Un fuerte pulso se ha iniciado por el trámite del proyecto de acto legislativo denominado marco legal para la paz, que le daría al presidente Juan Manuel Santos la posibilidad de entregar beneficios jurídicos a miembros de organizaciones fuera de la ley que dejen las armas.
Las principales críticas contra la iniciativa las encabeza el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta en Twitter afirmó: “El marco para la paz vuelve elegibles a cargos y corporaciones a los cabecillas de las Farc, enorme daño a la democracia”.
Desde la otra orilla política, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, por medio de una misiva dijo que “este proyecto de acto legislativo, en su versión más reciente, permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares”. Además, advierte, el artículo que plantea la búsqueda del procesamiento penal únicamente para los “máximos responsables” de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, extendería un manto de impunidad sobre otros partícipes.
El senador Roy Barreras, coautor de la iniciativa, defendió la intención de la misma y advirtió que los cabecillas de las Farc que estén involucrados en crímenes de lesa humanidad no tendrán acceso al Congreso ni a otro cargo de elección popular. Agregó que “se va a juzgar en favor de las víctimas a los autores de los crímenes más graves y más atroces. No habrá, en ningún caso, impunidad”.
Este jueves, la iniciativa para la reforma constitucional será debatida en la plenaria de la Cámara de Representantes, y aunque los críticos han expuesto en términos radicales su negativa a apoyarla, la propuesta ya cuenta con los votos suficientes para superar el sexto debate.