Finalmente Juan Daniel Jaramillo deja equipo asesor del Gobierno

Se va porque cree que el ‘juicio histórico’ frente al tema de Nicaragua es más político que de derecho internacional.

Bluradio
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Tras una semana de rumores y comunicados, el abogado Juan Daniel Jaramillo finalmente le confirmó a El Espectador que renunció al grupo de abogados que venía asesorando al Gobierno colombiano en la revisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua.

En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, Jaramillo le expresa su inconformidad porque la política superó las exigencias del derecho internacional público. “Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que puso fin al caso Colombia-Nicaragua, acepté formar parte de un grupo de abogados que recibió de usted y de la ministra de Relaciones Exteriores el encargo de analizar el fallo y estudiar las alternativas que podría encontrar el país para asegurar derechos humanos y económicos de los isleños, garantizar el entorno ambiental y salvaguardar la seguridad de la zona”.

Y agrega: “En ningún instante se recibió el encargo, por lo menos en mi caso, de “trabajar en un documento que contenga una bitácora de todos y cada uno de los hechos desde que se inició el proceso” con miras a un presunto juicio histórico, según palabras del ministro del Interior, Fernando Carrillo, el pasado 15 de enero”.

El abogado se muestra sorprendido por las palabras del ministro del Interior, Fernando Carrillo, según dice en su comunicación, porque la elaboración de dicha bitácora implicaría una serie de registro de actuaciones, un hecho que “pugna con las normas que conozco y he trabajado en auditaje de procesos internacionales”.

En la carta Jaramillo explica que le manifestó a la canciller, María Ángela Holguín, su sorpresa y oposición a dicha bitácora y le solicitó concentrar la vocería y las decisiones del proceso en el jefe de Estado y en su ministerio. “Yo debo entender, con todo respeto, que mi requerimiento no fue atendido. Procede en esta dinámica mi amable retiro”, dice el abogado, quien enfatiza: “Ejerzo el derecho internacional, no la política ni la gestión política ni administración de políticos. Es evidencia de la historia, no obstante, que la política prima. Pero en este caso son las exigencias del derecho —que son las del país— las que nos mantendrán nuestros derechos y deben sobreponerse a cualesquiera otras”.

“Los imperativos políticos del momento deben cesar con asiento en la sólida unidad nacional”,
concluye la carta Juan Daniel Jaramillo.

Este ese el texto completo de la carta:

Londres, enero 20 de 2012

Señor doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Bogota, D.C.

Apreciado señor presidente:

Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que puso fin al caso Colombia-Nicaragua, acepté formar parte de un grupo de abogados que recibió de usted y de la ministra de Relaciones Exteriores el encargo de analizar el fallo y estudiar las alternativas que podría encontrar el país para asegurar derechos humanos y económicos de los isleños, garantizar el entorno ambiental y salvaguardar la seguridad de la zona.

Paso fundamental fue la identificación de una firma practicante del derecho internacional público de estatura global que abocara con la mayor prontitud el análisis de las opciones de interpetación y revisión que ofrece el Estatuto de la Corte Internacional. En asocio de mis colegas del grupo designado y de la firma internacional avanzamos en este punto. También en la prospección de otras posibilidades realistas que puedan hacer parte de una estrategia efectiva que restituya el equilibrio alterado.

En ningún instante se recibió el encargo, por lo menos en mi caso personal, de “trabajar en un documento que contenga una bitácora de todos y cada uno de los hechos desde que se inició el proceso” con miras a un presunto juicio histórico, según palabras del ministro del Interior el pasado 15 de enero.

Antes de la conformación del grupo de abogados y con un carácter rigurosamente técnico sostuvimos conversaciones de naturaleza exploratoria en la fima Parra Rodriguez & Cavelier con la viceministra Patty Londoño hace varios meses, siguiendo instrucciones del Gobierno Nacional, con miras a proyectar la elaboración de una diligencia debida del proceso.

En estas conversaciones participamos, entre otros, los doctores Bernardo Rodríguez Ossa, Álvaro Parra Gómez y yo, además de varios abogados asociados de la firma. El criterio que se acordó fue un auditaje legal internacional sujeto a las normas y reglas propias de cámaras de abogados y asociaciones legales internacionales.

El Gobierno Nacional consideró apropiado esperar a que la sentencia fuese dictada. Sin embargo, la canciller María Ángela Holguín solicitó el acervo probatorio integral, al seguir nuestro consejo,  a la Corte Internacional de Justicia para que funcionarios de la Cancillería iniciaran la dispendiosa organización previa que demanda el auditaje.

Una decisión encomiable. Terminado el proceso Colombia-Nicaragua y en el marco de las decisiones tomadas por el alto Gobierno, se abocó de nuevo el tema del auditaje legal internacional. En París se discutió con el jurista Robert Volterra y el Gobierno, como usted sabe, se encuentra en este preciso instante tomando la decisiones pertientes.

Las palabras del ministro del Interior hablan de una bitácora que implicaría la hechura de registros y actuaciones después de su ocurrencia, lo cual pugna con las normas que yo conozco y he trabajado en auditaje de procesos internacionales.

Inicialmente entendí que las palabras del ministro del Interior implicaban que la cartera a su cargo había iniciado el trabajo de esta bitácora. De inmediato comuniqué a la canciller mi absoluta sorpresa y mi oposición a que ello ocurriera, puesto que se trata de trabajos que por su alta naturaleza técnica sólo pueden llevar a cabo firmas y profesionales especializados. La canciller aclaró en forma positiva mis dudas.

Solicite asimismo a la canciller y por su conducto a usted, señor presidente, que el Gobierno debería fijarse la regla de que vocería y decisiones que envuelven la instancia post-sentencia en que entramos debían concentrarse en cabeza del jefe del Estado y del ministro del ramo.

Con inmenso respeto debo anotar a usted, señor presidente, que el comunicado del Gobierno no enfatizó este punto, con lo cual las palabras del ministro del Interior mantienen su valor.

Yo debo entender, con todo respeto, que mi requerimiento no fue atendido. Procede en esta dinámica mi amable retiro.

Reitero aquí: en procesos de alto contenido controversial en la etapa posfallo, como es el caso actual, practicantes y expertos a cargo requieren prudencia y tacto máximos en los dichos de los funcionarios gubernamentales. Invocar en este momento la hechura de registros, años después de ocurrencia de los hechos, y prospectar juicios históricos, es máxima imprudencia. Ellos encontrarán lugar desde luego a través de muchos otros canales.

Las palabras que pronuncien públicamente y publiquen en este momento miembros del Gobierno y abogados, como fue mi caso hasta el día de hoy, tienen monitoreo permanente. Práctica usual, lícita y válida en la práctica contenciosa internacional.

Ejerzo el derecho internacional, no la política ni la gestión política ni administracion de políticos. Es evidencia de la historia, no obstante, que la política prima. Pero en este caso son las exigencias del derecho –que son las del país– las que nos mantendrán nuestros derechos y deben sobreponerse a cualesquiera otras.

Los imperativos políticos del momento deben cesar con asiento en la sólida unidad nacional.

Como lo he hecho a lo largo de mi carrera, seguiré sirviendo a mi país. Su defensa no tiene grados y con el mismo fervor y dedicación con que he estudiado los asuntos públicos en forma paralela al ejercicio de mi profesión y de la academia, como antes al desempeño de la diplomacia multilateral, seguiré atento al caso.

Reciba, señor presidente, las expresiones de mi respeto y amistad,

Juan Daniel Jaramillo Ortiz