Que el presidente elija fiscal general

El representante a la Cámara Jaime Buenahora. / Archivo particular

Fue en plena campaña presidencial de 2010 que el entonces candidato Juan Manuel Santos propuso que el presidente de la República, como directo responsable de la política criminal del Estado, fuera quien designara al fiscal general de la Nación.

Una idea que incluso ya habían ventilado en algún momento el expresidente Álvaro Uribe y Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, dentro de la crisis que vivió el ente acusador entre 2009 y 2011, cuando estuvo en interinidad por casi año y medio porque la Corte Suprema de Justicia no aceptaba las ternas enviadas por el gobierno Uribe.

Ahora, el representante a la Cámara Jaime Buenahora, acaba de radicar un acto legislativo con el fin de reformar el método de elección y postulación del fiscal general, que consta de dos artículos, en los que se establece que ya no será el jefe de Estado quien presente la terna a la Corte Suprema —tal y como está establecido hoy en día— sino que sería el presidente quien lo escogería de una terna compuesta por candidatos de cada una de las altas cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado).

Además, quien sea escogido como fiscal general no podrá ser reelegido en el cargo. Según el congresista, esta propuesta “pretende evitar episodios como el ocurrido durante el último tramo del gobierno Uribe, cuando hubo que cambiar tres veces la terna porque la Corte Suprema no veía garantía en los aspirantes propuestos”. Finalmente, al término del gobierno Uribe y con la llegada de Santos al poder, la terna fue cambiada y se eligió a Viviane Morales.

“La idea central del presente proyecto es garantizar la autonomía en el ejercicio de sus funciones, así como la agilidad en la elección del fiscal general. También, se pretende avanzar en el equilibrio de poderes que tanto necesita la democracia colombiana”, explicó Buenahora, representante de los colombianos en el exterior. Según él, su proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional y de las altas cortes. Por ser una reforma constitucional, tendría que cursar ocho debates en el Congreso de la República.