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Política 22 Nov 2012 - 11:55 pm

Las formas jurídicas de la usurpación de tierras en Colombia

En un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro quedó consignado un crudo diagnóstico que explica este fenómeno.

Por: Natalia Herrera Durán
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Escrituras falsas, constreñimiento y suplantación han sido las formas más comunes en las que, a través de documentos públicos que ante la ley son más que transparentes, se han despojado miles de hectáreas de tierra pertenecientes al Estado y a los colombianos. Así está consignado en el último diagnóstico de La Superintendencia de Notariado y Registro, que hace un recuento de estas modalidades que, por lo general, quedan en la impunidad. Estas son algunas de las modalidades detectadas.

Venta Forzada

Una de estas formas ha sido la venta forzada y bajo presión. Un ejemplo, que tristemente es considerado emblemático porque reúne casi todos los tipos de despojo, es la forma cómo paramilitares y negociantes lograron quedarse con cerca de 41.790 hectáreas de forma fraudulenta, a través de la ayuda de notarios y funcionarios públicos en el Urabá.

No es un caso menor, y menos cuando hoy los coletazos de la justicia siguen dando hoy de qué hablar, especialmente cuando se conoció que La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía le pediría a la Dirección Nacional de Fiscalías y a su delegada ante la Corte Suprema investigar al actual gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Sotomayor, quien para la fecha de los hechos era representante del Ministerio de Agricultura en dicho Fondo. La solicitud se desprende de las declaraciones que el polémico exgerente del Fondo Ganadero y exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ha hecho a la justicia. Osorio señaló a Sotomayor de ser miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, que entre 1998 y 2005 compró 109 predios adjudicados como baldíos a campesinos, hasta que se convirtió en la persona jurídica que más concentró tierra en el Urabá, como lo reportó la Superintendencia de Notariado.

La mayoría de estas ventas de tierras se hicieron con supuestos poderes que los campesinos daban a terceros, por el temor a que los paramilitares tomaran represalias violentas. Con una variable: la apoderada más frecuente fue Sor Teresa Gómez Álvarez, esposa de un hermano medio de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’.

Gómez Álvarez está actualmente prófuga de la justicia y condenada a 40 años de prisión, por el homicidio de la líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo. Llegó a ser la apoderada de 52 fincas, que terminaron en manos de testaferros de los Castaño, y del Fondo Ganadero de Córdoba. Es el caso del campesino José Manuel Ruíz Acosta, que vendió 28 hectáreas en esa época a 400 mil pesos. Es decir, 14 mil pesos por hectárea.

Suplantación

La suplantación ha sido otra modalidad común para el despojo de tierras. La historia del campesino Cardona Higuita, a quien testaferros de paramilitares intentaron suplantar dos años después de que fue asesinado, es más usual de lo que se cree. Hernando Cardona Higuita y su hermano Conrado compraron tierras en la vereda Los Cedros, en el corregimiento de Bajirá, del municipio de Mutatá (Antioquia), quedando en medio del corredor violento que las Farc y los paramilitares se diputaron durante años.

Tras varias amenazas, el 26 de diciembre de 1997, Hernando fue asesinado por las autodefensas. Con la sorpresa de que el 7 de enero de 2000 y el 7 de febrero de ese mismo año, en una notaría de Antioquia, se suscribieron dos escrituras públicas de compraventa del inmueble de este campesino. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la cancelación de la inscripción de los títulos.

Venta sin autorización

Las ventas sin la autorización de los Comités de Atención Integral a la Población Desplazada también han sido una constante. Esto quiere decir que predios que tienen protección, por estar en regiones donde se dio un fuerte desplazamiento y violencia se venden. Es el caso de Chibolo, en el Magdalena.

Estas tierras fueron inicialmente tituladas a parceleros por el Incora en los años 90. Pero entre 1997 y 2000, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios, argumentando que los campesinos abandonaron la tierra o incumplieron con el pago de un crédito que les otorgaron quince años atrás. Y claro que la abandonaron, tras la amenaza perentoria del comandante paramilitar ‘Jorge 40’ y sus hombres, que asesinaron a varios de ellos, los desplazaron y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.

Estas cancelaciones de títulos ocurrieron en 12 municipios del Magdalena, pero se concentraron sobre todo en cuatro de ellos, justo los que mayor desplazamiento forzado registraron a causa del terror de ‘Jorge 40’. Posteriormente a la revocatoria, el Incoder adjudicó nuevamente estos predios a desmovilizados de las Auc, a sus familiares o testaferros de los propios exjefes paramilitares.

Remate de predio

También está el remate de predios, como sucedió en La Hacienda El Toco, en Valledupar (Cesar). El Incora había parcelado, con fines agrarios, esta finca a los campesinos de la región. Muchos años después, esta entidad, que había cambiado su nombre a Incoder, advirtió que eso terrenos habían sido embargados a favor de Manuel Rodríguez Fuentes Hugues, miembro de las Auc, según el diagnóstico de la Superintendencia.

También el Estado

Pero el despojo en el país no solo ha afectado a las víctimas de los diversos grupos armados ilegales. El robo de baldíos del Estado a través de maniobras jurídicas es inmenso. Sin duda, la recuperación de esas propiedades será una tarea necesaria y trascendental para la ejecución de la ley de restitución de tierras a víctimas. Una de las formas comunes que han encontrado los inescrupulosos es la ampliación del área del terreno a través de declaraciones extrajuicio.
Eso fue lo que sucedió en el predio La Frontera, en San Martín (Meta). Inicialmente, el folio de matrícula de ese predio tenía 20 mil hectáreas. Pero varios años después, ante un juzgado, el dueño del terreno, el señor Libardo Mora, hizo una aclaración inesperada en un juzgado de San Martín: el área del predio era ahora de 38.000 hectáreas. Después, se fueron realizando compraventas parciales de 6.000, 4.000, 8.000, 14.000 hectáreas, que provenían de títulos con falsa tradición, pero que a través de esta maniobra se le han dado plena legalidad.

A través de mejoras

El aumento del área de los terrenos a través de la disculpa de hacer mejoras es otra forma que también hace carrera en el país. Esto significa que inicialmente se registran mejoras en terrenos baldíos de la Nación sobre un área determinada y a medida que se van haciendo las actualizaciones del predio se va aumentando arbitrariamente su área.

El ejemplo en este caso es el de Sebastrol, en la zona rural de Florencia (Caquetá). En la escritura inicial de este terreno se establece que un colono vende mejoras en un área de 10.500 hectáreas a Gerardo Quintero. Pero a la fecha se han efectuado 48 compraventas de derechos de cuota. En las ventas que se han hecho a partir del 2007 se ha aumentado el área del predio de tal manera que la última escritura registrada señala que el predio comprende 24.000 hectáreas, más del doble de cómo fue registrada en un principio.

Aumento de predios

Finalmente, el aumento de áreas a través de compraventas, es otro modo habitual y polémico que han utilizado para apropiarse de baldíos del Estado. Es el caso del predio conocido como Villa Concha, en el Parque Tayrona, que cuando lo compraron tenía 400 hectáreas. Ya en 1975, en la escritura de venta se dice que el predio tiene un área de 1.389 hectáreas. En ese mismo año se venden 968 hectáreas de ese predio a la empresa conocida como Agrocolombiana del Desarrollo Ltda, y se reserva la parte restante. Pero a pesar de que se efectuó esta venta, el folio de matrícula del predio señala, sin sustento técnico ni jurídico, que hoy tiene un área de 1.577 hectáreas con 8.505 metros cuadrados.

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