Las Fuerzas Militares respondieron este miércoles a la presunta falta de moral en las tropas a la hora de entrar en combates con grupos armados ilegales.
El comandante de las FF.MM., general Alejandro Navas, dijo que “se ha dicho por parte de algunos opinadores y de algunos apologistas de los mismos grupos subversivos que las tropas no quieren combatir; hay que ir a las profundidades de la selva porque es donde está la confrontación y de allá sí tomar un concepto”.
Y aseveró: “creo que no es justo (que se diga eso), sobre todo con nuestros muertos y nuestros heridos, que han ofrendado su vida en conquista de lo bello, que es el esfuerzo de la paz”.
“Nuestros hombres están entregados a la lucha”, insistió el alto oficial en diálogo con los periodistas en el Senado de la República.
Sin embargo, Navas advirtió que en Colombia “falta un marco jurídico definido para afrontar este conflicto político-militar”.
Pero pese a esto, el general fue enfático en señalar que “el soldado y hombre de armas pide solamente justicia y que sea una justicia amplia dentro de un Estado Social de Derecho con presunción de inocencia y derecho a la misma defensa”.
“Un soldado no pide impunidad jamás pues es responsable de todos sus actos. Conoce su papel y conoce la dimensión histórica de su compromiso”, agregó.
El Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio Arboleda presentó un informe en el que se advierte que, pese a los contundentes golpes dados a las Farc, como el abatimiento de su máximo jefe, ‘Alfonso Cano’, es “evidente” el retroceso en materia de seguridad, lo cual controvierte la postura del Gobierno, que ha dicho, cifras en mano, que se sigue avanzando en la guerra contra la guerrilla y la delincuencia.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, desde 2009 los secuestros han aumentado en un 45%, pasando de 158 a 229 y los actos de sabotaje contra la infraestructura nacional también crecieron en un 43%, al pasar de 215 a 308. La mayor cantidad de secuestros se dio en Valle, Antioquia, Nariño, Arauca, Cauca y Caquetá, zonas en las que han crecido las acciones de la subversión.
“Los ataques de las guerrillas contra la Fuerza Pública aumentaron un 24% con relación al año anterior, constituyéndose así en el tercer año consecutivo en que se presentan incrementos en este aspecto. Asimismo, durante el año en curso, el número de ataques guerrilleros contra la Fuerza Pública ha sido el más alto desde 2006”, señala el informe.
Este preocupante balance, señala el documento del Centro Seguridad y Democracia, obedece a “la inseguridad jurídica a que están sometidos los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia de la abolición del fuero militar y de la desarticulación de la Justicia Penal Militar, elementos que justifican la desmotivación en el combate y explican la caída del nivel de sus operaciones ofensivas contra los grupos guerrilleros”.
Concluye el informe que “no es verdad que el rebrote guerrillero se deba a que esos grupos irregulares hayan sorprendido a las Fuerzas Militares con nuevas formas de operar ni que la caída del nivel ofensivo de las fuerzas del Estado se deba a un proceso de ajuste a esas supuestas nuevas tácticas guerrilleras. Son los factores morales los que están afectando el desempeño operacional de la tropa”.
Planteamiento compartido por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Pablo Felipe Robledo, quien advierte que “como funciona la justicia hoy en Colombia es el mundo al revés. Siempre después de una operación militar llega la justicia ordinaria a buscar presuntos errores, cuando son actos que se dan en el marco de una operación militar. La ampliación del fuero es simplemente establecer una presunción que parte de que las acciones se dan en el marco de una orden operacional y tienen relación con el servicio. En ese orden debe ser, en primera medida, la justicia militar la que aborde la investigación”.
Para el senador de la U Juan Carlos Vélez, “la batalla jurídica se ha convertido en una forma de frenar el avance de la Fuerza Pública, los vinculan a procesos en la justicia ordinaria donde la capacidad de defensa es limitada y costosa. Los militares ya no se atreven a hacer una emboscada, porque de inmediato recae la duda de si se trata de un falso positivo”.
Sin embargo, las críticas a la divulgación del informe en la actual coyuntura no se han hecho esperar. Según el representante a la Cámara Iván Cepeda, “no puede seguir argumentando, para generar impunidad por cuenta del fuero militar ampliado, la tesis de que la tropa se desmoraliza. Los derechos humanos deben ser entendidos como algo que engrandece a la tropa y no un obstáculo”.
A su vez, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que “en los últimos 15 años se ha avanzado en Colombia en la corrección de una desviación grande que consistió en establecer que las violaciones a los derechos humanos eran competencia de la Justicia Penal Militar (...) hay que preguntarse entonces qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora, para que el Gobierno esté impulsando un fortalecimiento del fuero en dirección contraria. Ni las numerosas víctimas existentes en el país ni la comunidad internacional especializada en las supervisión de los derechos humanos entenderían ni aprobarían un retroceso en ese tema”.