El giro que quiere Duque en su relación con la Oficina de DD.HH. de la ONU

Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano. / Cancillería

Una vez más, el gobierno de Iván Duque insiste ante la comunidad internacional en que el conflicto armado en Colombia es cuestión del pasado. La fórmula que ha elegido para actualizarlo es que se diga que en el país hay una “compleja situación”. Este es el término que viene estudiando la Cancillería en su intención de modificar el acuerdo mediante el cual llegó al país la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 1994. Así quedó plasmado en un borrador en el que se condensan los principales puntos que quiere que la Oficina cambie y el cual trazaría el futuro de esta representación diplomática en el país.

El viernes 2 de agosto vence el plazo para presentarle a la oficina encabezada por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, sus propuestas para modificar el texto que hasta ahora ha servido para que en Colombia exista el apoyo y acompañamiento de la organización. Durante sus 25 años de permanencia en el país no se había planteado un cambio tan extremo como el que hoy estudia hacer la Cancillería a un organismo clave para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. El Espectador conoció el borrador en el que se plantean más de 20 reformas que tendrían que ser negociadas antes del 31 de octubre.

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Según el documento, los cambios parten de la necesidad de actualizar términos que parecieran obsoletos. Por ejemplo, el hecho de que el acuerdo hablara del “establecimiento” de esta Oficina de la ONU cuando, después de 25 años, es una realidad. La propuesta es modificar su redacción para que diga que se trata de un acuerdo relativo al funcionamiento de la representación de las Naciones Unidas en Colombia. Otro cambio sería aclarar que en el país ya hay más de una oficina, una en Cali y otra en Medellín, y que el número de funcionarios es 12 y no seis.

Hasta ahí, las modificaciones son de forma. Pero la verdadera polémica se desata con las propuestas que cambiarían de fondo el acuerdo. La primera es eliminar del texto cualquier mención a la existencia de un “conflicto armado interno”. Según el concepto del gobierno Duque, el término funcionaba bien en 1996, pero hoy ya no sería una realidad admisible para el Ejecutivo. La modificación estaría encaminada a hablar con un “lenguaje neutral” que aluda en forma genérica a la “compleja situación colombiana”. Una propuesta que no sorprende. Desde que Duque presentó su Política de Seguridad y Defensa se supo de las similitudes que tenía con su mentor, el expresidente Álvaro Uribe.

Una de ellas es que ninguno incluyó en sus planes reconocer el conflicto armado interno, término que no aparece ni una vez en sus documentos respectivos y cuya consecuencia sería imposibilitar la búsqueda de una salida negociada a la guerra. Además, la propuesta de la Cancillería sería añadirle nuevas funciones a la Oficina, más allá de observar las violaciones a los derechos humanos. El Gobierno considera que hay un prejuzgamiento por parte del organismo que hoy dirige el italiano Alberto Brunori en Colombia, con implicaciones negativas, y que esto tiene que cambiar. Para éste, las circunstancias ya no son las mismas y la Oficina debería resaltar los logros y buenas prácticas del Ejecutivo.

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Otro punto crucial del documento, conocido por este diario, es el que apunta a modificar el protocolo mediante el cual la Oficina del Alto Comisionado nombra al director de su delegación en Colombia. El cambio apuntaría a establecer una obligación a la misión diplomática de verificar previamente que la persona que se propone acreditar tenga el beneplácito del país. Si bien la Cancillería señala que esto es lo que siempre ocurre, lo que se busca es que ese requisito quede plasmado en el acuerdo. Así las cosas, el Alto Comisionado tendría que asegurarse de que la persona de su elección tenga el asentimiento del Gobierno y este, si decide rechazarlo, no estaría obligado a expresar por qué.

Fuentes consultadas por El Espectador contaron detalles de la difícil relación que ha tenido Brunori con el gobierno Duque. “La Oficina del Alto Comisionado ha hecho de todo para que la relación con el Ejecutivo fluya y siga con la asesoría técnica que le brinda desde hace años, y pueda permanecer en Colombia. Pero, frente a lo que se avecina, (Alberto) Brunori ya ha tenido que hacer unos cambios internos y se están preparando, porque lo cierto es que la Cancillería insiste en que la Oficina ya no se necesita”, relató una fuente. Los roces se han hecho evidentes en por los menos dos episodios recientes. Uno de ellos ocurrió en mayo pasado, cuando se realizó una visita de alto nivel de seis agencias de Naciones Unidas.

Molestia y extrañeza causó el hecho de que el canciller, Carlos Holmes Trujillo, no recibiera a la delegación de 30 personas y que en su lugar asistió Marcela Ordóñez, jefa de cooperación de la Cancillería, quien criticó lo que considera un “trabajo desarticulado de las agencias del sistema” y les habló del retiro de varios de sus programas del país, entre ellos el de ONU Mujeres. La Cancillería, por su parte, explicó que “los diplomáticos fueron recibidos por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía. Durante las reuniones se discutió sobre la implementación en Colombia de la reforma promovida por el secretario general de la ONU”. Tras el encuentro, las Naciones Unidas aclararon que, durante la visita, no se habló del retiro de ninguna agencia.

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El otro choque entre la Oficina y el Gobierno ocurrió poco antes de que el presidente Duque objetara la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Brunori señaló entonces que la construcción de una paz estable y duradera dependía de la “urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto”, declaración que fue considerada por el Ejecutivo una “falta de respeto”. El hecho explicaría otra de las modificaciones propuestas al acuerdo, pues el Gobierno quiere que se deje explícito que los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia de la ONU sean aplicables, especialmente en las relaciones entre la Oficina y el Ejecutivo.

Respecto de las declaraciones públicas que hace el alto comisionado, el Gobierno también pretende fijar límites. La propuesta habla de “racionalizar” las actividades de la Oficina en el campo de difusión, partiendo del argumento de que la experiencia de su presencia en el país ha generado “incomodidad” en el Gobierno. No se trata, aclara la Cancillería en su borrador, de ejercer algún tipo de censura, pero sí de garantizar el manejo responsable y prudente de las fuentes de información que maneja la Oficina. “Las conversaciones que se tengan eventualmente con Naciones Unidas estarán bajo el espíritu de cooperación que caracteriza la relación de Colombia y esta organización”, le explicó la Cancillería a este diario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que “hasta el momento no ha realizado planteamiento alguno a la Oficina de la Alta Comisionada sobre su mandato. El Gobierno mantiene con la ONU una relación de colaboración, respeto y cooperación permanente”. Se espera que antes del 2 de agosto, presente a Michelle Bachelet el documento oficial con los cambios sugeridos, para entrar a negociar dichas modificaciones, o de otro modo se entenderá que el Acuerdo se prorroga tal como está. En todo caso, en la oficina de Brunori, y la propia Bachelet, se están preparando “para el golpe”, como lo describió una voz cercana al alto comisionado en Colombia.

Esta es la respuesta de la Cancillería* 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Comunicado a la Opinión Pública

En relación con un artículo titulado “El Giro que quiere Duque en su relación con la Oficina de DD.HH. de la ONU”, publicado en el diario El Espectador en el día de hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite hacer las siguientes precisiones:

1.            El artículo menciona un “borrador del documento que prepara el Gobierno para limitar la tarea de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia”. Sobre este particular, se informa que no existe ningún documento oficial que cuente con la autorización del Ministro de Relaciones Exteriores.

2.            En la eventualidad de que se decida, conjuntamente, realizar conversaciones sobre el mandato de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, estas se celebrarán en la oportunidad que se acuerde y dentro del espíritu de colaboración y cooperación que distingue la relación de Colombia con el Sistema de las Naciones Unidas.

3.            Al igual que con los restantes organismos y agencias de las Naciones Unidas que tienen presencia en Colombia, el Gobierno mantiene una relación cordial con la Oficina del Alto Comisionado, basada en el respeto y colaboración mutuos.  Valoramos la asistencia y cooperación que la Oficina viene brindando al país en materia de derechos humanos a la luz del Acuerdo de 1996.

Bogotá, 21 de julio de 2019 

*Respuesta dada tras la publicación del artículo