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En Colombia no es claro si está autorizada o no la exigencia de pruebas de embarazo por parte de una empresa para permitir el acceso laboral de las mujeres. Y es que no hay una ley o norma que especifique la legalidad de condicionar el ingreso o la estabilidad de la trabajadora con este examen.
Aunque un concepto del Ministerio del Trabajo ordena que un empleador sólo puede exigir la práctica de pruebas médicas adicionales al examen de ingreso cuando el trabajador deba desarrollar actividades que pueden eventualmente afectar su salud, no existe una legislación al respecto.
Precisamente, el Congreso de la República está trabajando en el tema para establecer parámetros claros sobre los requisitos para que las mujeres puedan ser parte de un proceso de selección, vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación de cualquier cargo o empleo, sea público o privado.
En la Comisión Primera de la Cámara está en trámite la iniciativa para que se prohíba la prueba de embarazo como requisito laboral a las mujeres. La intención es garantizar los derechos de la población femenina a la hora de buscar empleo y que no se incurra en exigencias adicionales a las de los hombres.
El eje del proyecto es que a la empresa que se le compruebe que está haciendo dicha exigencia, se le pueda procesar por incurrir en un acto de discriminación, conforme con el Código Penal.
Guillermina Bravo Montaño, autora del proyecto, explicó que las empresas o entidades que insistan en este requisito –tras la aprobación del proyecto–, podrían ser multadas hasta con 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada caso comprobado.
Así se abrió el debate sobre la necesidad de proteger todo tipo de discriminación en contra de la mujer en estado de embarazo, especialmente en el campo laboral. Ya en 2009 la Defensoría del Pueblo había radicado un proyecto de ley en contra de todo tipo de discriminación que contenía un ítem sobre el tema. En desarrollo de la discusión del proyecto sobre las licencias de maternidad, se incluyó un artículo al respecto que después fue eliminado.
El proyecto se encuentra en la agenda de la Comisión desde hace varias semanas a la espera de que sea discutido en primer debate. La pregunta que surge es si los congresistas darán la discusión en al menos el primero de cuatro debates para que la iniciativa –radicada en agosto de 2015– no se hunda por estar engavetada.