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Tal y como lo había dicho durante la campaña electoral, el presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que entre las reformas que presentará al Congreso de la República, una vez reanude sesiones el próximo 20 de julio, estará la que elimina la figura de la reelección y amplía el período del primer mandatario a cinco o seis años. Un asunto que venía dando vueltas desde hace un buen tiempo en las altas esferas del Estado, quizá desde el mismo momento en que el presidente Álvaro Uribe, durante su primer mandato, lograra modificar la Constitución —con el famoso “articulito”— para permitir la reelección inmediata, lo que generó un desbalance en el equilibrio de poderes del Estado que, a la luz de los entendidos, se hace necesario subsanar.
Más recientemente, fue el mismo presidente Santos quien en abril de 2013 —en una cumbre de municipios realizada en Cartagena— habló de la posibilidad de buscar la continuidad de su gobierno, pero sólo por dos años, es decir, hasta 2016, incluyendo la extensión del período de alcaldes y gobernadores en la misma medida. “Apoyo la prolongación del período a seis años para alcaldes. Pero en el caso del presidente, estaría dispuesto a que si yo me llego a presentar a la reelección, que el nuevo período sea sólo de dos años y a partir de ese momento de seis, sin reelección. O sea, si me presento yo a la reelección que sea sólo por dos años y de allí en adelante seis para todos. Hay que ver las implicaciones constitucionales y conveniencias”, dijo.
Una propuesta que reiteró en febrero pasado, en el mismo escenario del congreso nacional de autoridades locales, y que fue vista por sus opositores como de “oportunismo político”. De cualquier manera, aunque se trata por ahora de sólo un proyecto en construcción, la idea plantea más preguntas que respuestas, pues no está claro cuándo empezaría a regir y si realmente cobijaría a Santos, que acaba de ser reelegido para cuatro años más. Lo cierto es que hoy el consenso general es que un presidente que está en ejercicio y que se quiera reelegir tiene todo el poder y daña todos los escenarios de pesos y contrapesos. Una realidad que acaba de padecer en carne propia el uribismo, que en el pasado fue el gran beneficiado, y que lo tiene ahora hablando de lo que antes lo acusaban: violación de Ley de Garantías, compra de apoyos y hasta abuso de poder.
Lo que se ve es que el presidente Santos quiere madrugarle a su nuevo mandato y que tan pronto comience ese segundo período, serán radicados en el Congreso proyectos de reformas fundamentales prometidas en campaña: por ejemplo, una laboral para reglamentar el pago de horas extras y dominicales, otra que reviva la reforma a la salud que se cayó hace dos semanas por falta de tiempo para debatirla y el proyecto de ley que les devuelve a los departamentos el manejo de las regalías. El objetivo, dicen en la Casa de Nariño, apunta a acelerar el trámite de proyectos claves que le servirían para reafirmar la imagen que quiso proyectar durante la campaña de un mandatario que gobierna para la gente, así como para oxigenar su mandato mientras se consolidan avances alrededor de su principal carta: la paz.
Para ello es necesario conformar una aplanadora legislativa que, además de sumar fuerzas de la izquierda y sectores independientes, mantenga como aliados a los conservadores. Sin descartar la opción del apoyo del uribismo en ciertas iniciativas. “Todos los colombianos, no importa que sean de derecha o de izquierda, se pueden sumar a este propósito de la paz. Si el Centro Democrático quiere sumarse, bienvenidos sean. No quiere decir esto que necesariamente entren a formar parte del Gobierno”, expresó también ayer el mandatario. De hecho, ya el Partido Conservador comenzó a tender puentes y el presidente de su directorio nacional, Ómar Yepes Alzate, habló de “colaborar con independencia crítica”.
Eso sí, en el grueso del Partido Liberal y de Cambio Radical la idea es que se reduzca la cuota de los azules en el Gobierno, sin sacarlos de la coalición oficialista, a manera de “castigo” por haberse ido de la candidatura reeleccionista. Y es que las principales figuras del liberalismo que no se reeligieron en el Congreso ya se erigen como cartas viables a ocupar carteras fundamentales en el próximo mandato santista. Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera suenan para un eventual ministerio de víctimas o reconciliación, aunque también ronda la versión de que a Cristo se le encargaría la Cancillería o el Ministerio del Interior. Y Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, heredaría el agradecimiento que generó en la campaña el papel de su padre como jefe de debate y se alzaría con el Ministerio de Comercio Exterior.
Ese mismo agradecimiento se tiene con la exdirectora del Sena Gina Parody, quien iría para la cartera de Educación. Un cargo para el que también sonó Clara López, la excandidata presidencial del Polo Democrático, que ya desestimó la opción y que, según distintos analistas, es una aspirante seria a suceder a Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Precisamente, Guillermo Jaramillo, principal alfil del petrismo, ya suena para la cartera de Salud, aunque, en declaraciones a Blu Radio, dijo que estaba muy lejos de compartir el modelo de salud de Santos, sin descartar formar parte de un “gobierno de reconciliación nacional” que surja tras la firma de eventuales acuerdos de paz con las guerrillas.
La idea de que sectores de izquierda lleguen a la Unidad Nacional ha cobrado fuerza luego de su protagonismo en la coalición electoral que reeligió a Santos. Sin embargo, como explica el senador Cristo, “lo más probable es que el Polo, los verdes y los mismos progresistas se mantengan en una oposición crítica. Pero estoy seguro de que con ellos podremos discutir y conciliar aspectos fundamentales de reformas esenciales para el país en educación, salud, política y justicia. Ellos pueden ser unos aliados importantes sin que sean parte de la Unidad”.
Aunque está claro que con su coalición electoral Santos giró hacia la centro-izquierda, no lo está que esa vaya a ser una tendencia de gobierno. En la Unidad Nacional ya se empieza a cocinar un intento de diálogo con el candidato derrotado, Óscar Iván Zuluaga, para incorporar al Gobierno algunas de sus tesis y buscar que se suavicen las posiciones sobre la paz. Para ello será inevitable buscar el consenso nacional que comenzó a abrirse paso con la “coalición ciudadana por la paz”, que no necesariamente será de gobierno y que le entregó la reelección al presidente Santos.