Farc y lesa humanidad

‘Martín Sombra’ fue capturado en febrero de 2008 y procesado por el secuestro de Íngrid Betancourt y Clara Rojas / EFE

Foto: EFE - Guillermo Legaria

La decisión de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación de solicitar imputación de cargos contra 13 excomandantes paramilitares, dos de las Farc y el máximo líder del llamado Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), además de contra otros 187 postulados que hicieron parte de los mandos medios de dichas organizaciones ilegales, por crímenes de lesa humanidad y de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, marca un precedente clave de cara al proceso de paz que adelantan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana (Cuba).

Como se sabe, una de las discusiones fundamentales en torno al Marco Jurídico para la Paz radica en los criterios de priorización que el ente acusador podría aplicar a la hora de la judicialización de los miembros de la guerrilla. El fiscal general, Eduardo Montealegre, cree que las investigaciones penales deben concentrarse en los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad. Eso —asegura— es un avance en la lucha contra la impunidad, pues “es imposible que cuando se trata de delitos de sistema o violaciones masivas se pueda investigar, acusar y juzgar todos los hechos y actores del conflicto”.

Una tesis sobre la cual la Fiscalía pretende ahora señalar un camino. Utilizando metodologías trabajadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el concepto de la Unidad de Justicia y Paz establece que los mencionados grupos ilegales (autodefensas, Farc y Erg) desarrollaron “patrones de macrocriminalidad”. Es decir, que de manera sistemática y generalizada incurrieron en fenómenos delictivos como desaparición forzada, desplazamiento civil, secuestro, reclutamiento ilícito o violencia de género contra la población civil.

Si bien la mayoría de los 16 casos agrupados y de las 187 imputaciones tiene que ver con las desaparecidas autodefensas, en la lista aparecen Elda Neyis Mosquera, alias Karina, excomandante del bloque José María Córdoba de las Farc, y Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, excomandante de bloque Oriental. Junto a ellos hay otros 20 postulados a Justicia y Paz que también serían imputados, como Marco Fidel Giraldo, alias Garganta, y Daniel Sierra, alias Zamir.

Además de haber pertenecido a una estructura macrocriminal como las Farc, el criterio es que fueron responsables, de manera directa o en cumplimiento de las políticas y directrices trazadas dentro de esa organización, de delitos como homicidio, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito y violencia de género. Precisamente, en lo que respecta al secuestro se incluyen casos como los de los políticos Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Géchem, Consuelo González de Perdomo y Gloria Polanco, entre otros.

El quid del asunto, explica la Fiscalía, es que en estos casos se está aplicando “un criterio subjetivo de priorización y una doble imputación, primero hacia la organización o estructura armada ilegal y después hacia el individuo”. En otras palabras, las Farc tendrán que responder por los delitos de lesa humanidad como organización, lo que incluye a sus máximos comandantes y a quienes hoy están negociando la paz en La Habana. Un tema neurálgico, teniendo en cuenta que la posición de esa guerrilla ha sido desconocer la legitimidad de los tribunales colombianos, mientras que el Gobierno ya plantea que una comisión de las víctimas vaya a hablar cara a cara con los voceros del grupo subversivo.

Para el ministro del Interior, Fernando Carrillo, la decisión del ente acusador “demuestra que las Farc no pueden poner en tela de juicio la justicia colombiana y que, contrario a lo que ellas piensan, sí existen delitos graves por los que tendrán que responder como organización”. Lo claro es que el anuncio de la Fiscalía refuerza la información revelada por El Espectador el domingo pasado, en el sentido de que la guerrilla estaría considerando la posibilidad de aceptar condenas a las cuales se les pueda aplicar la suspensión de la pena e, incluso, que la participación política sea asumida por mandos medios sin líos con la justicia.

Sin embargo, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar considera que, tratándose de una negociación en medio del conflicto armado, la justicia debe seguir aplicándose de conformidad con las normas vigentes hasta que haya acuerdos: “Lo que demuestra la actuación de la Fiscalía es que ha cambiado la metodología, no las normas, porque se van a hacer imputaciones colectivas con base en los principios de contexto y de priorización. Si llegan a existir acuerdos, se puede seguir priorizando y analizando en qué circunstancias se cometieron estos delitos graves”.

En este sentido, Bernal Cuéllar tampoco considera que haya surgido un obstáculo más para la eventual participación de guerrilleros en política. “En el momento que haya acuerdos se harán los ajustes necesarios y se tendrán las normas que permitan pasar de un Estado en guerra a uno de paz”, dijo. De ahí lo fundamental que resulta para el proceso el Marco Jurídico para la Paz —cuya exequibilidad estudia hoy la Corte Constitucional—, el cual precisamente establece que el fiscal general determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal.

Pero, además, la norma establece que, sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar, en el marco de la justicia transicional, las graves violaciones a los derechos humanos, el Congreso, por iniciativa del Gobierno, podrá determinar mediante ley estatutaria criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y es allí donde se podrán establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena, entre otros beneficios.