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La exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, tomando las banderas del Partido Conservador, se inscribió ayer como candidata a la Presidencia y presentó como fórmula a la Vicepresidencia al ex alto comisionado para la Paz Camilo Gómez, decisión que resulta estratégica pues se desmarca de la imagen de contradictora de los diálogos de paz y le da margen de acción frente a la propuesta que encabeza el presidente Santos.
Con su inscripción, Ramírez también le sale adelante a la decisión que debe tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la legalidad de la convención del Partido Conservador en la que fue proclamada como candidata. Según se ha conocido, la mayor parte de los magistrados del CNE plantea una suspensión provisional, medida que no aplicaría para la inscripción formal que realizó en la Registraduría.
En cuanto a Camilo Gómez, su experiencia en política electoral es nula y por eso no se puede medir el impacto a la hora de los votos. Sin embargo, es claro que ha sido uno de los escuderos del último presidente conservador, Andrés Pastrana, quien se había divorciado del partido. Con este nombramiento podrían volver los lazos de entendimiento. Además, Pastrana es uno de los dirigentes de la colectividad que reclamaban candidato propio y pedían la salida de los azules de la Unidad Nacional.
Pero la jugada con el nombramiento de Gómez apunta a lo que, sin duda, será el eje central del debate electoral a la Presidencia: la paz. Ramírez ha señalado que, de resultar elegida, daría un compás de espera para lograr un acuerdo, pero los ciudadanos la ven como una dirigente de mano firme que podría echar atrás la negociación que hoy adelanta el gobierno Santos y las Farc en Cuba. El excomisionado conoce a los miembros del secretariado, la complejidad del proceso y ha hecho un seguimiento minucioso del conflicto.
Fuera del escenario electoral, Ramírez está a la expectativa de la decisión que tome el CNE, y para eso ha puesto en marcha todo un arsenal jurídico con el fin de evitar que tumben su aspiración. Uno de los protagonistas es el propio Camilo Gómez, quien, en compañía del exmagistrado Jaime Arrubla y el exviceministro Miguel Ceballos, presentó una recusación contra siete miembros del organismos electoral que supuestamente podrían estar interesados en hundir la candidatura conservadora, por pertenecer a partidos de la coalición reeleccionista.
La encrucijada para los magistrados del CNE no es fácil de resolver. La Procuraduría, a través de su delegada, María Eugenia Carreño, advirtió ya que los magistrados no tienen competencia para realizar una suspensión provisional de la convención. De hacerlo, estarían bajo la lupa del Ministerio Público e incluso algunos de ellos no podrían aspirar a ser de nuevo magistrados del CNE.