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Para el Gobierno se trata de un acto de prevención, pues hay que contar por anticipado con un mecanismo legal que les permita a los colombianos refrendar los eventuales acuerdos que se alcancen con las Farc en La Habana (Cuba). Para esa guerrilla es una “iniciativa unilateral” que “no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral”. Lo cierto es que el proyecto de referendo —aprobado ayer en último debate en la plenaria del Senado— se ha convertido en un punto de choque entre las partes en la mesa de diálogos y está claro que le espera todavía un duro camino para ser realidad, pues además de la obligatoria revisión de la Corte Constitucional, ya se anuncian demandas en su contra.
De hecho, ante la Corte Suprema de Justicia se acaba de radicar un documento en el que se exponen algunos hechos supuestamente irregulares en el trámite de la iniciativa, buscando que el alto tribunal evalúe si hubo o no conductas punitivas. La denuncia va contra los congresistas que participaron en su aprobación durante su paso por el Senado y la Cámara de Representantes, y fue interpuesta por Ricardo Cifuentes, director de la Corporación Foro Ciudadano, y Eduardo Padilla, presidente de la Red Nacional de Veedurías.
En el escrito piden que indague sobre qué familiares de legisladores han sido nombrados últimamente por el Gobierno en cargos públicos y que se requiera al Gobierno para que señale la lista de municipios o entidades que se han beneficiado con “cupos indicadores”. En este sentido, los denunciantes sugieren que se cite a declarar a los periodistas, congresistas y particulares que en su momento —en notas de prensa, debates o columnas y blogs de opinión— hicieron denuncias sobre el supuesto “reparto de la mermelada” por parte del Gobierno, a cambio de votar positivamente el proyecto.
El documento anexa intervenciones como las de los senadores Juan Lozano, Juan Carlos Vélez, Carlos Baena y Luis Carlos Avellaneda, en el mismo Congreso, al igual que algunas entrevistas radiales hechas al expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Francisco Santos. También un comunicado de Timochenko, máximo comandante de las Farc, en el que advierte que lo que busca el presidente Santos con el referendo es tener “facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a poner en vigencia los acuerdos firmados en La Habana” y “desechar cualquier otra fórmula de refrendación, como lo es la asamblea constituyente propuesta por las Farc” (ver recuadro).
En esencia, la tesis de la demanda y de los críticos es la misma: que el objetivo del gobierno Santos al intentar unificar las elecciones de 2014 con el llamado referendo por la paz es “sacar provecho personal y electoral”, y que existiría un “conflicto de intereses”, pues se trata de una modificación a las reglas electorales y los congresistas no pueden legislar en causa propia. Asimismo, en criterio del senador Juan Lozano, no habría garantías para que el ejercicio del voto se haga libre de presión armada, pues en el momento de la cita en las urnas las Farc aún no estarán desmovilizadas.
Cuestionamientos que, uno a uno, han sido debatidos por el Gobierno a través del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Mández. Por ejemplo, sobre el “pecado” de que coincidan referendo y elecciones, recordó que existen antecedentes como el del llamado ‘mandato por la paz’, hecho que abrió la puerta a la Constitución de 1991, donde 10 millones de colombianos votaron y coincidió con una elección. Y sobre el supuesto favorecimiento reeleccionista, Gómez Méndez cree que no es un hecho demostrado “porque nadie puede saber si será favorable o desfavorable”.
Y sobre el asunto de que se dé un proselitismo armado, enfatizó: “No son nuevas las elecciones en plena confrontación. El proselitismo armado está prohibido con proceso de paz o sin él. El Gobierno no va a tolerar que se someta a los colombianos a coacción de ninguna naturaleza. Por si se acuerdan, los miembros de la Constituyente del 91 se estaban eligiendo el mismo día en que se estaba bombardeando Casa Verde”.
Según el proyecto aprobado con 59 votos a favor y 5 en contra, anoche en el Senado, los actos electorales pueden coincidir con referendos y el día de los comicios, los jurados deben ofrecer el tarjetón y el elector tendrá la libertad de no recibirlo. Además, habrá publicidad del eventual acuerdo que se alcance en La Habana, espacio en los medios de comunicación públicos para hacer propaganda y financiación de las campañas por el no, mas no para quienes quieran promover la abstención.
En este último punto hubo diferencias con el texto aprobado en la Cámara, por lo que se tendrá que dar una conciliación. Para el presidente del Congreso, senador Juan Fernando Cristo, con la aprobación del referendo se les envía un mensaje a las Farc “para que entiendan que este es el momento para encontrar una salida negociada al conflicto. No demoren más las conversaciones, pisemos el acelerador. Un proceso de paz no puede durar indefinidamente, porque el desgaste es enorme, y no se puede someter al gobierno del presidente Santos de tener que tomar una decisión entre de si levanta o no la mesa. La inmensa mayoría de los colombianos creemos en la paz”.
Las Farc y su constituyente
Para la guerrilla, una asamblea constituyente es el mejor mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos de paz que se alcancen en Cuba. “Un referendo no alcanza a responder a las complejidades de semejante cometido”, dijo recientemente ‘Iván Márquez’, el jefe del equipo negociador de las Farc, quien reconoce que “existe un evidente desencuentro entre el Gobierno y las Farc (...). Para el Gobierno ese mecanismo es el referendo que nosotros consideramos técnicamente improcedente y las Farc proponen que se convoque al constituyente primario, al poder de una asamblea nacional constituyente”. Para la guerrilla, sólo así se rodeará “de legitimidad y seguridad jurídica el acuerdo que se pacte en La Habana”.