Fue asesinado Carlos Arturo Ospina, familiar de la senadora Piedad Córdoba; hace unos días el Movimiento Marcha Patriótica afirmó que han sido asesinados 30 de sus militantes. La candidata al Senado Claudia López dice que ofrecen $200 millones por su vida. Esas son algunas denuncias que han presentado miembros de fuerzas políticas que no pertenecen a la coalición que hoy reclaman garantías.
Pero las quejas no son sólo en el plano de la seguridad. En el escenario electoral, denuncian, se ha notado una disparidad que afecta el ejercicio de la política. Aunque reconocen que la Unidad Nacional de Protección que dirige Andrés Villamizar ha reforzado los esquemas, los factores financieros y la posibilidad de fraude están vigentes.
La candidata a la Presidencia por el Polo Democrático, Clara López, criticó que el Gobierno haya dispuesto presupuesto para la implementación del voto electrónico, lo que hará más fácil el fraude en las elecciones. “Se gastan $2,8 billones en mermelada, pero no tienen dinero para evitar la trampa. He insistido que es necesaria la implementación de veedores antes de que se consume el fraude, pero no nos han escuchado”, afirmó.
Igualmente preocupante es la situación de la UP, que luego de que la justicia le restituyó la personería al reconocer que fueron víctimas de un exterminio, décadas después, hay amenazas que generan temor porque la historia se repita. Su candidata a la Presidencia, Aída Avella, denunció interceptaciones telefónicas, allanamientos de sus sedes, falta de garantías en regiones apartadas y, de nuevo, el presupuesto.
“Hemos solicitado dinero, nos dicen que va a salir un decreto, que ya lo van a firmar, pero no hemos recibido ni un peso”, aseguró Avella quien además se quejó del ministro de Defensa al asegurar que él significa un riesgo para hacer política. “Cree que participar en un paro es lo mismo que ser guerrillero. El procurador, por ejemplo, no usa el machete, pero sí tiene el poder de mochar cabezas”.
El panorama resulta preocupante y, aunque el ministro de Interior, Aurelio Iragorri, ha manifestado que “repudiamos cualquier forma de estigmatización de las personas por su pertenencia a partidos políticos o movimientos sociales”, la verdad es que las denuncias se mantienen.