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Política 10 Jun 2013 - 9:00 pm

Relatos de tres protagonistas de paz

Experiencias en participación política

Este martes arranca la discusión del segundo punto de la agenda (la participación política), Antonio Navarro, Clara López y Alfonso Peña Chepe reflexionan sobre su apuesta por la democracia tras la negociación política en la década de los 80.

Por: Redacción Política
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Campaña de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. De izquierda a derecha, Víctor M. Mojica, del Frente Popular, Carlos Romero, Gilberto Vieira, Bernardo Jaramillo y Clara López, del Nuevo Liberalismo Independiente, marzo de 1988. / Lara, Voz
Ahora que en La Habana (Cuba) las delegaciones de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las Farc se aprestan para iniciar la discusión del segundo punto de la agenda de paz, el de participación política, El Espectador recopiló las experiencias de tres figuras públicas que en las décadas de los 80 y los 90 llegaron a la arena electoral luego de los procesos de paz con los gobiernos Betancur y Barco. Hoy, cuando el proceso de paz actual llega a su undécima ronda de diálogos, sus relatos cobran relevancia y analizan los aciertos y desaciertos de una participación política negociada.
 
Los tres casos son historias de figuras de izquierda que llegaron a la plaza pública producto de la negociación política entre fuerzas insurgentes y el Estado. Navarro Wolf es uno de los comandantes históricos del M-19; Alfonso Peña Chepe, un activo combatiente de la guerrilla del Quintín Lame y constituyente en 1991; y Clara López Obregón, quien no participó de ningún grupo insurgente, alcanzó la candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 1988 por la Unión Patriótica.
 
Casi 30 años después, los tres coinciden en que no hay garantías para hacer oposición. Lo mismo que en diálogo con El Espectador expresó Andrés París, el encargado del tema de participación política en la delegación de paz de las Farc. Un debate histórico que el país no ha logrado conjurar y que hoy tiene cita en La Habana, para avanzar hacia la firma del acuerdo que ponga fin al conflicto armado.
 
La gloriosa Unión Patriótica
(Clara López Obregón*)

No se me escapa la coincidencia. Hace 25 años participaba como candidata de una coalición de izquierda liderada por la UP (integrada por el Nuevo Liberalismo Independiente, A Luchar, Frente Popular y la UP) en la primera elección popular de alcaldes en 1988. En ese entonces arreciaba la guerra sucia y el exterminio físico de la Unión Patriótica. Fue Jaime Pardo Leal quien primero me planteó la candidatura, no para ganar las elecciones sino para utilizarlas como tribuna de denuncia del genocidio en pleno desarrollo. 

Todavía siento el escalofrío que invadió mi cuerpo cuando saliendo del Palacio de San Francisco, donde yacía en cámara ardiente el cuerpo de Teófilo Forero, me despedí de Patricia Ariza diciendo: “Nos vemos en el próximo entierro”. La magnitud de lo dicho, la impotencia frente a la inevitabilidad de homicidios por venir y la indolencia generalizada de una opinión nacional que negaba lo que estaba sucediendo.
¿Cómo pudo una sociedad vivir semejante holocausto sin aceptar que estaba sucediendo? A la salida de mi casa, sobre la Circunvalar, colocaban toda clase de grafitos amenazantes. La campaña la hicimos con Bernardo Jaramillo, pues Jaime Pardo no sobrevivió para inscribir mi candidatura. A la gente le daba miedo recibir la papeleta —todavía no se había implementado el tarjetón— y los restaurantes se desocupaban cuando entrábamos con Carlos Romero a comer algo.

César Gaviria, por esa época ministro de Gobierno, había mostrado en el Senado un mapa con la presencia de unos 30 o 40 grupos paramilitares. A ese mapa le sobrepuse los resultados electorales de la UP en las elecciones presidenciales anteriores, en las cuales sacó una votación inesperadamente alta. Era el mismo mapa, pero no recibió la atención debida. Justo antes de las elecciones de ese año, se iniciaron las masacres en las haciendas La Negra y Honduras en el Urabá antioqueño. Ya no iban sólo contra los dirigentes, sino también contra los votantes. 

Así, en medio de un río de sangre se desvaneció la promesa de la UP que surgió como un ensayo de incorporar a la insurgencia armada a la vida civil y pacífica. A manera de avanzada en medio de esa tregua fallida durante el gobierno de Belisario Betancur, varios dirigentes guerrilleros se incorporaron a la vida civil y se presentaron como candidatos a las corporaciones públicas, logrando un éxito inocultable. En menos de un quinquenio, la situación política del país creó expectativas esperanzadoras que fueron frustradas e interrumpidas por la presencia activa del crimen organizado con ramificaciones ya al descubierto en autoridades civiles y militares, que contribuyeron a planificar y ejecutar uno de los crímenes continuados más horrorosos y vergonzosos de la historia colombiana. 

Los lamentos por la liquidación a sangre y fuego de la Unión Patriótica apenas si se registran en la opinión pública, cuando cualquier propósito de paz tendría que pasar por rendirle culto a la UP por el holocausto de una generación de líderes . Quedan todavía muchos interrogantes sobre este asesinato masivo. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuáles los hilos de financiación de los paramilitares? ¿Quiénes fueron los individuos que orquestaron esa alianza non sancta de narcotraficantes, ganaderos, políticos e integrantes de la fuerza pública que llevó a cabo el exterminio? ¿Quiénes son los autores intelectuales?

La violencia política ha sido una constante en la historia del país. Así lo demuestran la masacre de las Bananeras, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; la muerte de Guadalupe Salcedo y el exterminio de la Unión Patriótica. La “Mano Negra” de todos los tiempos ha estado presente. Pero de todos los crímenes que se han perpetrado contra los dirigentes y organizaciones políticas, el mayor ha sido el que se cometió contra la UP, que no sólo era un proyecto político nuevo, sino una propuesta de paz.
El esclarecimiento y la solución de los interrogantes planteados son el presupuesto básico para cualquier proyecto de reconciliación nacional. No es posible reconciliarnos en medio de la impunidad. Para que Colombia se incorpore al proceso de democratización y cambio social que vive América Latina, se requiere recorrer el camino de la búsqueda de la verdad. Es nuestro deber vencer la impunidad.

*Actual Presidenta del Polo Democrático.
Texto tomado del libro ‘Unión Patriótica Expedientes contra el olvido’, y adaptado para su publicación.

Participación y oportunidad

(Antonio Navarro Wolf*)

Cuando negociamos con el Gobierno Nacional en 1989, se acordó una favorabilidad para acceder con menos votos al Congreso de la República como elemento principal de participación política. 

Esa favorabilidad requería una reforma constitucional que se tramitó a fines de 1989, pero que finalmente se hundió porque Pablo Escobar introdujo en ella el tema de la extradición. Quedamos pues sin nada en la mano.

En ese diciembre de 1989, Carlos Pizarro y yo pensamos muy despacio qué hacer. Sentíamos que había un gran respaldo popular a nuestro proceso de paz, pero no estábamos totalmente seguros de él. Así que optamos por un camino inédito. Carlos Pizarro y yo, los comandantes 1 y 2 del Eme, sin firmar aún el acuerdo de paz, salimos a Bogotá a ver cómo lucían las cosas en el terreno.

Fue una decisión arriesgada, pero totalmente acertada. La gente nos recibió con un cariño extraordinario. Donde llegábamos éramos el centro de la atracción pública y Carlos, además, era un fenómeno con las mujeres, por su “pinta”.

Él se inscribió como candidato a la Alcaldía de Bogotá y yo me fui a Cali, además de inscribirme como candidato al concejo de Pasto, mi tierra natal. Carlos consiguió 70 mil votos a la Alcaldía y yo fui elegido concejal de Pasto. Vino enseguida la elección presidencial.

En ese lapso, firmamos la paz en marzo de 1990 y mataron a Carlos en un avión en vuelo con destino Barranquilla. Yo heredé su candidatura presidencial, cuya campaña se realizó con todos los candidatos encerrados en sus casas para evitar que el Cartel de Medellín nos matara.

Conseguí un magnifico tercer lugar, con más de 750 mil votos, por encima del candidato oficial del Partido Conservador.

Todo aquello fue una vorágine. Siguió con mi nombramiento como ministro de Salud en un acuerdo con el electo presidente César Gaviria, alrededor de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En diciembre de 1990 conseguimos la votación porcentualmente más alta de la historia de la izquierda en Colombia, casi el 28% de los votos, en una lista de constituyentes donde estaban figuras como Angelino Garzón, Carlos Ossa Escobar, Orlando Fals Borda, Álvaro Leyva, María Mercedes Garcés y hasta ‘Pacho’ Maturana al lado de miembros del M-19, en un movimiento llamado AD M-19.

Lo que confirmamos en ese período fue que lo más importante de una negociación de paz no es lo que pase en la mesa de conversaciones, sino su efecto en la opinión publica, pues se cambian las armas por los votos como esencia de una paz política. Luego, toda esa gran ola de opinión se vino abajo, por errores propios de quienes no teníamos experiencia suficiente en elecciones. Pero todo ello valió la pena: quedó escrita la nueva Constitución, una modificación institucional de fondo que cambió la historia del país.

*Excomandante del M-19 y constituyentes.

Sin garantías políticas

(Alfonso Peña Chepe *)

El Quintín Lame no llevaba mucho tiempo alzado en armas cuando inició el proceso de desmovilización al que decidimos entrar en 1991. Era una época compleja, porque existía mucha prevención con el Gobierno.

El ambiente de zozobra y miedo era muy grande por las muertes y persecuciones que sucedían a diario. Aún así nos embarcamos en ese proceso con una profunda diferencia respecto a otros grupos guerrilleros. Nuestro objetivo no era tomarnos el poder por las armas, sino defendernos y exigir el cumplimiento de nuestros derechos como campesinos e indígenas. Eso, al final, facilitó el acercamiento con el Gobierno.

Con la colaboración del movimiento cívico Caucanos por la Paz decidimos apostarle a la negociación para seguir luchando, pero pacíficamente. El Estado Mayor y la Comisión Política hicieron los acercamientos. En cuanto a participación política propusimos tener asiento, voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente, para que nuestras propuestas quedaran plasmadas en la Constitución. En ese momento, como ahora, creíamos que la participación no sólo era electoral, significaba tener garantías sociales y económicas para que de verdad hubiera un cambio social significativo y que los derechos fueran equitativos. Pedíamos ponerle freno al centralismo político y que la participación de los municipios se viera reflejada en obras y no sólo en promesas.

Con el respaldo del Estado Mayor del Quintín Lame me escogen, en representación del pueblo indígena nasa, como constituyente. Recuerdo que fue una etapa difícil para mí, porque era luchar y ganarme un espacio que siempre había sido ocupado por la política tradicional y por la imposición de sus criterios. Nos reuníamos en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, en jornadas extenuantes que empezaban a las 6 a.m. y terminaban a las 4 a.m. del otro día. Al final tuvimos suerte de que la oposición hiciera mayoría, porque eso permitió reformar realmente la Constitución.

Hoy, a pesar de eso, creo que el balance de la participación política fue negativo. Porque las minorías políticas que entonces se crearon no tuvieron oportunidad real de participar electoralmente. De 78 movimientos que hubo, desaparecieron al menos la mitad. Nosotros, como movimiento desmovilizado, quedamos como la Alianza Social Indígena, pero actualmente este movimiento no puede ni avalar a sus propios candidatos, tenemos que buscar firmas o respaldo en los partidos consolidados. Con este panorama, el próximo año no tenemos posibilidad de participar. Tampoco existe la posibilidad de que un estatuto de oposición prospere, porque las mayorías en el Congreso son del Gobierno y no hay voluntad para que esto se apruebe. Por eso tengo la claridad de que si el Estado quiere una paz real, no sólo el silenciamiento de los fusiles, sino una salida estructural, debe dar suficientes garantías para que los guerrilleros de las Farc, así como las minorías políticas, participen.

*Desmovilizado del Quintín Lame y constituyente.

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