'El país no debe creer en conspiraciones'

“¿Es cierto que el (actual) director de Inteligencia fue el enlace del Ejército con el excomisionado Luis Carlos Restrepo?”. R/ “Efectivamente… pero de ahí no se puede inferir una causalidad directa con esta situación”. / Fotos: Gustavo Torrijos

Empiezo por formularle la misma pregunta que hizo la revista Semana: “¿Por qué la Central de Inteligencia Militar (Cime) tenía archivos con listas de correos de funcionarios  de la oficina del comisionado de paz, periodistas nacionales, extranjeros y diplomáticos?

Cuando tuvimos conocimiento de la existencia de ese archivo por la revista, se inició una auditoría interna con la cual aspiramos a responder su pregunta, empezando por determinar si la lista de correos fue creada por personal de la Cime. La labor de Inteligencia Militar tiene objetivos muy claros relacionados con la seguridad nacional y con la lucha antisubversiva. No es política del Ejército la de hacer seguimientos de ese tipo ni la de seleccionar personajes de la vida nacional relacionadas, por razón de sus profesiones o cargos, con el proceso de paz. Personalmente no tengo  ninguna hipótesis sobre cuál podría ser el objetivo legítimo de elaborar una lista de esa clase.

Lo cierto es que tanto con la sala Andrómeda como con el hacker y, ahora, con estos archivos, se han filtrado datos del proceso ¿Cómo explicarlo?

En el caso Andrómeda, la verificación que hizo el inspector del Ejército del momento, general Maldonado, no arrojó evidencias de que hubiera habido interceptaciones ilegales. La Fiscalía, por su parte, asumió la investigación penal y dictó cuatro órdenes de captura contra dos cabos del Ejército, un patrullero de la Policía y un funcionario del DNI (Dirección Nacional de Inteligencia, de carácter civil). En el caso del hacker también hay una investigación de alto nivel ordenada por el ministerio de Defensa. No hay conclusiones pero se podría decir que es posible que en el entorno de los hacker, es decir, de operarios, haya habido alguna actividad y todavía no se sabe si hay responsabilidades en niveles más altos.  Y en el caso de las bases de datos, de su sola existencia no se puede inferir que había interceptaciones.

En esta noticia hay dos visiones, una la del Ejército y otra la de la Fiscalía: esta parece estar segura de que esas listas estaban en poder de Inteligencia Militar. Usted lo pone en duda ¿Por qué?

Porque no estamos seguros de si los computadores de la Cime tuvieron esa información. Los equipos que se han revisado no contienen registros sobre las listas pero la investigación no ha concluido. Estamos contactando a los funcionarios del año 2012 (cuando se crearon los archivos) y a los de 2013 para tratar de determinar con ellos si conocieron tales datos.

Ayúdeme, por favor, a entender cuál  podría ser el objeto de Inteligencia si recolectaba direcciones electrónicas tan significativas.

Este tipo de listas existen en infinidad de oficinas del Estado y privadas. De hecho, son necesarias para las comunicaciones de una institución como el Ejército. Lo que no tiene explicación es por qué y para qué se podrían haber levantado y actualizado en una oficina de Inteligencia Militar. Eso es lo que debemos aclarar.  En todo caso, también hay que esclarecer si de una lista de correos, que de por sí, no constituye un delito, se pudo haber pasado a acciones no permitidas por la ley.

Según se reveló existen direcciones de embajadores y miembros de la Cruz Roja Internacional. Eso pondría en líos diplomáticos a Colombia ¿Se excusará el Ejército con las delegaciones extranjeras?

Lo primero es adelantar las investigaciones necesarias. De acuerdo a los resultados, el Ejército tomará todas las acciones que correspondan. No puedo adelantarme y espero que se entienda que la importancia y delicadeza del tema nos obliga a actuar con la mayor cautela, y también con la mayor firmeza. Si estas revelaciones causan efectos negativos en el ámbito internacional, algunas de las medidas, sin duda, apuntarán a remediar esa afectación.

Semana relaciona la fecha de creación del archivo de correos electrónicos, con la del inicio del proceso de paz (octubre de 2012) ¿Es coincidencia?

Se adelantan pruebas de polígrafo con diferentes personas de la Central.  El Ejército necesita develar la verdad y se la comunicará al país. El inicio del proceso de paz fue una decisión política del señor presidente de la República que fue conocida y acatada por las Fuerzas Armadas y, obviamente, por el Ejército Nacional. Nuestro papel durante esa negociación es y ha sido el que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas nos ha dado y que el país conoce: continuar sin desmayo en la defensa de la población. En este sentido, la Inteligencia tiene una labor que cumplir la cual no incluye, de ninguna manera, seguimientos a funcionarios relacionados con ese proceso.

Con todo respeto, tanta filtración e interceptaciones a los negociadores del gobierno en la Habana, ponen en duda la lealtad de al menos una parte de los militares, con su jefe constitucional, el Presidente de la República ¿Las Fuerzas Armadas están divididas por el proceso?

Le insisto: las investigaciones están en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Esperemos sus resultados.  Pero ante todo, para mí es muy importante insistirle al país en que no debe creer en conspiraciones ni en insinuaciones de traición al gobierno. Nosotros, los militares, que hemos luchado arduamente contra la guerrilla y contra las bandas paramilitares y criminales, somos los más deseosos de que exista paz y de que no haya más violencia en Colombia. La lealtad de las Fuerzas Armadas con el presidente y con el proceso de paz no está en duda.

¿Cómo creer, simultáneamente, en la lealtad militar y en que se filtran datos reservados de las conversaciones en la Habana?

El apoyo del Ejército al proceso de paz se prueba, claramente, con nuestro trabajo: el hecho de que la salida de 30 terroristas a la Habana haya ocurrido sin ningún incidente, es una prueba concreta y contundente. Al mismo tiempo, nosotros seguimos defendiendo a los colombianos, impidiendo ataques aleves de la guerrilla, dándoles golpes contundentes a sus frentes, tal como nos lo ha ordenado el presidente. Si uno quiere preguntarse por nuestra lealtad, es ahí en donde debe juzgarse. No en consejas y rumores.

El director del CTI de la Fiscalía dijo públicamente que el Ejército no permitió que se realizara la inspección judicial. Ustedes rechazan esa versión. Sin embargo, el incidente ocurrió.

La diligencia sí se adelantó y su desarrollo se encuentra descrito en un documento oficial de la Fiscalía. No hubo obstrucción a la diligencia. Sucedió que parte de la información que solicitaron los miembros del CTI, o sea, la base de datos publicados, la bitácora del Inspector del Ejército y la investigación disciplinaria interna que se está adelantando, no estaba en el Comando del Ejército, sitio adonde llegaron, sino en el Cime que queda al norte de la ciudad. Entonces se acordó que esos informes se entregarían el martes próximo. Tal vez hubo vacíos en la versión que le suministraron al director del CTI.

El general Mauricio Forero ha sido el director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército en el periodo en que han ocurrido los escándalos mencionados. Hace un par de semanas ustedes lo enviaron a vacaciones y hoy está prácticamente fuera ¿Cuánta responsabilidad se le atribuye a él?

Una de las medidas que se toman en este tipo de investigaciones, es apartar temporalmente al funcionario del caso, en esta oportunidad, en uso de sus vacaciones, para que quienes vayan a adelantar las labores técnicas lo hagan con toda libertad. Eso no significa que el general Forero esté siendo señalado de antemano. Pero sí, que hemos tomado muy en serio este proceso.

¿Es cierto que el director de Inteligencia, general Forero, fue el enlace del Ejército con la oficina de Luis Carlos Restrepo, Comisionado de paz durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe?

Efectivamente, el general Forero colaboró con las gestiones que en aquel momento adelantaba el Comisionado de Paz. Pero por ese hecho no se puede inferir una causalidad directa con la situación que estamos investigando hoy. Corresponderá a las autoridades disciplinarias y judiciales indagar al respecto.

Imposible no pensar en que existe continuidad en la filtración de material de Inteligencia militar, concretamente al expresidente Uribe, sobre el proceso de la Habana: la información exacta sobre las coordenadas del sitio en donde en que se realizaba un operativo de salida de guerrilleros hacia Cuba; la filtración del dato del segundo operativo con el viaje a esa isla, de alias Romaña y otros; los datos obtenidos por el hacker y filtrados por este a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, etc. Estas fugas deben provenir, en sentido lógico, del grupo de Forero ¿Comparte mi apreciación?

No puedo hacer esas conexiones tan graves. Es cierto que la suma de esas revelaciones ha dado lugar a la decisión urgente de emprender investigaciones de fondo. De cualquier manera, recuerde que en cada uno de esos casos se barajaron hipótesis de todo tipo. Algunas de ellas, incluso, temerarias.  Le reitero que, si como producto de esas investigaciones es necesario tomar decisiones radicales, por dolorosas que sean, se tomarán.

¿Por qué nunca se supo quién fue el responsable de la filtración sobre las coordenadas del primer caso, al expresidente Uribe, como se prometió?

Nuestras indagaciones demostraron que esa información pudo pasar por un número múltiple de intermediarios y no fue posible encontrar una línea de distribución de la información que fuera lo suficientemente clara como para acusar a alguna de las fuentes. Era evidente que se corría un enorme riesgo de hacerle daño a la institución si, por dar un resultado apresurado, se acusaba o castigaba toda la cadena de información. Esto no significa que el Ejército esté en una actitud de ocultamiento o de defensa de cuerpo. No desconocemos que puede haber personas en la institución que hayan delinquido o que estén inmersas en comportamientos reprochables. Por el bien del Ejército, continuamos buscando la verdad y apoyamos las investigaciones de los organismos de control.

¿Será necesario un remezón en la estructura y personal de Inteligencia y Contrainteligencia no solo del Ejército sino de todas las fuerzas y aún, de la recién creada Agencia Central de Inteligencia?

Permítame aclarar un asunto fundamental: con estas revelaciones se tiende a pensar que la Inteligencia Militar es de por sí una acción reprochable y no lo es. Muy por el contrario, es necesaria y presta servicios muy importantes a la acción del Ejército. Baste recordar que las operaciones exitosas que el país recuerda y que llevaron a dar de baja a Alfonso Cano, al Mono Jojoy, los rescates de secuestrados y la desarticulación de innumerables ataques de las Farc se han debido, en gran medida, al éxito de la Inteligencia Militar. Esta investigación debe servir para depurar la Inteligencia pero no para desmantelarla o para debilitarla. Por esta razón hemos tomado la decisión de separar las labores de Inteligencia, de las de Contrainteligencia, dos tareas clave que seguirán existiendo, pero por separado.

¿Cómo impedir que sigan ocurriendo este tipo de incidentes? ¿Con reformas?

Si las tareas de Inteligencia militar han de ser llevadas a cabo de una u otra forma, es una discusión que debe ser liderada por el Presidente y adelantada en las instituciones correspondientes. A nosotros como Ejército nos corresponde mantener nuestra labor, combatir las amenazas que se ciernen contra la ciudadanía y seguir las órdenes del jefe de Estado. Quisiera añadir que valoramos enormemente el sacrificio de nuestros soldados integrantes de esta arma.

Nadie duda de la necesidad de las labores de inteligencia estatal en cualquier país. El problema se presenta cuando sus miembros actúan en dirección contraria  a la del jefe de Estado o tienen agenda propia.

Como digo, no se deben estigmatizar las labores de Inteligencia. Y también hay que repetir que no es política del Ejercito actuar al margen de la ley. Puede que haya algunas personas que se salgan de las normas. Hay que particularizar las responsabilidades. Para eso son las investigaciones.

Las molestias del CTI con el Ejército

La revelación, la semana pasada, de un listado de centenares de direcciones electrónicas de personajes del país que estaría en archivos de Inteligencia del Ejército sin razón legal alguna, puso de nuevo en el ojo del huracán a los militares, y en duda su lealtad al presidente de la República. Más allá de si los organismos de seguridad actúan por fuera de las leyes cuando de espiar se trata, lo que agrava la situación es que en todos los escándalos recientes en que están involucradas las fuerzas del Estado sobre presuntas ‘chuzadas’, interceptaciones y filtración de datos reservados al principal enemigo político de Juan Manuel Santos, está el proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc en Cuba. Como si fuera poco, cuando la Fiscalía intentó realizar una inspección judicial a instalaciones del Ejército, según declaraciones del director del CTI, los mandos que recibieron a los investigadores les negaron el acceso a la información con el argumento de que estaba en otro sitio y de que, quien los guardaba, el general Guillermo Suárez, se encontraba en exámenes médicos. En la Fiscalía también hubo molestia por la manera de vestir de los uniformados que atendieron al CTI: en traje camuflado que se usa cuando se van a usar las armas y a entrar en combate.

“No hemos tenido garantías jurídicas”

El fortalecimiento del fuero militar, aún en contravía de las advertencias de Naciones Unidas, pareciera indicar: 1. que las Fuerzas Armadas no quieren que nadie por fuera de las propias filas, las investigue, y 2. que no creen en el proceso de paz porque el fuero tiene mayor utilidad en situaciones de guerra ¿Cierto?

No. Ninguna de esas dos opciones es real. Es necesario ver que, en el contexto en que se ha desarrollado este conflicto, las Fuerzas Militares no han tenido garantías jurídicas porque no han podido actuar en el marco del Derecho Humanitario que es lo que corresponde a la naturaleza, al carácter y la conducción de este tipo de guerras asimétricas.

El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, dijo en su más reciente columna que la interpretación que el proyecto de ampliación del fuero militar le da al Derecho Humanitario es contrario a lo que ordena el Protocolo I: en vez de ser permisivo es prohibitivo.

Las Fuerzas Militares aplican los principios del Derecho Humanitario en forma rigurosa y lo conocen desde hace años, cuando se incrementó la cultura de derechos humanos en las filas. Esa advertencia que usted menciona, le encaja a las Farc que nunca han suscrito esos convenios ni respetado a la población civil.