Estos son los argumentos del Gobierno para que Andrés Felipe Arias sea extraditado

Para intentar zanjar la pelea en la que se convirtió el pedido de extradición de Andrés Felipe Arias, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, explicó que fue la Corte Suprema de Justicia la que solicitó la extradición de Arias, y que el Gobierno solo se encarga de tramitar la petición. Londoño calificó como una “falta de respeto” las declaraciones de que el exministro de Agricultura es un perseguido político. (Lea aquí: La pelea de Andrés Felipe Arias para no volver a Colombia).

 

En un comunicado, Londoño defendió la extradición de Arias, que fue detenido el pasado 24 de agosto en Miami, asegurando que “la solicitud de extradición fue realizada por la Corte Suprema de Justicia a los Estados Unidos. Al Gobierno le corresponde simplemente tramitarla, en ningún caso aprobarla o negarla”.

 

También fue lanza en ristre contra las aseveraciones del Centro Democrático, que ha asegurado que desde el gobierno de Juan Manuel Santos se está presionando a Estados Unidos para que se materialice la extradición de Arias, quien fue condenado en Colombia por el caso de Agro Ingreso Seguro. Londoño aseguró que afirmar que existe tal presión es una “falta de respeto con la justicia norteamericana”.

 

Londoño, además, defendió la vigencia del tratado de extradición con Estados Unidos, explicando que estas se hacen con base en el Código de Procedimiento Penal. El jefe del Ministerio de Justicia aprovechó para recordarle al Centro Democrático que, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, hubo extraditados.

 

Por último, Londoño afirmó: “Ni en este ni en ningún otro caso ha habido persecución política alguna. Este Gobierno ha sido totalmente respetuoso de la independencia de la justicia”.

 

Mientras el ministro de Justicia hace estas declaraciones, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión en Colombia por el caso de Agro Ingreso Seguro, está empeñado en conseguir que el juez de su caso determine que no hay vigencia en el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Pero este argumento se le complicó cuando se supo hace unos días que el fiscal estadounidense Robert Emery calificó como “inapropiada” la idea de que sea un juez el que diga que el tratado entre ambos países fue ratificado con éxito, al ser “un asunto que va más allá del alcance de su revisión”.