El tono del debate sube. A siete días de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales en el país, que configurarán un nuevo mapa del poder político en lo local y lo regional, son protagonistas las acusaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo por supuesta participación indebida en la campaña; advertencias sobre riesgos en materia de compra y trasteo de votos, orden público, financiación ilegal o gastos desbordados; encuestas controvertidas; inscripciones de cédulas anuladas, e informes sobre candidatos cuestionados por presuntos nexos con grupos criminales o con sanciones judiciales y disciplinarias a cuestas.
En paralelo camina un enconado debate entre Gobierno y oposición —léase uribismo—, que tiene como telón de fondo el proceso de paz con las Farc en La Habana (Cuba), con tintes judiciales e inminentes efectos electorales. Los partidos hacen sus cálculos sabiendo que estos comicios son los cimientos de las campañas presidencial y al Congreso en 2018. Y la gran prueba de fuego la tiene la Unidad Nacional, la coalición que acompaña al presidente Juan Manuel Santos y que integran los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical. Tras cinco años de mandato en alianza, las grietas comienzan a aflorar.
De hecho, el deseo que en algún momento expresaron las tres colectividades de ir en unidad por la mayoría de alcaldías y gobernaciones en el país resultó ser un imposible. Lo que se ve hoy es la arremetida de liberales y la U contra Cambio Radical, con carta incluida al primer mandatario, en la que sugieren que la entrega de obras y el compromiso presupuestal para infraestructura que viene haciendo el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, tiene un trasfondo en favor de los candidatos del partido del que es considerado su jefe natural. Y ni qué decir de la andanada de Horacio Serpa, codirector del liberalismo, contra Enrique Peñalosa, la carta de Cambio Radical en Bogotá.
Estas elecciones medirán también qué tanto oxígeno tiene el Centro Democrático del exmandatario y hoy senador Álvaro Uribe. Si bien perdió el año pasado las presidenciales y tiene una bancada que es insuficiente en el Legislativo frente a la aplanadora de la Unidad Nacional, su voz sigue siendo influyente ante la opinión pública nacional. La decisión de la Fiscalía de pedir que se investigue a Uribe cuando fue gobernador de Antioquia por la masacre de El Aro y la ratificación del Tribunal de Medellín para que se indague además sobre su presunta responsabilidad en la operación Orión y la proliferación del paramilitarismo —en plena coyuntura electoral— alimentan el debate y la polémica.
“Ahora me hacen responsable de delitos y desapariciones a ocho días de elecciones”, respondió Uribe. Una riposta cargada de tigre contra el presidente Santos, después de que éste calificara como normal que “cuando alguien ha tenido poder o está en la oposición, y es investigado por cualquier tema, se victimice a sí mismo y se declare perseguido por la justicia”. Uribe respondió en su cuenta de Twitter: “Santos es el único de mi gobierno que debería estar en la cárcel, porque fue a proponer tumbar el gobierno y refundar Colombia”. Recordaba así épocas de la administración de Ernesto Samper, cuando en la crisis del Proceso 8.000 el hoy jefe de Estado se reunió con las autodefensas y la guerrilla buscando un pacto de paz que implicaba la salida del entonces presidente.
Otros que van a medir el oxígeno que les queda son precisamente los expresidentes, algunos de los cuales mantienen importantes cuotas de poder en el Ejecutivo. Por algo César Gaviria y Andrés Pastrana —además de Uribe— andan acompañando candidatos de sus partidos por todo el país. Y está también el Polo Democrático, que en el reciente pasado se quedó con la joya de la corona, Bogotá, y que hoy sigue dando la pelea por la continuidad en medio de recientes divisiones internas, como cuando Clara López sumó su apoyo a la reelección de Santos en contra del sentir general del partido, y la desbandada de los Progresistas.
Ya se ha dicho que las elecciones locales y regionales marcan el punto de partida para las presidenciales. De ahí la expectativa por saber cómo quedarán las fuerzas políticas en aquellas zonas que cargan el mayor peso electoral: los siete departamentos de la región Caribe, Antioquia, Valle del Cauca y, por supuesto, Bogotá. Igualmente se van a medir poderes en las zonas de frontera, que hoy son cruciales en términos de la geopolítica internacional, aún sintiéndose los estragos en Cúcuta y Norte de Santander por el cierre decretado por el gobierno venezolano.
Pero, sin duda, la configuración de ese nuevo mapa político debe pensarse en la perspectiva de la paz. El Gobierno ha dicho que los nuevos mandatarios serán los del posconflicto y serán los encargados de afianzar y ejecutar las estrategias para la construcción de una paz “estable y duradera”, que en muchas partes incluirá la llegada de desmovilizados de las Farc. Un reto gigantesco que obliga hoy más que nunca a que los colombianos entiendan el valor de su voto y la incidencia que este tiene para el país en los actuales momentos.
Antioquia
El escenario político en Antioquia no se puede desligar del expresidente Álvaro Uribe, quien tiene en la región su principal fortín. Ya para la Alcaldía de Medellín logró posicionar al exsenador Juan Carlos Vélez, que encabeza las encuestas. Detrás de él están Alonso Salazar, Federico Gutiérrez y Gabriel Jaime Rico. Aunque son candidatos reconocidos, han fragmentado el voto de opinión, lo que le podría dar el triunfo al uribismo.
Para la Gobernación, si bien ha sido duramente criticado por su gestión como exalcalde de Medellín, el que se perfila como ganador es el candidato de la coalición entre el liberalismo, Cambio Radical y la U: Luis Pérez.
No obstante, el uribismo podría dar la sorpresa con el exdiputado Andrés Guerra, quien no figuraba bien en la encuestas, pero con el reciente respaldo del exmandatario ha repuntado y se encuentra de segundo en la intención de voto.
Con este panorama, el gran derrotado sería el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cuya corriente política tenía como candidatos a Federico Gutiérrez a la Alcaldía y Federico Restrepo a la Gobernación, y los dos están lejos de ser elegidos.
El pulso en Cundinamarca
Las elecciones en Cundinamarca enfrentan a la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, que tiene el apoyo del Partido Conservador y el uribismo, contra Jorge Rey, que cuenta con el respaldo de Cambio Radical y la U. En el departamento, los liberales están divididos.
A primera vista parece una competencia desigual: Gutiérrez es conocida nacionalmente y ha compartido tarima con apoyos de la talla de la excandidata a la Presidencia Marta Lucía Ramírez y el exmandatario Álvaro Uribe.
Rey, por su parte, es casi desconocido en la órbita nacional y su apoyo está en las bases de líderes comunales. Esta diferencia no se ha visto en las encuestas, donde hay un cabeza a cabeza.
Lo cierto es que los bloques políticos que apoyan a cada candidato hacen de Cundinamarca el departamento en el que más claramente se ve el enfrentamiento entre la Unidad Nacional y la oposición.
El uribismo, sin fuerza en el Eje Cafetero
Aunque se trata de una región que políticamente ha sido vista como fortín uribista, en el Eje Cafetero la Unidad Nacional y las candidaturas independientes han dado grandes sorpresas durante esta campaña electoral. En Caldas, por ejemplo, la coalición santista, representada por la candidatura a la Gobernación de Guido Echeverri, le ha dado una buena pelea al conservador Carlos Uriel Naranjo, de la línea de Óscar Iván Zuluaga y respaldado por el Centro Democrático, que en comicios pasados mostró fortaleza en el departamento.
En el Quindío, el uribismo no tiene candidato propio, aunque se dice que respalda al padre Carlos Eduardo Osorio. La Unidad Nacional, también, sin ungido para competir, se ve dividida, mientras que Cambio Radical pareciera ganar fuerza con la candidatura de Sandra Milena Gómez, vista como la carta de la actual gobernadora, Sandra Paola Hurtado, aliada del vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Los Llanos
Aunque se esperaba un buen resultado del uribismo en la región por el apoyo que obtuvo su candidato Óscar Iván Zuluaga en la pasada contienda presidencial, en realidad, los candidatos a la Alcaldía de Villavicencio, Yénifer Arias, y a la Gobernación del Meta, Hernán Gómez, no van bien.
En el Meta parece que se va a imponer la continuidad. Marcela Amaya, quien es vista como la ficha del actual mandatario, Alan Jara, es quien más opciones tiene de dirigir el departamento. De igual forma ocurre para la Alcaldía de Villavicencio, donde el actual mandatario, Juan Guillermo Zuluaga, tiene en su carta, Fernando Rivera, el más posible ganador de las elecciones. Le sigue Wílmar Barbosa, quien no ha despegado en las encuestas.
No obstante, aún no hay nada dicho. En la Gobernación también están pujando con fuerza el esposo de la senadora Maritza Martínez, Luis Carlos Torres y la ficha de Cambio Radical, Darío Vázquez, y puede darse una sorpresa. Los dos ya fueron gobernadores y tienen una importante fuerza electoral.
Las apuestas en zonas de conflicto
En los departamentos del suroccidente colombiano, las elecciones del 25 de octubre serán especialmente determinantes si se tiene en cuenta que se trata de una de las regiones más impactadas por el conflicto armado y, por tanto, crucial en un posible escenario de posconflicto, de lograrse un acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc en Cuba.
Las apuestas son variadas, las coaliciones no tan claras y la presencia de la Unidad Nacional del presidente Santos –necesaria para que cale el discurso de la paz– no es tan fuerte. En Cauca, por ejemplo, la disputa para ocupar la Gobernación está entre cinco candidatos de diferentes sectores: un excomandante de las Fuerzas Militares, un empresario de la salud y tres exfuncionarios del departamento.
Entretanto, en Nariño, también con cinco aspirantes al máximo cargo del departamento, la sorpresa ha sido la candidatura de Camilo Romero, avalado por los verdes, que ha cogido fuerza en los últimos meses, dándolse la pelea a los indecisos y el voto en blanco, que siguen marcando altos índices en la intención de voto.
La variedad de candidatos también es clara en departamentos como el Valle del Cauca, donde a pesar de existir siete aspirantes a la Gobernación, la campaña política se ha centrado en los cuestionamientos alrededor de la candidatura de Dilian Francisca Toro, respaldada por el Partido de la U, contra quien cursa una investigación en la Fiscalía por presunto lavado de activos.