Enseñanzas de la encuesta de víctimas

Los resultados de la encuesta evidencian hacia dónde se debe dirigir el apoyo institucional a las víctimas. / Archivo

Las noticias asociadas a la guerra y la paz han desvanecido en el último semestre una transformación en la política de víctimas que encontró un punto de giro durante la semana que termina. Los resultados de la encuesta de Goce Efectivo de Derechos que aplicó el DANE sobre la población desplazada, publicados por este diario el pasado jueves, cierran un círculo de cambios en la aplicación de la Ley 1448 de 2011.

Y aunque algunos analistas afirman que falta mucha articulación entre la Unidad de Víctimas y las más de 20 entidades que tienen responsabilidad en la aplicación de la ley, el Ejecutivo ha decidido hacer profundas reformas a la norma. En julio pasado el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que estableció que las víctimas de desplazamiento serán sujetos de reparación administrativa una vez gocen de plenos derechos. Después, el 12 de diciembre, firmó otro en el que el Estado se compromete a superar el asistencialismo y lograr que las víctimas sean ciudadanos con plenos derechos a través de una “fiscalización” efectiva de las entidades involucradas en la política de víctimas y de los recursos de las ayudas de emergencia y humanitaria.

Los datos que arrojó la encuesta se complementan con el viraje que dio el Gobierno con esos decretos. Con la nueva información es posible que el Estado sea más preciso al focalizar los recursos en las necesidades que tienen las víctimas en salud, vivienda digna, seguridad alimentaria, generación de ingresos, educación, reunificación familiar, entre otros. Es decir, podrá identificar dónde están y quiénes son aquellas víctimas que pueden recibir la indemnización que quedó establecida en julio y quienes, antes de obtenerla, deben ser acompañados para que tengan condiciones de vida digna.

Hoy los avances en la superación de la miseria son claros, al tiempo que plantean retos. De acuerdo con el DANE, la pobreza extrema en los hogares víctimas de desplazamiento es de 33% y la pobreza general de 63%, mientras en 2010 eran del 74% y 94%, respectivamente; también, dice la encuesta, solo tres de cada cinco hogares están generando ingresos. Incluso, el 78% de los hogares encuestados afirmaron considerarse retornados o reubicados, lo que quiere decir que viven en el lugar donde piensan desarrollar su proyecto de vida.

En contraste, solo el 9% cuenta con cobertura integral y simultánea de los derechos a la alimentación, salud, vivienda, identificación, reunificación familiar, educación y generación de ingresos. Aún más, escasamente el 15% tiene asegurada la subsistencia mínima, que el Estado define como los derechos a alimentación, alojamiento y cobertura en salud garantizados en su conjunto.

A raíz de la encuesta, el Estado, especialmente la Unidad de Víctimas, tiene más certezas sobre dónde impactar en la atención de las víctimas, pero también, y es la más importante de las lecciones que deja el ejercicio del DANE, sabe que la entrega de recursos no implica necesariamente el acceso a derechos. El 80% de los encuestados recibió desembolsos del Estado tan pronto ocurrió el desplazamiento y el 43,4% ayuda de emergencia, que se otorga para garantizar las condiciones de subsistencia mínima. Es decir, saben en el Gobierno que el giro directo puede ser el factor de más incidencia en la reducción de las cifras de pobreza.

Si bien ese panorama en el que los derechos no están garantizados es alarmante y demanda gigantescos esfuerzos para abandonar el asistencialismo, hay otras cifras que, dicen en la Unidad de Víctimas, les van a permitir decirle a la justicia que reconsidere sus posiciones sobre la acción del Estado en la atención de las víctimas de desplazamiento. Específicamente, a la Corte Constitucional, que en 2004 declaró el incumplimiento de los deberes constitucionales frente al desplazamiento.

Según pudo establecer este diario, con las cifras sobre salud y educación en la mano, el Gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que levante el estado de cosas inconstitucional, por lo menos en estos dos aspectos: el 93,2% de las personas en situación de desplazamiento afirman que están afiliadas a alguno de los regímenes del sistema de salud y el 87,8% de los menores víctimas (entre 5 y 17 años) asiste a alguno de los niveles de educación preescolar, básica o media.

A la luz de estos resultados no es posible extraer conclusiones precisas sobre la puesta en marcha de la Ley de Víctimas, pues la mayoría de las encuestas fueron practicadas cuando todavía no habían pasado dos años de implementación de la ley. Lo que sí dejan claro es que el modelo más ambicioso de atención a víctimas de un conflicto armado, como lo calificó la Universidad de Harvard, si es que planea reparar a 5,8 millones de víctimas de desplazamiento, tendrá que contar con el esfuerzo de todo el aparato institucional y con concientizar a las víctimas de que no se puede vivir del Estado y que las heridas serán más fáciles de sanar cuando, más que una reparación, gocen de plenos derechos. Cuando sean, completamente, ciudadanos.

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@CamiloSeguraA