¿Freno en seco a los proyectos de la paz?

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

El calendario oficial indica que a partir de hoy el Congreso retoma las sesiones ordinarias. Eso significa, palabras más palabras menos, que senadores y representantes a la Cámara se preparan para sacar del baúl sus asignaturas pendientes y, a punta de debates “encaletados” y proyectos de ley, retomarán sus actividades legislativas al margen de la implementación del Acuerdo de Paz. Ahora, materializar los textos de La Habana pasarán, inevitablemente, a un segundo plano.

Y es que han pasado tres meses desde que el Gobierno convocó las sesiones extraordinarias en las que se suponía que debía acelerarse el desarrollo normativo de lo pactado con las Farc, y lo único cierto es que el procedimiento especial legislativo o fast track ha sido todo, menos rápido. Ayer, por ejemplo, se iba a debatir el estatuto de la oposición, pero su discusión tuvo que ser cancelada “porque hasta el momento no se ha radicado la ponencia”, como lo argumentó la misma Presidencia del Senado.

Por eso, la carrera contrarreloj está a punto de comenzar. El decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre pasado señalaba que, durante el período de sesiones extras (de tres meses), el Legislativo tendría que ocuparse del trámite de los proyectos de ley y de actos legislativos con el fin de implementar el Acuerdo Final a la mayor brevedad. Pero la realidad demuestra que de casi una treintena de normas mínimas para proteger dicho acuerdo, apenas tres lograron ser aprobadas en ese tiempo: la Ley de Amnistía, la participación de voceros de las Farc en el Capitolio y la Jurisdicción Especial de la Paz, cuyo proceso de conciliación aún está pendiente.

Así que no sobran las advertencias. En diálogo con El Espectador, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aclaró que, aunque el fast track obliga a que en el orden del día deben priorizarse los asuntos de la paz, la presentación de los proyectos por el lado del Gobierno ha sido lenta “y hay semanas en las que no vamos porque no tenemos proyectos por estudiar. Nos anunciaron una gran cascada de iniciativas que realmente han sido muy pocas. La verdad, el Congreso ha estado más eficiente que el Gobierno frente a acelerar el paso para implementar los acuerdos”, enfatizó el senador de la U.

De hecho, las prioridades ya empezaron a cambiar. Para el martes de la próxima semana fue convocado un debate de control político en la plenaria del Senado, liderado por el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, sobre pobreza e inequidad social. Y el miércoles, el primer proyecto en el orden del día que se debatirá tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Se trata de una iniciativa gubernamental que permite tomar medidas en asuntos de contratación de obras públicas y evitar cualquier tipo de manipulación en las licitaciones. Un evidente hecho que demuestra que la agenda política se empezó a volcar hacia el principal tema de campaña del año entrante, otra de las amenazas que acechan la implementación de los acuerdos de La Habana.

“Hay un embotellamiento que se relaciona con el problema político en el Congreso, porque puede terminar priorizando las campañas electorales de 2018 sobre la implementación de los acuerdos”, advirtió el representante del Polo Alirio Uribe. Y lo más grave es que al fast track le quedan apenas tres meses de vida. Hasta junio, según el Acto Legislativo para la Paz, estará vigente y aunque es cierto que podrá ser prorrogado por otros seis meses, la campaña para las elecciones del año entrante ya se asoma, y con ella el inevitable ausentismo legislativo. Especialmente en el segundo semestre del año, pues las prioridades políticas de senadores y representantes estarán enfocadas en las regiones.

Y han surgido todo tipo de propuestas, como el cónclave legislativo para la paz. ¿De qué se trata? Básicamente, de congregar a todas las bancadas parlamentarias de la llamada Unidad por la Paz, a funcionarios del Gobierno e integrantes de las Farc, para acordar un calendario legislativo y lograr sacar, al menos, las leyes más urgentes que requieren los acuerdos para no poner en riesgo su implementación. “Serían una especie de retiros espirituales legislativos, de tal forma que podamos decir que a finales de mayo la arquitectura legislatura la tengamos tramitada”, explicó la representante de la Alianza Verde Ángela María Robledo, una de las promotoras de la iniciativa.

En últimas, la legitimidad de los acuerdos con las Farc requerirá el mayor consenso posible entre las diferentes fuerzas políticas. No en vano, la Comisión de Seguimiento y Verificación no tramita nada en el Congreso sin antes ponerse de acuerdo frente a los proyectos más urgentes. El lío es que la demora en lograr tales consensos se ha convertido en la principal amenaza de la implementación de lo pactado con la guerrilla y lo cierto es que el último salvavidas no puede quedar en manos del presidente Santos. Es de recordar que el jefe de Estado está facultado para expedir decretos que permitan poner en práctica los acuerdos, pero hacerlo a diestra y siniestra enviaría un mal mensaje al país que se autoproclama como uno de los más democráticos en la región.

Quedan pues varios asuntos por debatir en materia de paz, pero el retorno del Congreso a sus actividades ordinarias se convertirá en un medidor de pulsos políticos. El Centro Democrático, por ejemplo, reclamará mayores espacios para abrir las discusiones en torno a asuntos ajenos a la paz, como abonar el escenario para desarrollar una campaña presidencial que le rinda honores al triunfo del No en el plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre de 2016, y si el Gobierno no acelera su paso, será sin duda el mayor perjudicado.