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Lo hizo evidente el presidente Juan Manuel Santos en su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado domingo 20 de julio, cuando afirmó que la coalición de la Unidad Nacional “se tradujo en el mayor activo que se puede tener para lograr reformas sustanciales: gobernabilidad”. Y precisamente es ese factor en el que se ha concentrado hoy el Gobierno antes de radicar las esperadas reformas a la justicia, política, educación y salud, pues sabe que para lograr un trámite exitoso es necesario contar con las mayorías, lo cual aún no ha consolidado. El escenario ya no es el mismo que lo acompañó en su primer mandato, ahora la oposición ha crecido y hasta el momento no se ha podido traer de regreso a dos exaliados: la Alianza Verde y el Partido Conservador.
Mejor dicho, las cuentas no cuadran y aunque en las elecciones legislativas del 9 del marzo la Unidad Nacional ganó, a la hora de las cuentas el margen es reducido. En el Senado, en el mejor de los casos, el apoyo a Santos alcanza 67 parlamentarios de 102, pero hay que tener en cuenta que es habitual que no asistan todos a las plenarias, por lo que se corren riesgos y será difícil tratar de imponer la llamada ‘maquinaria’. En la Cámara, la diferencia es más holgada: 110 de los 166 representantes apoyan al Gobierno. No obstante, por la dinámica de las discusiones, no contar con el apoyo de casi 60 representantes es un contrapeso que no se puede desconocer ni minimizar.
Con ese panorama, se sabe que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha dedicado por estos días todos sus esfuerzos en acercar a verdes y conservadores. En la colectividad azul, la mitad de la bancada que acompañó la reelección continuará de ese lado. Pero no ha sido fácil con quienes no están con Santos, que además decidieron no asistir a los encuentros con los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y del Interior, Aurelio Iragorri, que se llevaron a cabo esta semana.
“No nos han llamado, ni estamos pidiendo pista. Si nos necesitan, lo haremos por compromiso con Colombia, pero con reservas”, dice el senador Eduardo Enríquez Maya, uno de los antisantistas en la pasada contienda presidencial. Lo que sí advirtió el parlamentario es que la tarea para el Gobierno será difícil, pues “en el primer cuatrienio, teniendo una coalición de 97 senadores, se le hundieron proyectos muy importantes y no pudo sacar adelante las reformas propuestas. Como están las cosas, hacer realidad la agenda de la que habló el presidente Santos el 20 de julio está muy cerca de lo imposible”, aseguró.
Lo cierto es que la cuestión con los conservadores es más difícil de lo que parece. En algunas regiones fue evidente que el Gobierno, en las elecciones al Congreso, apoyó a candidatos de otros partidos e incluso hay quienes consideran que han sido “criminalizados” por el Ejecutivo, como ocurrió con los asuntos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y con la acusación ante el Consejo de Estado por la conciliación de la reforma a la justicia.
Y no falta quien haya salido a ‘cobrar’ lo que consideran fue el nulo apoyo que se le brindó al senador nortesantandereano Juan Manuel Corzo en su paso por la presidencia del Congreso, contrario a lo que ocurrió con Juan Fernando Cristo, que es de la misma región. A todo esto se suma la presión de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien reclama del partido independencia y que no se dejen comprar con burocracia.
Su posición es radical: “No puede hablarse de apoyo del conservatismo a la unidad liberal o nacional sin consultar las bases. Si algunos de nuestros congresistas resuelven hacer parte de la bancada del Gobierno, que lo hagan a título personal, pero no comprometiendo al partido como un todo. Sería lamentable adherir a un gobierno cuya meta es la reunificación liberal, con el pretexto de la paz. Además, eso de usar la chequera para ganar gobernabilidad le quita toda la legitimidad”, enfatizó Marta Lucía Ramírez, de quien se dice aspira a convertirse en la presidenta del Partido Conservador, para lo cual busca la realización de una nueva convención, cuyas decisiones —según los estatutos— estarían por encima de la Dirección Nacional.
Con la Alianza Verde, el Gobierno también ha hecho gestiones, pero hasta ahora esa colectividad sigue hablando de independencia crítica. El martes hubo una reunión con el presidente Santos en la Casa de Nariño, donde jugaron con las cartas abiertas. “El mandatario no ofreció nada a cambio del apoyo a su gobierno, nosotros tampoco estábamos dispuestos a aceptar. Hablamos de temas específicos que consideramos que son prioritarios y le dejamos claro que en lo que estemos de acuerdo lo apoyaremos, pero lo que no compartamos, le vamos a hacer oposición”, explicó el senador Antonio Navarro.
El abanico de temas que plantean los verdes es amplio y muchos se ajustan a la agenda que el Gobierno ha propuesto: paz y posconflicto; reformas a la justicia, educación y salud; derechos humanos; minería y medio ambiente; política agropecuaria; asuntos laborales y pensionales; descentralización; política internacional con énfasis en fronteras; mecanismos tributarios y un estatuto especial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En todos estos asuntos, la postura del Partido Verde es una: la única posibilidad de negociación es la que más le convenga al país.
Ahora, además de los conservadores y los verdes, el Gobierno podría pescar votos, como ya lo ha hecho, con Opción Ciudadana (antiguo PIN). Esta colectividad, aunque nunca ha sido reconocida como parte de la Unidad Nacional, ha aparecido como ‘salvavidas’ en la aprobación de algunas iniciativas en el reciente pasado. Pero incluso ni siquiera ahí el presidente Santos la tendrá fácil. En las elecciones, sus miembros de dividieron entre santistas y zuluaguistas y entre los actuales legisladores hay algunos que son firmes escuderos del expresidente Álvaro Uribe.
Es decir, la urgencia hoy del segundo mandato Santos es buscar gobernabilidad, que no es más que la concurrencia de condiciones favorables para poder ejecutar su Plan de Gobierno. Y lo que se ve hoy en día es que solo hay un consenso en que la paz —la principal apuesta del primer mandatario— debe ser un propósito nacional, aunque se espera un candente debate en la reglamentación del Marco Jurídico de los eventuales acuerdos que se logren con las Farc en La Habana. Incluso, el expresidente Uribe y la bancada del Centro Democrático sorprendieron esta semana pidiendo que se firmara un acuerdo lo más pronto posible, para que este sea sometido a consideración de los colombianos a través de un referendo, y no seguir jugando con las expectativas de paz de la gente.
Pero más allá de la paz, el escenario que se plantea tiene varias aristas. En su discurso de instalación del Congreso, el jefe de Estado anunció una serie de reformas que apuntan al reequilibrio de poderes, para solucionar el desbarajuste institucional que —según dijo— ocasionó la reelección presidencial. El primer paso es eliminar esa figura de la Constitución y en ese tema parece haber consenso. Sin embargo, en lo referente a las reformas política, a la justicia, la salud y la educación, cada partido tiene sus propias propuestas. Ello obligará al Ejecutivo a hacer un esfuerzo mayor para lograr consenso y evitar los fracasos que se dieron en el primer mandato.