Entre clase política surgen defensores de líder indígena Feliciano Valencia

Archivo El Espectador

Dentro de la clase política colombiano surgieron defensores para Feliciano Valencia, tras la detención que se dio del líder indígena al ser sentenciado en fallo de segunda instancia a 18 años de prisión por los delitos de secuestro simple y lesiones personales. (Lea: Capturan al líder indígena Feliciano Valencia)

Ante su captura, el senador Iván Cepeda Castro dijo que “Valencia es una figura muy relevante de lo que ha sido la lucha por el territorio y el respeto de los pueblos indígenas”.

“Aparece en un proceso que es arbitrario e irrespetuoso con los principios constitucionales de la autonomía de los pueblos indígenas en su justicia. La decisión contra Valencia lesiona gravemente el liderazgo indígena en el Cauca y por eso ahora esperamos garantías en este caso”, manifestó.

A su turno, el representante Germán Bernardo Carlosama manifestó su solidaridad con el movimiento indígena de Colombia en particular al Consejo Regional indígena del Cauca- CRIC- por la detención de Feliciano Valencia.

“Fue privado de su libertad por el solo hecho de defender los derechos colectivos y fundamentales de la comunidad, su organización y su territorio”, aseguró.

Y agregó: “Estos hechos nos generan una gran preocupación a nuestro derecho propio en el marco de la Jurisdicción Especial indígena establecido como derecho fundamental de nuestros pueblos indígenas en Colombia de conformidad a la Constitución Política de Colombia de 1991”.

Por orden de la Sala Penal del Tribunal Superior del Cauca fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en Santander de Chilichao (Cauca) el líder indígena. En fallo de segunda instancia fue condenado por los delitos de secuestro simple agravado y lesiones personales.

Los hechos hacen referencia a la retención de un cabo tercero del Ejército en una Minga en el año 2008. Según las autoridades el militar fue retenido y maltratado por comunidades indígenas de Piendamó tras determinar que se había infiltrado en las manifestaciones que se llevaban a cabo en contra del Gobierno.

El cabo fue sometido a un castigo de 20 latigazos por lo que se consideró un agravio. El líder indígena habría sido el encargado de ordenar estas acciones en contra del cabo, quien una vez fue liberado por la comunidad presentó la denuncia ante sus superiores y las autoridades judiciales.