:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/L0G-dIKJV9edFaiPOWuv2wOwTKA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/HU4AX5MKXBGUDEOUYNMHUHKDGY.jpg)
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, propuso que se les prohíba a las empresas operadoras de telefonía celular en el país prestar sus servicios desde las cárceles del país. “Debe ser un bloqueo obligatorio, con alcances de punibilidad. No puede seguir ocurriendo que sostengamos todos que la extorsión en Colombia, en un 50 o 60 por ciento, se comete desde las cárceles y no pasa nada. Hace dos semanas estuvimos en la penitenciaría de Picaleña y encontramos en un solo registro 195 sim cards que funcionaban a través de 20 teléfonos y tenían registradas a toda la población de Ibagué, buena parte del Tolima y de Risaralda. Operamos y bajó la extorsión en esos territorios, pero siguen prestándose los servicios de telefonía, que son los que permiten la extorsión desde las cárceles”, reveló.
El jefe del ente investigador propuso también que se establezcan acuerdos de cooperación para exigir que las empresas proveedoras de servicios de mensajes de texto y de voz, como WhatsApp o Telegram, no puedan operar a través de las empresas de telefonía si no suscriben un acuerdo para desencriptar esas formas de comunicación cuando, previa autorización judicial, se establezca que pueden estar afectas a organizaciones criminales.
“El Estado no puede quedar en indefensión frente a esta realidad de la criminalidad vigente utilizando la tecnología actual. Muchas empresas multinacionales no permiten que opere la justicia. Necesitamos un instrumento de naturaleza legislativa para impedir que impunemente se utilicen estos mecanismos en beneficio del crimen, con todos los controles y las garantías del caso”, concluyó Néstor Humberto Martínez.