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Lograr unidad y consenso político para sacar adelante reformas al sistema de justicia transicional definido en los Acuerdos de Paz con las hoy desmovilizadas Farc se ve, al menos por ahora, como una tarea complicada para el presidente Iván Duque. Y lo es por las diferencias extremas que persisten entre el Centro Democrático, partido del primer mandatario, y las fuerzas que apoyaron y ayudaron a sacar adelante lo pactado en La Habana. Mientras el primero sigue empeñado en hacer cambios sustanciales al documento suscrito entre el Estado y la exguerrilla, los segundos se mantienen inamovibles en su postura de no permitir que se les meta mano a asuntos esenciales de los compromisos adquiridos.
Duque se reunió ayer en la mañana con los jefes del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe; de Colombia Justa Libres, del MIRA, de la Alianza Social Independiente (ASI), de los partidos Liberal, de la U y Conservador, incluyendo al también expresidente Andrés Pastrana, y en la tarde, con Cambio Radical y su jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La oposición, ficha clave si de pactos políticos en torno a la paz se trata, no fue tenida en cuenta. De hecho, el ahora partido FARC le pidió una cita al jefe de Estado para abordar no solo las reformas a implementar, sino también la situación del recapturado por la Fiscalía Jesús Santrich, algo que considera es un “desconocimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.
Lo cierto es que es tal la urgencia del Gobierno por concretar ese “gran pacto nacional”, que la posibilidad de decretar la conmoción interior está sobre la mesa. Se trata de un mecanismo constitucional al que se acude en caso de grave perturbación del orden público o inestabilidad institucional. Al menos así se lo confirmó a El Espectador el senador Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa-Libres: “En el caso de que ya no haya eco en la Corte Constitucional sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, de que la JEP no resuelva a favor la apelación en la no extradición a Santrich, o que no se logre el consenso con los partidos, es decir, terminadas todas las instancias, le toca echar mano de eso. Tiene que preservar el bien de los colombianos”, enfatizó.
Según Rodríguez, la primera opción que tiene el presidente Duque es lograr el acuerdo nacional. “Le dijimos que hablara con todos los partidos, incluyendo la oposición, y dijo que está dispuesto a revisar el tema. Para nosotros, otra opción es el referendo. Colombia Justa-Libres no está de acuerdo con una constituyente, porque se le va todo el mandato tratando de nombrar a los delegados. El referendo es más expedito, permite ser más específico. Sería sobre el tema de reforma a la justicia. La constituyente está descartada”, señaló.
Guillermo Rivera, exministro del gobierno Santos, contó anoche en su cuenta de Twitter que algunos de los asistentes a la reunión de Duque con los partidos de su coalición, menos la U, revelaron que el jefe de Estado les manifestó que “si no se lograba un acuerdo político, se procedería a decretar la conmoción interior”, y agregó: “Parece que el acuerdo imposible es la excusa para la conmoción interior y hacer trizas la paz”. Un rumor que no es nuevo y que se escucha desde la semana pasada, cuando la JEP decidió cobijar a Santrich con la no extradición y se dio la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Pero un rumor tajantemente desmentido por el Gobierno, a través de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “Una de las cosas importantes de este momento crítico de Colombia es la irresponsabilidad de quienes salen a hacer afirmaciones sin fundamento. El gobierno Duque descarta la conmoción interior con ocasión de la renuncia del fiscal (…) hoy es el momento de unir a Colombia contra el narcotráfico y por el desarrollo, porque somos más colombianos que nunca”, dijo. Otros legisladores consultados por este diario, y que estuvieron ayer en la reunión con Duque, negaron también que el primer mandatario haya hablado del tema.
En lo que tiene que ver con el desarrollo de los encuentros, hay que decir que el uribismo fue de frente. Tras la cita, el expresidente Uribe enumeró las modificaciones que plantean: habló de la necesidad de reformar lo referente a la extradición, porque esta se trata de un “acuerdo de confianza entre países”. También insistió en los cambios en lo que tiene que ver con las sanciones para los responsables de delitos sexuales en contra de menores de edad y en la conexidad del delito político con el narcotráfico, proyectos que ya caminan en el Congreso.
Y puso sobre la mesa, una vez más, la creación de una sala especial dentro del sistema de justicia transicional para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en ocasión del conflicto o, en su defecto, analizar la posibilidad de contar con magistrados adicionales en la JEP y que los juzgados cuenten con beneficios como la reclusión en una instalación militar. “Además, insistimos en el proyecto que reduce a cinco años o a una quinta parte la pena privativa de la libertad por aquellos delitos ocurridos antes del 1° de diciembre de 2016”, expresó Uribe. El Centro Democrático cree además que una propuesta conciliadora es que, mientras cumplen sanciones simbólicas, en cuanto a la restricción de vivienda y movilidad, los responsables de delitos atroces no puedan ocupar una curul en el Legislativo.
El meollo del asunto es que los partidos Liberal y de la U no les jalan a cambios que puedan significar el riesgo de hacer trizas lo pactado. Y eso se lo dejó claro a Duque el también expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien le recalcó que una discusión sobre eventuales modificaciones al Acuerdo de Paz solo se puede hacer con la participación de todas las fuerzas políticas del país, incluida la oposición y, en todo caso, respetando los fallos de los tribunales judiciales, sin lecturas de crisis institucional o de choque de trenes. “Nuestro compromiso con el Acuerdo de Paz es indeclinable”, enfatizó.
Por su parte, Aurelio Iragorri, director de la U, se refirió a cuatro temas que se le plantearon a Duque en aras del fortalecimiento de la institucionalidad, la protección a líderes sociales, la implementación del Acuerdo de Paz e incluso la escogencia del nuevo fiscal general. “El Gobierno debe acabar con todo rumor de constituyente y ser claro ante el país en que es respetuoso de la soberanía de poderes y de la preeminencia de la Constitución y la ley”, señaló. Y aunque insistió en que un consenso nacional es posible si se incluye a la oposición, los líderes sociales y los jóvenes, aprovechó para lanzar sus pullas: “El equipo de Gobierno no solo ha desconocido cosas que avanzaron, que venían andando bien, sino que ha terminado muchas que hoy le hacen falta al país. El presidente no puede seguir escupiendo para arriba, así no se construye país. Colombia no es un partido político y la nación no se maneja investido por un partido”.
Hablando de constituyentes, la idea sigue dando vueltas en las cabezas de algunos uribistas. “Se necesita una reforma a la justicia, una reforma política, y yo veo muy difícil que eso salga si no es con una constituyente. Han fracasado varias reformas y yo confío en que esto puede ser a través de otros mecanismos y no del Congreso”, dijo, por ejemplo, Ernesto Macías, presidente del Senado. Sin embargo, el senador Carlos Guevara, del MIRA, indicó que esa es una opción descartada por el jefe de Estado: “Señaló que no era partidario de la constituyente. Y en lo de la conmoción no profundizó. Dijo que era un instrumento constitucional”.
Sobre el Partido Conservador, la postura es cerrar filas en torno al primer mandatario y a su liderazgo para impulsar reformas que, en su concepto, le cierren la puerta a la impunidad. En cuanto a Cambio Radical, Vargas Lleras se limitó a decir en un trino que la reunión fue “útil y constructiva”. Al final, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, aseguró que si bien no se ha llegado a ningún acuerdo con los partidos, hubo avances en torno a tres temas concretos: el narcotráfico y cómo hacerle frente, cerrar la puerta a la impunidad y mantener la extradición. Y habló de un “buen ánimo” en la búsqueda de consensos, primero con las colectividades afines al Gobierno e independientes, y luego tanteando lo que piensa la oposición.