Las encrucijadas de la reforma para la paz

El presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle. / Archivo

Tal y como lo han anunciado el Gobierno y la Unidad Nacional, esta semana será radicada en el Congreso de la República la llamada “reforma constitucional para la paz”, acto legislativo por medio del cual se buscará estructurar las bases jurídicas para implementar los acuerdos a los que se llegue con las Farc en las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba). Mucho se ha hablado sobre el contenido de la iniciativa, incluso se han filtrado borradores, pero lo cierto es que aún hay diferencias y sólo cuando sea presentada oficialmente se conocerán sus implicaciones.

Ha sido la guerrilla misma la que ha puesto objeciones al tema. En un reciente comunicado, el jefe de su delegación en Cuba, Iván Márquez, insistió en que no conocen el contenido del proyecto que ya está siendo socializado en el Congreso y que resulta “inconveniente” resolver de manera unilateral un asunto que aún no se aborda en la mesa de conversaciones, incluyendo la refrendación de los acuerdos. Esa postura, dicen en el Capitolio, llevaría a que por ahora no se incluya a miembros de las Farc en la “comisión legislativa especial” que se planea crear para que se encargue de elaborar las leyes y las reformas necesarias en la consolidación de la paz.

Lo claro es que no será una reforma con un articulado extenso ni complejo y que tendrá dos puntos centrales: el primero, las facultades extraordinarias para que el presidente Juan Manuel Santos pueda presentar decretos con fuerza de ley por 90 días y prorrogables por otros 90, por ejemplo, en materia de desarrollo agropecuario, lucha contra el narcotráfico e incluso participación en política de la guerrilla, una vez ésta haya entregado las armas y se haya desmovilizado. El segundo es, precisamente, la creación de la comisión legislativa especial.

El debate de fondo se centra en el cómo. Por ejemplo, hay varias tesis sobre las facultades extraordinarias que se otorgarían al jefe de Estado. El expresidente liberal César Gaviria ha hablado de una especie de “ley habilitante” que le permitiría a Santos actuar con plena libertad en asuntos de “justicia transicional, porque los no combatientes no están incluidos y porque los temas de máximos responsables son complicados en las Fuerzas Armadas”. Asimismo cree que se necesita avanzar en los temas de representación política y una norma legal para crear la comisión de la verdad. Mejor dicho, para Gaviria, el proceso de paz debe estar en manos del presidente de la República.

Sin embargo, otros sectores —no sólo de oposición sino también de la coalición de gobierno— consideran que esa decisión puede verse como dictatorial, pues de una u otra manera implicaría desplazar en parte de sus funciones al Poder Legislativo. Por eso, la reforma plantearía que una comisión en el Congreso se encargue de revisar los decretos ley expedidos al amparo de esas facultades extraordinarias, además del control constitucional. De esta manera se le daría legitimidad al proceso y, finalmente, sería un asunto de trámite, porque en temas de paz el Gobierno tiene aseguradas las mayorías.

Sobre la comisión legislativa especial también hay dudas y, aunque será el presidente Santos quien diga la última palabra, son varias las fórmulas que hoy se estudian. Se ha hablado de que sean 15 senadores y 15 representantes a la Cámara, de acuerdo con la representación que tengan los partidos en el Congreso. También se ha planteado que esté integrada por los miembros de las comisiones primeras de ambas corporaciones, lo que garantizaría la participación de todos los sectores políticos. Y no se descarta que a ella lleguen parlamentarios de las comisiones económicas o que se encargan de los temas agrarios.

Respecto a la eventual presencia de miembros de las Farc en la comisión, también hay diferentes puntos de vista. Ya se sabe que para el uribismo ello implica “otorgarle participación política al terrorismo”, mientras que hay congresistas que consideran que debe existir la posibilidad de que la guerrilla pueda participar con voz pero sin voto si ha entregado las armas y firmado el acuerdo de paz. Y, según conoció El Espectador, en el Gobierno hay quienes creen que se debe estudiar la opción de garantizarles su presencia en la comisión y, por la misma vía, con curules en el Legislativo.

Otros consideran que, para garantizar la voz de las Farc en el trámite de los proyectos que al fin y al cabo van a sentar los cimientos de la paz, lo más viable sería nombrar “proxis”, un término que hace referencia a no militantes de la guerrilla que se identifican en gran medida con sus planteamientos. Sin embargo, la preocupación es que pase algo similar a lo que ocurrió con la Unión Patriótica, varios de cuyos militantes fueron asesinados. De hecho, este fin de semana las Farc denunciaron “una estrategia de guerra sucia contra las organizaciones sociales, de derechos humanos y movimientos políticos de oposición y alternativos”.

Por ahora se le están dando las últimas pinceladas a la reforma. Sigue pendiente la refrendación, aunque lo que se dice en voz baja es que el Gobierno acogería la propuesta del Partido de la U de que se haga vía plebiscito y que tratará de convencer a las Farc de que la acepten, pues, como se ha dicho, debe haber consenso en La Habana al respecto. De cualquier manera, aquí y en Cuba saben que el tiempo corre y que la mejor manera de acabar con el escepticismo de la gente es mostrando resultados. Y a lo que se apunta es que la paz esté firmada, refrendada y afianzada jurídicamente hacia finales de 2016.