En la mañana de este miércoles representantes de los organismos de control y los presidentes de las altas cortes asistieron al Congreso para dar sus sugerencias a la reforma constitucional de equilibrio de poderes. La discusión se centró en porqué el texto del gobierno no incluye el aforamiento del procurador, el contralor y el Defensor del Pueblo.
“El proyecto no le otorga fuero al procurador, ni al defensor, ni al contralor. Lo que me parece un error, que en materia penal estén en manos del Fiscal General. No veo argumento para que el fiscal tenga un procedimiento especial”, advirtió la senadora Claudia López.
Y advirtió que en el futuro lo menos que desea es que “fruto de alguna controversia se pueda juzgar al procurador porque piense distinto. Parte de la propuesta del Partido Verde es que todos tengan el mismo fuero”.
Durante su intervención varios de los invitados estuvieron de acuerdo con mantener el foro, entre ellos el Procurador General de la Nación quien dijo que esto es necesario por la delicadeza de los procesos que adelantan los órganos de control.
A su turno, Fernando Arboleda Ripoll, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia aseguró que “los fueros están a la disposición de la garantía de la función y no de las personas. Eso haría del debate transcurriera dentro del modelo de estado y el debate constitucional que nos hemos planteado”. Lo que indica que según él ningún alto funcionario debería perder el fuero.
Así mismo, indicó que no hay claridad sobre las funciones que tendrá el tribunal de aforados que también está contemplado en la iniciativa que reforma la constitución.
“La propuesta no aclara el tipo de investigación que haría el tribunal de aforados. Si a sus miembros se les atribuye calidad de magistrados es porque está pensando en un juicio jurídico pero lo que aquí van a hacer es una acusación para que se adelante un juicio político en el Senado de la República y los criterios de uno y otro juicio difieren”, aseguró el extogado.
Por último, sostuvo que el tribunal se encargará de faltas fiscales, faltas penales y faltas disciplinarias de los servidores públicos, “no ser que se prevén trámites distintos, como se hace actualmente, por lo que se estaría reduciendo la falta disciplinaria, la falta fiscal y el procedimiento penal a un solo proceso. Todo refundido en un solo tipo de procedimiento”.