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Después de una sentencia de la Corte Constitucional habrían quedado en un limbo jurídico los desmovilizados de los grupos armados ilegales que hacen parte del programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y aquellos que después de un acuerdo de paz con el Gobierno decidan regresar a la vida civil. El Espectador habló con Joshua Mitrotti, director de la entidad, sobre el futuro de los reinsertados y de la capacidad para atender a los desmovilizados de las Farc en caso de firmarse un acuerdo en La Habana.
¿Por qué se habla de un grupo de desmovilizados que quedarían en un limbo jurídico?
Del año 2003 al 2006, el presidente Uribe hizo una negociación con las estructuras paramilitares que permitió que 36.000 personas salieran de las armas. En 2007, la Corte Suprema y la Corte Constitucional establecieron que los delitos de pertenencia solo aplican para los rasos, no para los mandos, ni mandos medios. Estos no podían ser considerados delincuentes políticos, sino delincuentes comunes.
¿Y eso por qué significa dejarlos en un limbo jurídico?
Porque no les permite a estas personas que han pasado por un proceso de reinserción ser contratadas por el Estado.
¿Qué han hecho ustedes para solventarlo?
En 2010 buscamos arreglarlo con la Ley 1424. Esta ley resolvía no ir a la cárcel, pero no ciertas condiciones que generan las condenas. Por ejemplo: inhabilidades de contratar y ser funcionario público, antecedentes disciplinarios judiciales y multas.
¿Eso qué significa hablando de manera práctica?
Que en la Ley 1424 hay muchas falencias. Yo tenía 60 personas contratadas a principio de año, 19 de ellas me notificaron de las condenas, me tocó sacar a la mayoría de ellos porque yo no puedo contratar con personas condenadas, por el artículo 122 de la Constitución. El sector privado, cuando mira antecedentes de estas personas y ve que están condenados, no los contrata. Tenemos una dificultad, quisimos construir nuevas competencias, pero desde un marco jurídico, los estamos poniendo en condición de marginalidad y demás.
¿Qué hay que hacer para solucionar este problema?
Hemos hecho muchos esfuerzos, hemos trabajado con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, especialmente la Escuela Lara Bonilla y la Fiscalía para priorizar casos, y hemos traído diferentes actores internacionales. Hemos avanzado tratando de sensibilizar el entorno pero, al final, la solución es una reforma legal constitucional. Es necesaria.
Siendo este un tema constitucional, tiene que haber una iniciativa legislativa. ¿El Gobierno lo va a promover?
Eso tiene unos riesgos. Por ejemplo, la gente condenada por corrupta, que ha ejercido cargos públicos, podría aprovechar y decir: entonces yo también puedo volver a ejercer. Hay que tener cuidado para que no metan “micos” y solo aplique para personas que han cumplido un proceso de paz. Esa es una de las dificultades, depende del momento y de las tensiones políticas, pues puede generar que derive en que personas distintas a los que han cumplido un pacto de paz, aprovechen la reforma constitucional.
Además de los riesgos que existen, la demora en el cambio constitucional, ¿se da por descontado que es algo que tiene que ser considerado en La Habana?
Es un tema que se ha venido discutiendo mucho con el Gobierno y la Fiscalía. Hemos tratado de implementar medidas, pero sin duda hay que calcular los tiempos para que no afecten las conversaciones de La Habana ni la estabilidad jurídica en Colombia.
¿Podría ser La Habana una talanquera?
La Habana no es una talanquera, pero lo que se discuta allá, tendrá que recoger toda esta situación. Se está tomando como referente lo que ha pasado en los últimos trece años de la implementación de un modelo de justicia transicional. Los fiscales, jueces y defensores de oficio no son personas preparadas en la legislación transicional. Se busca poder resolver en todos los temas normativos, legales, para que se pueda armonizar en la Ley 1424.
En torno a la reinserción de las Farc en caso de firmado el acuerdo, ¿ustedes qué trabajo y rol esperan cumplir?
En el tema de La Habana, primero toca esperar a que arranque la discusión en donde podamos mostrar en la mesa la experiencia nuestra, para poder construir un modelo pertinente.
Es decir, ¿ustedes hoy no saben si van a ser los encargados del proceso de reinserción de las Farc? Proceso que, vale la pena recordar, dura ocho años de programa...
No se ha discutido el tema, lo que yo puedo decir es que la experiencia que Colombia ha desarrollado en la ACR ha sido tenida en cuenta por los negociadores en Cuba.
Si fueran a jugar un papel, ¿no deberían estar preparándose desde ya?
Hemos venido haciendo un proceso de preparación sobre los cuatro puntos que hoy ya están acordados en La Habana. Hemos hecho un proceso muy interesante con más de 235 municipios, con el Sena, con entidades educativas, etc. En ese marco, hemos hecho un ejercicio con absoluta responsabilidad. La Agencia se ha venido preparando, ha estado presente en La Habana, hablando en muchas ocasiones con los delegados de las Farc.
¿Eso quiere decir que están preparados o no?
Sí estamos preparados para hacer un proceso de reinserción si se llegase a firmar la paz.
¿A las Farc les gusta el modelo de la ACR?
Yo solo he estado en La Habana reunido con el equipo del Gobierno. Como no ha empezado la discusión sobre los temas de reinserción, no he hablado con ellas sobre este punto, pero me encantaría poder hablar sobre la construcción de esta política pública, que no ha sido un modelo de inteligencia para acabar con las Farc, sino para transformar habilidades y competencias, que puedan ser ciudadanos dentro de un colectivo.