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Así sucedió con los casos del exdiputado del Valle Sigifredo López, a quien acusaban de haber planeado el secuestro de los miembros de la asamblea, y del senador Luis Fernando Velasco, quien fue señalado de tener vínculos con paramilitares y posteriormente fue absuelto.
La mismo habría ocurrido con la expresidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez, investigada por la Corte Suprema de Justicia dentro del escándalo de la parapolítica, pero quien luego fue absuelta por el alto tribunal. Ahora, según conoció El Espectador, la Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso contra Andrés de Jesús Vélez Franco y Luis Alberto Medina Salazar —quienes actualmente pagan condenas por lavado de activos, homicidio y concierto para delinquir— por el delito de falso testimonio.
De acuerdo con la denuncia, Vélez Franco rindió testimonio en marzo de 2011, bajo el radicado 26625, y en agosto del mismo año, con el número 29636, y dijo que en una reunión con el jefe paramilitar Miguel Arroyave, en un lugar llamado El Tropezón, éste le había pedido que apoyara a Nancy Patricia Gutiérrez. La investigación de la Corte Suprema demostró que la declaración era falsa, en primer lugar porque quien mandaba en esa región era Martín Llanos.
Por su parte Medina Salazar, alias Cristo Malo, aseguró a cambio de beneficios judiciales que un paramilitar, alias El Pájaro, ayudó a Gutiérrez en su campaña en la región del Tolima en 2002. Nuevamente fue demostrada la falsedad. Para esa época, Gutiérrez participó en las elecciones a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, por lo que era imposible que resultara favorecida.
Estos hechos son objeto de análisis en la Fiscalía General, tal como lo anunció el director de la entidad, Eduardo Montealegre, quien también ha advertido que hay una fábrica nacional de testigos. Por eso decidió hacer un inventario de declaraciones de Justicia y Paz y crear un grupo especial para establecer relaciones entre grupos criminales y falsos testigos, y también anunció que serán retirados los beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz.
La preocupación no poca, como señala el abogado Daniel Emilio Mendoza, defensor del senador Velasco: “En Colombia no hay un cartel sino una industria que se encarga de distraer a la justicia, de evitar que haya justicia, de torcerla y llevarla a cometer errores”.