:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/mYQoEbdr6HO6g4y1Te3N6bKUbYk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KSK5NXAONNHE7B5LVQKRY4NX5E.jpg)
En medio de una ardua polémica sobre si se debe o no permitir la participación política de las Farc sin haber saldado sus cuentas con la justicia, las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes retoman hoy el debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Se trata del desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, eje central del Acuerdo con las Farc. Una controversia que, irremediablemente, hay que mirar en términos del debate electoral de 2018, y sobre la que partidos como Cambio Radical, supuesto aliado del Gobierno en la Unidad Nacional, ya han anunciado su voto negativo.
(Lea: Los desacuerdos sobre el Acuerdo de Paz)
Pero mientras en el Capitolio unos y otros hacen cálculos políticos o se les llena la boca hablando de impunidad y asumiendo la vocería de las víctimas, en los territorios solo esperan que la prometida paz se concrete para ver si, por fin, se da una presencia efectiva del Estado. Porque hasta ahora solo han sido promesas y el tan mentado posconflicto no se ha traducido en seguridad y mucho menos en desarrollo y presencia institucional. Una realidad que retrata, en este diálogo con El Espectador, Leyner Palacios Asprilla, líder del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá (Chocó), que acaba de ser galardonado con el Premio Mundial por el Pluralismo, por su trabajo en la lucha por los derechos de las víctimas del conflicto en el país.
¿Qué significa ser galardonado con un premio internacional?
Que una organización como el Centro Mundial por el Pluralismo haga un reconocimiento a nuestra labor nos anima, nos indica que vamos por buen camino y nos llena de esperanza. Es una posibilidad más de alzar la voz de reclamo por nuestros derechos. En Bojayá venimos sufriendo situaciones de conflicto y desgracias desde hace más de 20 años, seguimos luchado para que los derechos de las comunidades afro e indígenas se garanticen, pero no ha sido posible.
Dice que siguen sufriendo los rigores del conflicto. ¿Qué ha significado entonces el posconflicto?
Puede que las cosas hayan cambiado y mejorado en cuanto a la confrontación armada por las Farc, pero estamos hablando es de materialización de derechos. Nuestro municipio no tiene un hospital de primer nivel que preste las mínimas atenciones a la población. Son 32 comunidades indígenas que están a tres o más horas de camino y, algunas, hasta tres días de distancia. Cuando la gente llega enferma a Bellavista, que es la cabecera municipal, ya viene prácticamente agonizando y allí no hay las condiciones mínimas para atender la complejidad de muchas enfermedades. Entonces, hay que trasladarla hasta Quibdó y muchos se mueren en el camino. No hay profesores en las escuelas y la infraestructura es precaria. Seguimos sufriendo el abandono institucional.
(Lea también: La JEP: no es milimetría, es reconciliación)
O sea, la promesa de que el Acuerdo de paz iba a significar la presencia del Estado en regiones como Bojayá no se ha hecho por ahora realidad…
No, hay que decirlo. Una de las fórmulas que se acordó para materializar los derechos de la población civil fue la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT), se constituyó la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que apenas se está comenzando a socializar, pero temas concretos no hay. Nos hemos quedado en una serie de trámites normativos en el Congreso, llevamos ya casi un año en eso, y se han expedido una serie de decretos, lo cual no quiere decir que lo que dicen se está realizando en nuestras comunidades. La debilidad institucional en el Chocó no ha cambiado, incluso las situaciones de conflicto armado hoy siguen peores. Hemos recibido las noticias de lo que está pasando en San Juan. En marzo hubo una masacre en el Carrá y hace tres días hubo un desplazamiento, y en el Bajo Atrato, en Riosucio, las comunidades están confinadas, hay minas antipersonal en su territorio y hace dos meses hubo una confrontación entre paramilitares y el Eln.
¿Es cierto entonces que otros grupos ilegales están copando las zonas que dejaron las Farc?
Así es y lo doloroso es que sentimos que nuestra cuota a la paz es que nos castigaron con la no protección. El 30 de enero empezaron a salir las Farc de los territorios y esperábamos que llegaran las Fuerzas Militares a brindar seguridad, pero en muchas de nuestras comunidades eso no ha pasado. En Bojayá ya está el Eln, que antes no hacía presencia, y en otros casos se ha fortalecido la presencia del paramilitarismo.
¿Esperan que el cese al fuego con el Eln alivie en algo esta situación?
Hace cerca de un mes estuvimos en Quito y le presentamos una propuesta de acuerdo humanitario construida después de varias mesas de trabajo con las organizaciones sociales. Esperamos que se acabe con el reclutamiento de menores, los abusos sexuales a las mujeres y el irrespeto a la autonomía de las autoridades étnicas. El problema es que desde nuestra lectura hay una ruptura dentro de los negociadores del Eln, pues creemos que los comandantes que están en Chocó no están alineados con la mesa de Quito, y eso es grave para las comunidades. Y allá confluyen otros actores como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El conflicto ahora es entre el Eln y los paramilitares, y las comunidades estamos en medio.
Y es un obstáculo para la implementación de lo pactado con las Farc…
¿Quién se atreve a ir al Baudó o al San Juan a hablar de PDET cuando tiene que pedirles permiso a los paramilitares para entrar o salir? Por eso sentimos que la paz es, hasta ahora, solo un documento. A la ART le corresponde formular los planes de desarrollo. Han venido dos veces, pero el problema es que hay realidades y complejidades que hacen casi imposible elaborar planes de desarrollo con enfoque territorial. La gente tiene miedo; si vienen a una reunión, es señalada de que van a llevar información o de que son colaboradores de uno u otro grupo armado. Por otra parte, hay comunidades que están a tres y cuatro días de los cascos urbanos ¿Quién les garantiza la movilidad? Allá una bomba de gasolina vale $70 mil y para llegar se necesitan tres o cuatro. ¿Y quién va a dejar a sus hijos solos? El contexto es muy complicado. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz son cuatro páginas muy bonitas, pero vaya pregunte qué se está implementando. Nada. La propuesta legislativa ni siquiera está elaborada. Es una nueva forma de discriminación.
¿Qué hacer frente un panorama tan complejo?
Con voluntad se pueden hacer las cosas. Aquí lo que falta es que se tomen decisiones. Se priorizaron unos municipios, los más afectados por la guerra y me aterra creer que el Estado no sea capaz de resolver problemas como el de la seguridad. Da vergüenza que en un Estado de Derecho como el nuestro no se pueda hacer. Así nunca vamos a superar la guerra.
¿Qué balance hacen hoy como víctimas en cuanto a verdad, justicia y reparación?
Bojayá tiene tres sujetos de reparación colectiva. Con los de Bellavista estamos a las puertas de protocolizar el plan. Con los otros dos, que son 32 comunidades indígenas y 18 consejos comunitarios, estamos en la caracterización del daño. Hoy uno no puede ser positivo en cuanto avances, porque apenas estamos elaborando el plan, aunque esperamos que el próximo año se pueda empezar a implementar. En temas de justicia, es lamentable que se diga que el Acuerdo de paz traerá impunidad. Déjenme decirles que la impunidad en Colombia existe desde antes. En Bojayá, la masacre fue perpetrada con responsabilidad de los tres actores: Farc, paramilitares y Estado. Después de 15 años, a ningún paramilitar se ha condenado y nunca pidieron perdón; le hemos pedido al Gobierno que reconozca su responsabilidad y pida perdón para que avancemos en la reconciliación, pero no ha sido posible; y las Farc, que sí fueron a pedir perdón y se comprometieron a no repetición, si hablamos de condenas, hay alrededor de 15 personas, todos guerrilleros rasos. La justicia no ha llegado y tenemos la esperanza de que la JEP abra las puertas para que se conozcan las verdades y responsabilidades.
Hablando de la JEP, hay sectores que se oponen a ella y asumen la vocería de ustedes las víctimas. ¿Sienten que es una justicia de impunidad?
Es que muchos olvidan que en el Congreso también ha habido responsables de delitos atroces. Hay funcionarios y civiles que nos han revictimizado y hoy están allá. Mancuso, el excomandante paramilitar, dijo una vez que tenían el 65 % del Congreso. Nosotros sí preferimos ver a las Farc echando discursos en el Capitolio que disparando acá en el territorio, que es donde ponemos los muertos. Y nos duelen comentarios como los que se hacen con respecto a las Circunscripciones de Paz, cuando dicen que están en zonas de control de las Farc y dan por hecho que las personas que lleguen por ellas van a ser sus mandaderos. Es injusto y nos están revictimizando. Nosotros hemos estado en zonas de influencia de los actores armados, no porque queramos, sino por la incompetencia del Estado.