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Cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se dijo que la implementación de lo pactado iba a ser tan difícil como lo fue convenir los términos del fin de la guerra. Y esta semana ha sido la prueba de ello. Durante los últimos días se ha visto un fuerte pulso entre el Gobierno y las Farc, en el que ambos se acusan de incumplir lo firmado. De un lado, la guerrilla ha denunciado que las zonas veredales no están listas para recibir a los más de 7.000 combatientes, mientras los voceros del Ejecutivo sostienen que la insurgencia no ha cumplido con la salida de los menores de edad de los campamentos. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)
En el cruce de acusaciones, cada cual esgrimió sus argumentos. El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, hizo un balance de las obras en cada zona donde se concentrarán los guerrilleros. Y el balance es agridulce: tan sólo en dos zonas de las 26, la construcción de las áreas comunes alcanza un 95 %, mientras en otras los contratistas ni siquiera han empezado la adecuación del terreno. Con un agravante: según lo acordado, la guerrilla debe ingresar a las zonas en cuatro días.
Al respecto, la guerrilla sostiene que no existen las condiciones mínimas de logística y dignidad para concentrarse, mientras el Gobierno se mantiene en que el plazo de ingreso se cumple el 31 de enero. Pero, al margen de esta diferencia, ha surgido otro tema que amplía las distancias entre Gobierno y Farc: la salida de los menores de edad de las filas guerrilleras.
La polémica la desató el mismo comisionado de Paz, quien desde hace unos días viene alertando de que las Farc han incumplido este compromiso. Incluso, el propio presidente Juan Manuel Santos ha respaldado el reclamo de Jaramillo al advertir: “Hay que decirles a los señores de las Farc que todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya, como acordamos el año pasado”.
El reclamo ha estado acompañado por voces como la del presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien amenazó con que, de no darse la salida de los niños de las filas insurgentes, el Legislativo tendrá que suspender el trámite de las leyes de implementación. Y la bola de nieve creció a tal punto que el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, ha acompañado al Gobierno en esta batalla. A través de un trino, Uribe expresó: “Que los niños secuestrados se hubieran vuelto mayores en las Farc no elimina el delito de lesa humanidad”.
En su defensa, las Farc han dicho que los protocolos de salida de los menores no estaban claros y que aún no había condiciones para que fueran tratados a través del proceso de restablecimiento de derechos, no bajo el enfoque de responsabilidad penal adolescente. Incluso, el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, trinó: “¿Por qué no se pronuncian sobre trato carcelario por parte de instituciones del Gobierno a los 13 menores que ya salieron?”.
Por su parte, el comandante guerrillero Pastor Alape, delegado ante el Consejo Nacional de Reincorporación, precisó que en sus filas hay 23 menores de edad. Sin embargo, la Fiscalía no confía en esa cifra y sostiene que sus investigaciones han registrado un número mayor de menores de edad reclutados por las Farc.
Aun así, al finalizar la tarde de ayer se llegó a un acuerdo al respecto y en un comunicado público del Consejo Nacional de Reintegración se divulgó que, una vez las Farc ingresen a las zonas veredales, se procederá a la salida de los menores de edad y que estos tendrán una ruta enfocada en el restablecimiento de derechos, que será coordinada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, encabezada por Paula Gaviria.
De igual forma, se acordaron diez lugares transitorios a donde los menores llegarán para evaluar su estado de salud y condición psicológica. “Ya tenemos todo el paquete organizado. Lo que falta es que entren las Farc a las zonas y nos provean de información precisa por cada región, cuántos menores son, y con esa información comenzamos la tarea”, explicó Sergio Jaramillo.
Con este acuerdo, el tema de los menores queda resuelto de momento, pero es claro que el debate en torno al cumplimiento del Acuerdo de Paz está por empezar. Y, como lo han venido diciendo el Gobierno y las Farc, se necesita un pacto nacional de cara a la implementación, pues son muchos los asuntos que aún están por definirse sobre cuál será el camino que conduzca a Colombia a la reconciliación.