Con un trámite complejo, al cierre de esta edición la plenaria de la Cámara de Representantes votaba los últimos artículos de la reforma de reequilibrio de poderes, tal vez la iniciativa más importante para el Gobierno en la presente legislatura, que con su aprobación cumple la primera etapa del trámite legislativo: cuatro de ocho debates.
La columna vertebral de la reforma, que es la eliminación de la reelección presidencial, fue aprobada sin mayores problemas, aunque no fue acogida la propuesta del Partido Conservador que planteaba que una reforma que permitiera de nuevo la reelección sólo se diera a través de referendo o de constituyente. Pero, además, la prohibición de esta figura se hizo extensiva a todos los altos funcionarios del Estado como procurador, fiscal general, magistrados de las altas cortes, defensor del Pueblo y contralor.
Uno de los temas más polémicos en la discusión fue la creación del denominado supertribunal de aforados. Entre los representantes había consenso en que la Comisión de Acusación era un ejemplo de impunidad y era necesario eliminarla, pero la fórmula del nuevo tribunal se veía —según lo planteó el fiscal Eduardo Montealegre— como un acto de “revanchismo del Congreso”. Por eso, la salida que propuso el Gobierno es que el tribunal investigue, la Cámara acuse y el Senado decida si levanta el fuero. Si así lo decide, será la Corte Suprema la que dicte sentencia.
Aunque en el Congreso un sector sostenía que si el tribunal de aforados se convertía “en el único tribunal del mundo que no juzga, era mejor fortalecer la Comisión de Acusación”, pero esa contrapropuesta no tuvo acogida y finalmente fue aprobada la fórmula del Gobierno. Otro punto en el que se impuso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue en el fuero absoluto. En el tercer debate fue aprobado el fuero sólo por el período en el que el alto funcionario se desempeñaba en el cargo, lo que podía generar revanchismo por las decisiones que tomara. De este modo, se mantiene el fuero absoluto.
También se dio vía libre al artículo 25, referente a la implementación de la lista cerrada que tendrá vigencia desde 2022, y en la que no podrán sucederse de manera consecutiva más de dos personas del mismo sexo. La lista cremallera con mitad hombres y mitad mujeres corrió una suerte contraria con el argumento de que en el ejercicio de la política no se puede obligar a cuotas tan altas y porque es difícil conseguir una participación femenina de este tipo sin afectar los resultados electorales.