayer la Cámara de Representantes, al cierre de esta edición, se aprestaba a darle el Sí al acuerdo de fin del conflicto firmado el pasado 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, máximo jefe de las Farc. Cumplido este paso, lo pactado en La Habana entra en vigencia y Colombia, oficialmente, le da la bienvenida al posconflicto.
Y lo dijo ayer con claridad el mismo jefe de Estado, en la ceremonia de ascensos realizada en la Escuela Militar: refrendado el acuerdo, hoy es el Día D y se inicia el proceso de implementación. “En cinco días comenzará el traslado de todos los miembros de las Farc a las zonas veredales de transición y antes de finalizar el año deberán estar en esas zonas”, dijo.
El mandatario explicó, además, que en 30 días las Farc deberán entregar el primer lote de armas y que cinco meses después la guerrilla habrá entregado hasta la última bala en su poder. “Ya no existirán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, enfatizó. Se puede decir entonces que, de esta manera, se cierra definitivamente la mesa de diálogos de La Habana.
Se espera que entre hoy y mañana los delegados del Gobierno radiquen en el Congreso la ley de amnistía e indulto que beneficiará a los más de 14.000 integrantes de las Farc, incluyendo a cerca de 4.000 combatientes recluidos en las cárceles de Colombia. Sin embargo, no serán objeto de este beneficio aquellos integrantes inmersos en graves crímenes de guerra e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Esta iniciativa se tramitará como una ley ordinaria con mensaje de urgencia, lo que permitirá procesarla en tres debates (uno en comisiones conjuntas más las dos plenarias). Tal y como ocurriría si entrara en vigencia el procedimiento especial legislativo conocido como fast track. Precisamente, existe una controversia respecto a si el Acto Legislativo para la Paz, que habilita dicho mecanismo, entra en vigencia luego de la refrendación o es necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en la actualidad estudia dos demandas contra dicha reforma.
Pero más allá de la polémica, lo cierto es que, como lo ha dicho hasta el propio presidente Santos, la implementación de los acuerdos de paz requiere invariablemente de ese mecanismo especial, ya que tramitar las leyes y demás reformas constitucionales que se necesitan para afianzar una paz de verdad estable y duradera de forma ordinaria pondría en grave riesgo el cumplimiento de lo pactado.
Ante esta incertidumbre y a la espera de que la Corte dé una respuesta, el Gobierno ha tomado la decisión de echar a andar las iniciativas más sencillas y urgentes que les den tranquilidad a los guerrilleros rasos, ya que están encendidas las alarmas, según lo dijo el representante de la ONU en Colombia, Todd Howland, quien advirtió que las bases guerrilleras sienten un enorme temor sobre su futuro y el cumplimiento de los acuerdos, y que esto pone en riesgo la cohesión de las Farc, pues ya se están presentando casos en las zonas de preconcentración de combatientes que se están enlistando en otros grupos armados ilegales o declarándose en disidencia.
En los próximos días también tendrá que llegar al Congreso una ley orgánica que reforme la Ley Quinta de 1992 o Reglamento del Congreso, para permitir que lleguen al Capitolio los seis voceros de las Farc —tres en Cámara y tres en Senado— que harán una veeduría con voz, pero sin voto, de la implementación de los acuerdos en el ámbito legislativo.
Las otras dos leyes que deben arribar en el menor tiempo posible son dos actos legislativos, uno para integrar la Jurisdicción Especial de Paz al ordenamiento jurídico del país y el otro para consignar en un artículo transitorio los elementos esenciales del acuerdo de paz como un compromiso de buena fe de cumplimiento. Pero estas dos reformas constitucionales no serán radicadas en lo que queda del año, puesto que sin el Acto Legislativo para la Paz en vigencia no podrán ser tramitados en sesiones extraordinarias y sólo quedan 15 días de labores en el Congreso.
De tal manera que con la aprobación ayer del acuerdo de paz por parte de la Cámara de Representantes, en un candente debate en el que defensores y detractores del proceso expusieron sus argumentos, se les pone punto final a los cerca de cuatro años de negociaciones con las Farc en La Habana y se empieza a escribir el epígrafe de una nueva Colombia, en tránsito del conflicto armado más viejo del hemisferio occidental a una sociedad donde las armas ya no estarán presentes en la controversia política.