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La reforma de equilibrio de poderes, aprobada el miércoles en sexto debate en la plenaria del Senado, más allá de las buenas intenciones de despolitizar y eliminar los vicios de la Rama Judicial que la tienen en crisis y de borrar de un plumazo de la Constitución la reelección del presidente de la República —principal factor de desajuste del Estado— ha tenido contundentes críticas, porque con el articulado se estaría realizando un intercambio de beneficios que no solucionan los problemas de fondo.
Un análisis del articulado deja en evidencia que, como en el juego de la perinola, todos ganan. Por ejemplo, en lo referente a los funcionarios aforados, el más beneficiado será el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hoy tiene funciones ministeriales, y maneja un presupuesto billonario en infraestructura y vivienda, pero su juzgamiento no será como el de un miembro de gabinete, sino igual al del presidente —que también sale favorecido—, pues serán investigados por el Congreso, casi del mismo modo que lo hacía la inoperante Comisión de Acusación, que después de 25 años no ha dado ningún resultado.
El jefe de Estado, además del aforamiento especial, será el único encargado de ternar al procurador general, porque la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, con la reforma, ya no pueden postular. Eso, teniendo en cuenta la oposición del actual jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, resulta conveniente para cualquier mandatario, pues será el único encargado de presentar a los opcionados para este cargo. Y es claro que el Senado, que dicta la última palabra, es fácilmente influenciable desde el Ejecutivo.
En materia de aforamiento, tema que hasta hoy en Colombia se ha catalogado como sinónimo de impunidad, también hay ganadores. La Comisión de Aforados había sido planteada para investigar al fiscal general y los magistrados de las altas cortes, pero se dio un giro y resultaron incluidos en esta lista el contralor general, el defensor del Pueblo y el procurador general.
Las inhabilidades también tienen triunfadores. El principal es el fiscal Eduardo Montealegre, quien, en gran medida gracias a los buenos oficios de su lobista en el Congreso, Olga Claros, logró que no se le impusiera una inhabilidad para litigar tras dejar el cargo, como sí sucedió con los magistrados de las altas cortes, que al salir de sus cargos no podrán llevar casos ante el tribunal en el que se desempeñaban por un período de cinco años.
El vicepresidente, en este caso Germán Vargas Lleras, tendrá libre su camino para suceder al presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. La reforma le impone la obligación de renunciar un año antes para ser candidato y no cuatro como se pretendía, lo que, dicen los críticos, lo deja en ventaja electoral frente a cualquier aspirante. El mismo Vargas Lleras se declaró satisfecho con la decisión.
Por otro lado, los congresistas aseguran haber logrado que los magistrados no se mantuvieran en impunidad, pero al imponer estas funciones a la Comisión de Aforados, no tendrán más el temor de que cualquier decisión en contra de éstos les pueda implicar la apertura de investigación penal en la Corte Suprema de Justicia o de pérdida de investidura en el Consejo de Estado.
Uno de los grandes triunfos del Gobierno es que por fin logrará eliminar el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, y viene con ñapa: hasta el momento el Ejecutivo, más allá de la asignación presupuestal anual, no tenía ningún tipo de influencia en las decisiones de la justicia. Ahora la naciente Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará integrada por el Consejo de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Dirección de la Magistratura, y el Gobierno tendrá también su asiento.
El Consejo de Gobierno Judicial, encargado de decidir las políticas de la Rama Judicial y postular las listas y ternas de candidatos a altos cargos, tendrá entre sus integrantes al ministro de Justicia, quien por primera vez ocupará un asiento en una instancia como esta. No obstante, la reforma deja claro que “El ministro no podrá participar en la postulación de funcionarios judiciales”.
Hasta los derrotados en las elecciones recibirán un estímulo. La reforma dispone que “el candidato que le siga en votos a quien sea elegido en los cargos de presidente y vicepresidente, gobernador de departamento y alcalde distrital, tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental y Concejo, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación”.
En síntesis, una reforma que sí le pone freno a la politización de la justicia eliminando las funciones nominadoras y electorales de las altas cortes en el nombramiento de altos funcionarios. También corta de tajo uno de los vicios más complejos en la Rama Judicial, conocido como el “yo te elijo, tú me eliges”, con el que los magistrados pasaban de una corte a otra, reclamando su elección como contraprestación a un respaldo pasado. No obstante, no se puede negar que en el equilibrio de poderes todos ganan y no es una salida de fondo a los problemas que presenta la estructura del Estado.
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