Funcionarios, ¿a examen de drogas?

Sin que haya iniciado su trámite en la Cámara, ya hay defensores y detractores de la iniciativa. / Archivo - El Espectador

Un proyecto de ley radicado esta semana en la secretaría de la Cámara, de autoría del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y el representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático, plantea la obligatoriedad para todos los funcionarios públicos —desde el presidente de la República para abajo—, miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, pilotos, conductores de servicio público, médicos y hasta profesores o niñeras de realizarse periódicamente, o de manera aleatoria, exámenes para demostrar que no han consumido ningún tipo de alucinógenos. El propósito central es comprobar que no han usado drogas mientras están ejerciendo dicha actividad.

De acuerdo con la iniciativa, por la especial trascendencia social o el potencial peligro para terceros, deben hacerse el examen quienes ejerzan estas actividades. De hecho, el Gobierno pasará a determinar las sanciones correspondientes a quienes tras el examen se revelen como consumidores de sustancias estupefacientes. Al respecto, la norma propuesta es clara en señalar que debe llevarse primero a la disuasión, para luego pasar a la pérdida temporal o hasta definitiva del derecho a ejercer su profesión u oficio si se comprueba que persiste en el consumo.

“Lo que haga una persona en su casa es problema de ella. Lo que pasa es que, por ejemplo, un conductor de un bus escolar ya no sería un problema individual, sino que está comprometiendo la seguridad de los 20 niños que lleva al colegio. O no se puede salir a alegar libre desarrollo de la personalidad cuando un piloto maneja un avión mientras consume cocaína y lleva 300 personas cuya seguridad depende de él. Lo mismo pasa con un soldado, un policía, un vigilante, mientras están portando armas en ejercicio de sus funciones: si se ponen a consumir heroína son un peligro para la sociedad”, explica el representante Hoyos.

En lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, el congresista dice que el proyecto se refiere a la relevancia social de la función que cumplen. “Un presidente toma decisiones que comprometen a 48 millones de personas y uno espera que las tome sobrio, que no esté bajo los efectos de la cocaína e incluso del alcohol cuando está definiendo, por ejemplo, asuntos de seguridad nacional. Los servidores públicos tenemos la obligación de dar un ejemplo a la sociedad, y más cuando se trata de un aspecto tan sensible para los colombianos, pues parte de la tragedia que hemos vivido ha sido por el narcotráfico”, agregó.

Sin duda es un asunto polémico, pues implica establecer hasta dónde puede llegar el Estado frente a la intimidad de cada ciudadano. Para el exmagistrado José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, resulta razonable tratar de establecer esta medida como mecanismo de protección para los menores de edad. “Es lógico que, en el caso de los profesores, quienes están a cargo de nuestros niños, deban estar sometidos a este examen”, señala en defensa del proyecto. El jurista considera que los derechos de los niños prevalecen y pasan a ser un límite frente al derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, hay quienes consideran que la propuesta uribista podría llevar al traste los derechos constitucionales en Colombia. “Aunque es positivo que el Centro Democrático esté en la tesis de que el problema del consumo de drogas deba ser tratado como un asunto de salud pública y no de policía, no comparto la tesis de que el Estado pueda transgredir la intimidad de las personas”, señala el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. En su concepto, cualquier trabajador —independientemente de su actividad—, si no refleja un problema de adicción por consumo de drogas, no debe ser sometido a que el Estado “menoscabe” su intimidad con este tipo de exámenes.

Por cierto, el proyecto también está encaminado a que el Estado establezca “centros de atención móvil para drogodependientes”, lo cual, palabras más, palabras menos, es prácticamente el mismo plan de los llamados Camad que puso en marcha en 2012 en Bogotá el entonces alcalde Gustavo Petro. En este sentido, la norma apunta a que el Estado pase a suministrar “de manera gratuita y decreciente” las sustancias sicoactivas o estupefacientes, en el curso de un tratamiento médico de rehabilitación a los drogadictos, que serían tratados como pacientes, en desarrollo de este procedimiento clínico. Y más aún: para esta tarea, el Estado pasará a “producir o adquirir” determinadas sustancias.

Además, el propósito es establecer lugares controlados y dispuestos de manera especial para el tratamiento de las adicciones, tal como se daba en los Camad de Petro. La tesis del uribismo es que con este tipo de tratamientos “se garantizará la rehabilitación de los pacientes para superar su adicción, pero también se llevará a una significativa reducción de la criminalidad asociada al consumo de drogas. También permitirá robustecer la política pública de prevención y atención integral al adicto, para llevar a un descenso significativo en la demanda como fórmula asociada a la disminución de la oferta”.

El senador Uribe ha manifestado, en varias intervenciones públicas, el temor por las consecuencias de que Colombia esté transitando de ser un país productor a un país consumidor de drogas. Por eso su propuesta parte de la base de la atención integral del consumo de drogas como enfermedad por parte del Estado, a través de políticas públicas en cabeza del Ministerio de Salud. Y en este sentido, los dos congresistas del Centro Democrático advierten que Colombia debe enfrentar un nuevo escenario en razón del cambio de los patrones del uso de drogas porque la disminución “progresiva y sostenida” en el consumo de cocaína en Estados Unidos está llevando a aumentar la demanda interna.