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Rosa Emilia Solís Grueso es una importante activista de comunidades negras. Su influencia en el espacio de interlocución con el Gobierno ha sido tan fuerte que algunos funcionarios públicos la consideran “el pulpo de las consultas previas” en estas comunidades étnicas. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de propinarle un duro revés. En un fallo de primera instancia anuló los títulos colectivos de los consejos comunitarios de Gamboa y La Caucana, en el Valle del Cauca, desde donde Solís ha construido un verdadero emporio político y económico.
La demanda fue interpuesta por el abogado y activista del Proceso de Comunidades Negras (PCN), Hoover Carabalí, quien es además representante legal del consejo comunitario de Bahía Málaga y ha sostenido una fuerte disputa jurídica con Solís de tiempo atrás. Poco más de cuatro años tuvieron que pasar para que finalmente los magistrados le dieran la razón a Carabalí y declararan que la adjudicación de los territorios colectivos de Gamboa y La Caucana se hizo de forma irregular. Primero porque las solicitudes de adjudicación, realizadas en el año 2006, se hicieron por 230 hectáreas y 2.500, respectivamente, y al final, en el la primera les entregaron casi 3.000 ha y en la segunda poco más de 1.000. Es decir, que no correspondían a las solicitudes iniciales.
Lo que sí no le concedieron los magistrados a Carabalí fue la nulidad de las actas de constitución de los consejos comunitarios, ya que consideraron que esto no es competencia del contencioso administrativo. De igual manera, el fallo, que tendrá que revisarlo el Consejo de Estado, no admitió la intervención que había presentado la sociedad Centro Logístico del Pacífico como coadyuvante del proceso, así como también los magistrados determinaron que como la demanda fue interpuesta contra el Incoder, que era la entidad encargada en ese momento pero ya fue liquidada, el accionar se trasladó a la Agencia Nacional de Tierras.
Pero ¿cuál es el impacto de este fallo? Detrás de este proceso judicial estaban enfrentadas las fuerzas mayoritarias dentro del mundo de las comunidades negras. Rosa Emilia Solís es una guapireña de 65 años radicada en Buenaventura. Rosita, como se le conoce en los territorios colectivos, es una historiadora pensionada del magisterio público que se ha dedicado en los últimos años a asesorar la creación de consejos comunitarios y los proceso de consulta previa. Según La Silla Vacía, ha acompañado la fundación de más de 20 consejos y actualmente es la represente legal del de Gamboa, el cual está ubicado en el territorio de expansión portuaria donde se fundó el Puerto de Aguadulce, el cual tuvo que enfrentar por nueve años un proceso de consulta previa con Solís.
La historia de la adjudicación del predio también aparece reseñada en el proceso que acaba de fallar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que este título colectivo se otorgó, a nombre de “Rosita”, cuando esta fungía en el consejo directivo del Incoder, la misma entidad que le dio vía libre al título colectivo, por una extensión casi seis veces más grande que la solicitada. Y la historia de Solís no para aquí.
Durante más de una década esta vallecaucana movió los hilos de la Consultiva de Alto Nivel, espacio creado durante el gobierno Uribe para consultar con representantes de comunidades negras las medidas que afectarán sus derechos e intereses. Dicho espacio tuvo que ser liquidado por orden de la Corte Constitucional, dado que violaba los principios de igualdad y representación de todas las comunidades negras y afrocolombianas, ya que le daba vocería a un pequeño grupo, involucrado por demás en graves acusaciones de corrupción.
Al final, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que de seguro pasará al Consejo de Estado, terció en una histórica controversia que ha surgido dentro de las comunidades negras, donde por más de una década Rosa Emilia Solís ha sido la reina y ha manejado a sus anchas los procesos de consulta previa en estas comunidades étnicas.