La principal apuesta del presidente Juan Manuel Santos es lograr la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), esto, en la práctica, además de los puntos que se contemplan en el acuerdo marco, significa el tránsito de la guerrilla de armas a la política, es decir, “cambiar las balas por los votos”. En ese contexto, la Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un informe de riesgo electoral por influencia de las Farc, y la conclusión es que hay 203 municipios en los que la guerrilla podría afectar el proceso.
De acuerdo con el informe, esos municipios se pueden identificar en tres regiones del país (ver mapa 1). Frontera con Venezuela, que comprende las zonas de La Guajira, Cesar, Catatumbo, Arauca y Casanare, en donde se concentra el accionar de los bloques Caribe, Magdalena Medio y Oriental. La segunda zona identificada por la MOE es el sur del país, que comprende la Costa Pacífica, la cordillera Central y el suroriente del país (lugares donde es habitual le tráfico de drogas). Ahí operan los bloques Occidental, Central y Suroriental de las Farc.
La tercera, en la que la MOE identificó claramente la influencia de las Farc, es la del norte de Antioquia, en especial el área fronteriza con Chocó: la serranía de San Lucas, el nudo de Paramillo, Urabá y el Pacífico. En esta región hacen presencia los bloques de Magdalena Medio e Iván Ríos.
Lo que deja claro el informe es un tema que ha sido transversal en los diálogos entre el Gobierno y las Farc: el abandono institucional del Estado en vastas regiones del país. Prácticamente en todas las zonas en las que la guerrilla puede influir en alguna medida en el proceso electoral tienen las siguientes particularidades: son zonas grandes con poca densidad poblacional, poca presencia de las instituciones del Estado, los indicadores en materia de pobreza, educación y empleo son muy bajos (de acuerdo con las cifras del DANE), presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y muy baja participación electoral. También es evidente la presencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
Otra coincidencia entre el informe de la posible influencia de las Farc en las elecciones regionales de octubre, tiene que ver con otro tema que ha sido prioridad en las discusiones con el Gobierno en La Habana: la representación política de estas regiones. En Colombia se ha abordado de soslayo la posibilidad que se creen circunscripciones especiales de paz en el Congreso. Hay ocho regiones (ver mapa 2), que por su bajo potencial electoral y poca participación en los comicios no tienen ningún tipo de vocería en el Congreso.
Es decir, no hay parlamentarios que velen por las medidas para superar las agudas problemáticas de estas regiones, lo que se ve reflejado en los niveles de necesidades básicas insatisfechas. Esta información incluso podría ser retomada por el Congreso, en donde se está discutiendo la reforma de equilibrio de poderes que también tiene un capítulo dedicado a garantizar la representación política regional.
El Gobierno ha sido enfático al señalar que en Colombia no hay zonas vedadas para el actuar de las Fuerza Pública y han señalado que las Farc no tienen control territorial. Puede ser cierto que la guerrilla no maneje el monopolio de las armas en estas regiones, pero su influencia, de acuerdo con el informe de la MOE, es evidente, y queda clara la ausencia del Estado.
Aún resulta una incógnita si se va a lograr la firma del acuerdo para la terminación del conflicto en La Habana y si las Farc o el movimiento que surja, de una eventual desmovilización, van a poder participar en las elecciones, pero lo que sí es claro es que la fuerza política de la guerrilla podría verse en estas zonas donde el abstencionismo históricamente ha sido alto.