Actualmente el Consejo de Estado investiga si el representante a la Cámara, Luciano Grisales Londoño, autorizó el pago del salario de una de las asesoras que hace parte de su Unidad de Trabajo Legislativo, mientras viajó en seis oportunidades al exterior entre 2014 y 2015.
Se trata de Liliana Patricia Valencia Franco, quien se posesionó el 22 de julio de 2014 como asesora grado 1 del congresista quindiano del Partido Liberal. Según reportes de la oficina de extranjería –presentado en la demanda–, la funcionaria aparece con salidas a varios países, cuando debería haber estado laborando en la Cámara de Representantes.
El demandante, Juan Carlos Arango, dijo que el representante habría firmado la certificación exigida regularmente para que la tesorería del consignara los valores correspondientes a la nómina de la señora Valencia, por lo que posiblemente cometió varios delitos tipificados en el ordenamiento legal colombiano.
En desarrollo del proceso, hace varios días la Procuraduría solicitó al Consejo de Estado que se mantenga la investidura como congresista al representante a la Cámara del Quindío.
En la diligencia judicial el procurador delegado Isnardo Jaimes solicitó desestimar la pretensiones del demandante de pérdida de investidura ya que las pruebas no configuran la causal de uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, el Ministerio Público pidió que se investigue disciplinariamente al congresista.
El demandante, en consecuencia, anunció que recusará al delegado del ministerio público y pedirá cambio de procurador.
Cuestionó que en la primera audiencia adelantada el procurador delegado “se la jugara” por la absolución, cuando apenas el congresista estaba entregando sus descargos iniciales en desarrollo del proceso.
“Hubiera entendido esta petición si el fallo estuviese cerca, por eso estaré vigilante. Quiero ejercer el derecho a que se cumpla el debido proceso, por eso pidió que el concepto sea sometido a revisión”, explicó.
El denunciante defiende el proceso comparándolo con el caso de Luis Alfonso Hoyos, quien perdió su investidura por decisión del Consejo de Estado en 1995. De acuerdo al fallo, Hoyos autorizó el pago de la nómina de una de sus asistentes (Martha Cecilia Muñoz Giraldo), mientras ella se encontraba en el exterior.
Cuando fue radicada la demanda, el congresista se defendió y dijo que "es claro que en temporada electoral suele salir este tipo de información, que hace parte de las campañas sucias, muy usadas en esta región".