Tras ocho años como registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez entregó este jueves su cargo al recién elegido Juan Carlos Galindo Vacha, quien estará al frente de la entidad durante los próximos cuatro años. Su llegada se da en medio de una coyuntura especial: los diálogos de paz, que serán refrendados popularmente en unas elecciones organizadas por la Registraduría Nacional.
El Espectador habló con Galindo Vacha sobre los retos al frente de la institución. Sostiene que hay que reformar el “vetusto” Código Electoral y hacer más transparentes las elecciones para evitar que se sigan presentando casos de fraude.
¿Cómo llegó y por qué se postuló para registrador?
Es un concurso de méritos organizado por los presidentes de las altas cortes, donde se califica experiencia, capacitación y una entrevista. Tuve la mejor calificación. Fui registrador en provisionalidad en 2007, entre 2002 y 2006 lideré el control electoral de la Procuraduría ante la organización electoral. A través de ese proceso de intervención preventiva y de procesos de nulidad electoral pude darme cuenta del estado y la problemática de los procesos. En 2011 lideré un proyecto de control fiscal electoral en la Contraloría y las elecciones cafeteras del año pasado. Eso me permitió llegar a la Registraduría.
De acuerdo con su experiencia, ¿qué hay que mejorar en la Registraduría?
Hay que hacer un fortalecimiento de infraestructura, mejorar los procesos internos para prestar mejor servicio al ciudadano que requieren registros, tarjetas de identidad y duplicados de cédulas. Hay que iniciar la fase tres del proceso de modernización tecnológica, y tenemos que ir pensando en la identificación del futuro, no nos puede pasar como con la cédula laminada que duró 60 años y terminó completamente obsoleta. Hay que mejorar la labor de los jurados de votación y de las comisiones escrutadoras.
No se puede negar que hay fraudes en el proceso electoral. ¿Cómo reducir esa posibilidad?
Es necesario mejorar la inscripción de votantes y depuración del censo electoral, ampliar la utilización de los sistemas biométricos para evitar la suplantación, la digitalización de los documentos para que se haga en línea y que candidatos, fuerzas políticas y testigos puedan acceder a la información en línea para hacer el proceso transparente. El tema del voto electrónico no puede ser sólo poner máquinas y cambiar las tarjetas, eso requiere un análisis de cuál es la mejor posibilidad y la relación costo/beneficio.
¿Cuáles son las debilidades del sistema electoral?
Hay una gran posibilidad de compraventa de votos que no tiene que ver con el proceso electoral, sino con la compra de conciencias. La trashumancia electoral es un tema en el que hay mucho por hacer, no puede pasar lo de las pasadas elecciones, hay que tomar medidas. Debemos trabajar en el software de escrutinios para hacerlo más amigable y que las reclamaciones y decisiones sean más transparentes.
Tendrá que organizar la votación del mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. ¿Cómo ve ese reto?
Si el Congreso aprueba el plebiscito o si se logra la firma del proceso de paz, la Registraduría hará todo lo necesario para que el proceso de refrendación sea transparente, con garantías y, sobre todo, que la voluntad popular quede plasmada. Estamos listos para la refrendación de la paz.
El Código Electoral es más viejo que la Constitución de 1991. ¿Tiene alguna propuesta de reforma?
Por supuesto, nuestro Código es vetusto, del año 86, y ahora, que no hay elecciones, es el momento para hacer una revisión a fondo. Necesitamos actualizar las instituciones, entrar en diálogo con las fuerzas políticas para ver cómo actualizamos y mejoramos la normatividad electoral, para ponerlo a tono con las nuevas realidades.
Una nueva realidad es el proceso de paz y especialmente el punto de participación política que habla de reformas electorales…
Este es un proceso que no se hace en dos meses, por eso debemos empezar ya, y cuando salga el acuerdo de La Habana hay que tomar lo que se plantee para el análisis. El Código tiene muchas disposiciones sobre jurados, procesos, escrutinios y cada una de estas fases hay que modernizarlas. En este diálogo deben participar el Congreso, los partidos, el CNE, el Consejo de Estado. Este es un momento propicio para iniciar el debate.
Aunque no es público, las relaciones entre la Registraduría y el CNE son tensas, en gran medida porque esta entidad depende administrativa y financieramente de la Registraduría. Usted vivió eso en 2007. ¿Qué hay que hacer?
Nosotros tuvimos posturas diferentes, pero la relación fluyó organizadamente. Ahora hay un CNE diferente y tengo toda la disposición de trabajar pensando en el país, en fortalecer la organización electoral. La independencia administrativa y financiera es un tema del que se ha hablado y creo que en la medida en que ellos tengan sus propios recursos fluiría mejor la información.