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Lo había advertido el procurador Alejandro Ordóñez: “Voy a actuar en el Congreso cuando se esté discutiendo la ley estatutaria que reglamenta el Marco Legal para la Paz”. Sin embargo, su anuncio se formalizó hace una semana, cuando le pidió a la Corte Constitucional dejar sin piso jurídico la columna vertebral de su articulado, y quedó en evidencia ayer cuando salió a criticar la participación del fiscal general Eduardo Montealegre en la marcha del 9 de abril y de paso lo conminó a que cumpla con su rol institucional y no interfiera en los diálogos de paz.
En otras palabras, ayer quedó claro que así como el proceso de La Habana cuenta con un aliado clave, el fiscal Montealegre, también tiene un incisivo crítico, el procurador Ordóñez. Dos pesos pesados del Estado situados en orillas distintas y en espera de un desenlace al que parecen faltarle anuncios oficiales. No obstante, en el camino hacia un acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc salta a la vista una pelea de fondo: cómo aplicar justicia en casos de delitos de lesa humanidad y cómo facilitar la participación en política de la guerrilla.
Si bien el fiscal Montealegre cree que el Marco por la Paz está correctamente direccionado y después de la bendición de la Corte Constitucional puede derivar en una ley estatutaria que facilite los acuerdos de paz en el tema coyuntural de la responsabilidad de la guerrilla ante la justicia, el procurador Ordóñez insistió ayer desde Washington en su tesis de que “no se puede admitir que los responsables de crímenes de les humanidad, de crímenes de guerra, de genocidios, de desplazamientos, no vayan a pagar un solo día de cárcel”.
Una confrontación jurídica que en el contexto político terminó por sacar de sus roles institucionales a los dos funcionarios para descalificarse en público por cuenta de sus discrepancias frente al proceso de paz. De un lado, el fiscal criticando al jefe del Ministerio Público por no participar en la marcha del 9 de abril y rendir ante la Corte un concepto, en su opinión “equivocado”. Del otro, el procurador pidiéndole al fiscal y al mismo Gobierno que antes que marchar le expliquen a la sociedad qué es lo que se negocia en Cuba.
“Yo estoy fuera del país, pero si estuviera, tampoco marcharía. Marchamos con Belisario Betancur pintando palomitas; luego con Andrés Pastrana. Todos los gobiernos han convocado a marchar y creo que entre marcha y marcha hay más crímenes de guerra, más delitos de lesa humanidad, más desplazamientos, más despojos”, resaltó Ordóñez. El fiscal, en cambio, encabezó la marcha en un sector de Bogotá, con la premisa de que por Constitución debe empeñarse a fondo por la paz.
El choque de criterios entre quienes orientan dos de los organismos responsables de la justicia en Colombia suscitó ayer mismo otra fuente de discusión en el plano político. El senador Juan Carlos Vélez, de la U, por ejemplo, aseveró que la razón le asiste al procurador Ordóñez y agregó que el fiscal Montealegre debería ser más neutral frente a un tema tan delicado como la aplicación de justicia en un proceso de paz. Vélez insistió en que la discusión tendrá en breve un árbitro ineludible: la Corte Constitucional, cuando falle sobre el Marco Legal para la Paz.
El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar manifestó que no le interesa terciar en favor de ninguno de los dos funcionarios, pero que su criterio es que la solución del conflicto armado tiene que pasar por una ley de justicia transicional, en la cual exista proporcionalidad entre la justicia y la paz. “Si esto no se entiende, no se puede comprender lo que es el Marco por la Paz. El número de sentencias y penas que se asignen no significan necesariamente justicia. Esa es justicia para época de paz y aquí estamos en guerra”.
El exviceministro de Defensa de la era Uribe y exnegociador con las Farc en la era Pastrana, Jorge Mario Eastman, observó que es bueno que el procurador y el fiscal pongan ahora sus cartas sobre la mesa y no más adelante. “Es natural que piensen distinto y eso no significa una crisis de Estado”, agregó el exfuncionario, quien sin embargo cree que no hay posibilidad de que los delitos de lesa humanidad por los cuales sean condenados los jefes guerrilleros no tengan una mínima pena, porque la obligación del Estado es con los tratados internacionales.
El exdiputado del Valle Sigifredo López, quien recordó que ayer se cumplieron 11 años del secuestro de él y sus compañeros de Asamblea, se limitó a decir que, más allá de una u otra postura, los únicos legitimados para perdonar son las víctimas y que ni el Gobierno ni nadie de los que negocien en La Habana puede perdonar por ellos. No obstante, en tono enérgico, López clamó: “Pido a los colombianos preparar sus corazones para perdonar, pero que por lo menos los verdugos pidan perdón por sus crímenes y que haya unos mínimos de verdad, justicia y reparación”.
Lo que por ahora queda claro es que mientras prosiguen los diálogos en La Habana, el ambiente nacional va a seguir creciendo en efervescencia política. A la distancia, será la Corte Constitucional la que deje en sus justos términos el Marco Legal por la Paz, dándole ocasión, a un Congreso que está terminando su período legal, de reglamentar cómo será la justicia para la guerrilla. Algunos dicen que debería ser similar a la Ley de Justicia y Paz que se aplicó a los paramilitares con ajustes. Otros, que un nuevo estatuto para rebeldes. Lo cierto es que la paz pasa por la vara de la justicia.