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El pasado miércoles, durante el debate de aprobación de una ley que busca conceder beneficios de reducción de penas a personas actualmente detenidas, en libertad condicional o provisional, o en detención domiciliaria, con la finalidad de reducir el hacinamiento carcelario, se puso en evidencia la encrucijada que afrontará el Senado de la República por cuenta de las investigaciones que hoy corren en contra de legisladores o de familiares cercanos: 22 congresistas tuvieron que declararse impedidos para participar en la discusión.
Una situación que evidencia el cerrado margen que tendrá el Gobierno a la hora de buscar la aprobación de ambiciosas reformas, como por ejemplo la del reequilibrio de poderes, que incluye puntos que tienen que ver con cambios sustanciales en la manera de impartir justicia. Veintidós parlamentarios están impedidos para mantener debates sobre temas penales porque están siendo investigados por delitos ante la Corte Suprema de Justicia, otros porque son herederos de la parapolítica y están quienes prefieren manifestar su impedimento debido a una u otra acusación, sabiendo que ello les puede dar para procesos ante el Consejo de Estado que podrían terminar en la perdida de la investidura.
En la lista hay de todo, como en botica. En primer lugar, queda en evidencia que en el Senado se mantienen vigentes los herederos de la parapolítica, que son los que declararon impedimentos porque su padre, madre o hermanos han sido condenados o son investigados por haber tenido nexos con grupos de autodefensa. Es el caso de la senadora de Opción Ciudadana Teresita García, quien dejó por escrito constancia de que tiene “familiares en primer grado de consanguinidad que podrían beneficiarse” con la reducción de penas. Se refería a sus hermanos Juan José y Álvaro, el primero condenado por desvío de auxilios parlamentarios y el segundo por la masacre de Macayepo.
En el Partido de la U, Andrés García Zuccardi manifestó que “en mi familia se adelanta un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia”. Él es hijo de la exsenadora Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica, y su papá es Juan José García, precisamente el hermano de Teresita. En la misma línea están la liberal Arleth Casado, esposa del condenado Juan Manuel López Cabrales; los conservadores Nadia Blel, hija del condenado Vicente Blel, y Olga Suárez Mira, hermana del condenado Óscar Suárez Mira. Yen el Centro Democrático se declaró impedido Alfredo Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, hoy detenido e investigado por vínculos con ilegales.
Por cierto, el expresidente Álvaro Uribe —líder del Centro Democrático— dejó por escrito que se encuentra “sobreimpedido” (ver facsímil) por los procesos que se adelantan en su contra ante la Comisión de Acusación, ante la Corte Suprema de Justicia y los que tiene su hermano Santiago ante la Fiscalía. Su ‘pupilo’ José Obdulio Gaviria se inhibió también de participar en el debate por una razón muy particular: “Por obrar contra mí investigaciones previas”. Según dijo, la Fiscalía le ha hecho evidente su enemistad.
La senadora Thania Vega, también uribista, esgrimió el proceso que se adelanta contra su esposo el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado por la retoma del Palacio de Justicia (ver facsímil). En la lista aparecen Honorio Miguel Pinedo, sobrino de Miguel Pinedo, también condenado por parapolítica; José Alfredo Gnecco, hijo del exgobernador del Cesar Lucas Gnecco, condenado a 24 años de cárcel por la suscripción irregular de millonarios contratos y por constreñimiento al elector, y Julio Miguel Guerra, hijo del investigado gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena.
Pero además de los ‘herederos’ hay un grueso número de parlamentarios que ‘por curarse en salud’ manifestaron su impedimento, porque actualmente tienen investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Álvaro Ashton, Manuel Guillermo Mora, Antonio Guerra, Bernardo Ñoño Elías, Germán Varón Cotrino, Juan Carlos Restrepo y Bernabé Celis.
Un caso curioso es el del senador liberal Horacio Serpa. Ante la duda surgida en pleno debate, manifestó su impedimento porque en su contra se han presentado varias denuncias por sus actuaciones cuando fue gobernador de Santander y por el señalamiento que le hizo alias Rasguño en el magnicidio de Álvaro Gómez. Aunque no tiene ninguna investigación preliminar, prefirió caminar con pies de plomo (ver facsímil). Y como él, hay varios que aunque no tienen claro su impedimento, prefieren presentarlo para evitar dolores de cabeza.
Mejor dicho, lo que quedó claro el viernes pasado en la discusión del proyecto de ley número 82 de 2013 Senado —cuyos autores son los conservadores Juan Manuel Corzo, Roberto Gerlein, Hernán Andrade y Eduardo Enríquez Maya— es que en el Capitolio se están tomando en serio aquel dicho que ha hecho carrera en el país político y judicial: que en Colombia no se le niega una demanda a nadie. Y bien es sabido que una denuncia, por muy sencilla o sin fundamentos que sea, obliga a la contratación de abogados, a costos muy elevados.
El Espectador conoció que el tema ha sido motivo de debate en las reuniones entre la Unidad Nacional y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En la coalición de Gobierno saben que para el segundo mandato del presidente Santos las mayorías no son aplastantes y al tratarse de la aprobación de un acto legislativo, hay que asegurar más de 50 votos en Plenaria. Pero con tanto impedimento, se estaría caminando por la cuerda floja en iniciativas que aborden asuntos de carácter judicial.
En el caso del reequilibrio de poderes, se ha hablado de un ‘supertribunal de aforados’, donde serían procesados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los jueces naturales de los parlamentarios. Ese también es el motivo por el cual en el contenido de la reforma no se incluyó, al menos por ahora, la doble instancia de juzgamiento para senadores y representantes a la Cámara. Lo del tribunal era manejable a la hora de los impedimentos, pero la forma como se llevan los procesos contra los congresistas obligaría a más de uno a apartarse del debate.
Las cuentas son claras. La Unidad Nacional cuenta hoy con 64 senadores, en ocasiones reciben el apoyo de los cinco de Opción Ciudadana y la Alianza Verde, que también son otros cinco, pero es un respaldo condicionado. El Partido Conservador ha demostrado que ya no comparte incondicionalmente la agenda del Gobierno y el Polo Democrático y el uribismo están en la oposición. Encima, los parlamentarios no suelen ir en su totalidad al Capitolio. Así las cosas, con que solo 15 senadores declaren impedimentos, sería un tremendo dolor de cabeza para el Gobierno.
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@Felipeprensa