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En días recientes la comunidad colombiana en la universidad de Harvard ha mantenido una intensa discusión alrededor la visita del expresidente Álvaro Uribe este sábado. Un grupo de estudiantes y académicos suscribió una carta de protesta. Alejandra Azuero, estudiante, escribió en este medio que la élite colombiana ha usado estos espacios como plataforma para legitimar a los personajes públicos más cuestionables de la derecha en el país. Como copresidente de la mencionada asociación quisiera brindar algunas aclaraciones —y mi propia perspectiva— sobre estas discusiones.
La asociación de estudiantes colombianos ha invitado durante los últimos años a activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales, artistas, funcionarios del Gobierno nacional y líderes políticos. El año pasado María Roa, presidenta del sindicato Unión de Trabajadores del Servicio Doméstico (UTRASD), expuso la realidad del servicio doméstico en el país. Este año la invitación incluyó a los negociadores del Gobierno en La Habana. Regis Ortiz, desmovilizado de las Farc, contará en estas aulas su historia en el conflicto y su camino de reconciliación.
La visita de dirigentes políticos de la derecha ha causado intensos debates y divisiones. En años anteriores la invitación al procurador Ordóñez, realizada por un grupo reducido de estudiantes, terminó siendo rechazada mediante un voto mayoritario de los miembros de la asociación. Su posterior intervención fue auspiciada por un instituto de la Facultad de Derecho no vinculado con los estudiantes colombianos. En esa oportunidad, como en la discusión actual frente al expresidente Uribe, se argumentó que este tipo de invitaciones otorgaba una plataforma de legitimación para personas cuestionadas que no deberían usar los foros académicos para limpiar sus acciones.
Como estudiante colombiano me preocupa enormemente la movilización de algunos sectores para impedir el acceso a espacios académicos. El libre intercambio de ideas es la base de la creación de un pensamiento crítico y una conciencia democrática. ¿Quién puede arrogarse el derecho a definir quiénes pierden el derecho a la palabra en estos escenarios? ¿Hasta dónde deben extenderse este tipo de restricciones? ¿No tienen lugar en estas comunidades personas que estén de acuerdo con la ideas del expresidente o del procurador? La academia no es un juzgado. Es un espacio para el debate libre. Otras formas de movilización diferentes a limitar la libertad de expresión permiten acoger a aquellos que desean exponer su punto de vista. Estas incluyen la protesta pacífica y el uso de los canales de comunicación para expresar perspectivas contrarias.
Más allá del debate en esta universidad, creo que hay una profunda desconexión entre estas estrategias de acción política y la construcción de un país en paz. Tristemente, el artículo de Azuero y el tono en estos debates tienden a reproducir los peores males de nuestro diálogo político. Si hablamos de reconciliación, no debemos negarnos a escucharnos. La historia de las barreras a la libertad de expresión en Colombia, realizada por medios legales e ilegales, debería ser motivo suficiente para pensar en otras formas de actuar en política. El llamado de estos tiempos no es otro que el de extender nuestra imperfecta democracia para acoger a todas las voces, como forma de permitir una resolución pacífica de nuestros conflictos en el futuro. El debate universitario es indispensable en esa construcción. Ese es nuestro desafío y nuestra responsabilidad.
* Copresidente, Asociación de estudiantes colombianos de Harvard.