Entre verdad y justicia

La comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer explicaciones a las víctimas. / EFE

El acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre una comisión de la verdad tiene en los detalles de su redacción los asuntos ya resueltos en el proceso de paz y los puntos sobre los que aún no hay consenso. Y ambos aspectos tienen que ver con el tema que hace temblar la mesa de diálogos: el modelo de justicia que adoptará un eventual acuerdo para el fin del conflicto. Y en este caso, específicamente, se trata de las implicaciones judiciales de dicha comisión.

Para entender la tensión entre verdad y justicia es necesario remitirse al quinto párrafo del texto aprobado el pasado jueves: “La comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir. (...) en el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema”.

En esencia, este párrafo deja claro que lo de fondo consiste en entender que la verdad forma parte de un sistema integral más amplio, que incluye medidas judiciales y extrajudiciales. Sin embargo, allí también quedan plasmados los temas que están por definirse, especialmente los que tienen que ver con los otros mecanismos, judiciales y extrajudiciales. Uno de estos asuntos sin definir es la condicionalidad para que quienes contribuyan a la memoria histórica puedan acceder a un tratamiento judicial especial.

Pero el mecanismo judicial concretamente aún no está resuelto en la mesa de diálogos, y éste tendría que ver con sus funciones, las condiciones del tratamiento penal. En esta medida, el Ejecutivo busca encontrar una ruta de incentivos para quienes contribuyan al esclarecimiento de la verdad.

Ya en el capítulo de preocupaciones por lo acordado, el fantasma de las comisiones de la verdad, que funcionaron en el cono sur del continente -Argentina y Chile- despierta muchas prevenciones de parte y parte. Lo primero tiene que ver con el modelo de amnistía general, que para el Gobierno es inviable. Otro asunto espinoso es el acceso a archivos con reserva judicial. Una petición que las Farc han presentado con insistencia.

Para el Ejecutivo existen múltiples documentos que servirían como contribución al esclarecimiento de la verdad, y aunque los mecanismos de excepción a la reserva legal son complejos, existen distintas formas para desclasificarlos. Por ejemplo, la Desclasificación Administrativa Presidencial, una interpretación de la Ley de Inteligencia o de Ley de Transparencia. Pero en este aspecto, la mesa se enfrenta a los temores de los agentes del Estado. No es un misterio que en la Fuerza Pública existe un miedo generalizado a la comisión de la verdad.

En este aspecto, el Gobierno se la juega por despejar los miedos enfatizando en que aquí no se irá en detrimento de la dignidad de las instituciones militares. Finalmente, frente al asunto de los máximos responsables, por parte del Estado, el Marco Jurídico para la Paz tiene las rutas para establecer responsabilidades. En suma, estos son los puntos ya definidos en el acuerdo sobre la comisión de la verdad y los asuntos por resolver, que serán motivos de arduos debates en la mesa de diálogos.

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