El Gobierno colombiano rechazó las amenazas emitidas en las últimas semanas contra más de 170 defensores de derechos humanos a través de panfletos firmados por grupos criminales de origen paramilitar.
En un comunicado remitido por el Ministerio de Interior, el Ejecutivo asegura que "está comprometido con la labor" de estos activistas, y recuerda que este apoyo se escenificó con la firma de la declaración de la ONU sobre el Derecho y Deber de los Individuos.
En el escrito, el titular de Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que las amenazas "se han recrudecido en los últimos días", declaración que había solicitada por los amenazados para recibir respaldo institucional.
Y es que el incremento de advertencias despertó la polémica en septiembre pasado, cuando en menos de 30 días se registró el récord de más de 160 amenazados, el mayor pico de los últimos dos años que posteriormente ha seguido incrementándose.
A raíz de esta situación, defensores de derechos humanos pidieron una reunión con el Gobierno que se materializó el pasado 21 de octubre y que concluyó con el acuerdo de crear un nuevo plan de prevención y protección especial ante la inminente salida de prisión de paramilitares desmovilizados en 2006.
Cristo solicitó en el comunicado que todos los colombianos se unan "contra toda amenaza que perturbe el ejercicio de la ciudadanía de los defensores y defensoras de derechos humanos" y que se solidaricen con los activistas y enaltezcan "su trabajo, valiente y comprometido" y su "aporte a nuestra democracia".
En los últimos días, organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia habían exigido al Gobierno "tomar medidas eficaces" tras una nueva ola de amenazas a un centenar de activistas políticos y defensores de derechos humanos.
Sobre esta situación se pronunciaron hoy eurodiputados, que pidieron condicionar la ayuda económica de la Unión Europea puede destinar a un eventual postconflicto en el país al respeto a los derechos humanos en Colombia, donde observan "graves deficiencias".
"Nos preocupa la impunidad galopante, llevamos ya 45 asesinatos de defensores de los derechos humanos este año", destacó en declaraciones a la prensa desde Bruselas el eurodiputado por Izquierda Unida Javier Couso.