El Gobierno Nacional deja clara su "profunda preocupación de Estado", y sobre todo de Estado de Derecho, por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de exhortar al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso del expresidente Belisario Betancur por la Retoma del Palacio de Justicia ante dicha Corte.
"Esta preocupación obedece en esencia a que tal exhortación parte de la base de considerar que en el caso en cuestión no ha habido propiamente una acción de la justicia colombiana, pues que a juicio del Tribunal las actuaciones que se han surtido ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya en tres ocasiones y luego de la respectiva investigación ha decidido archivar el caso, no tienen naturaleza judicial sino política", dice en un comunicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
"Tal afirmación implica desconocer que el artículo 116 de la Constitución le confiere expresamente al Congreso "determinadas funciones judiciales" -por supuesto, con ese inequívoco y perentorio carácter-", explicó.
Según el funcionario, "el Tribunal "deslegitima" un sistema de administración de justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana, en la medida en que supone que por esa vía no se administra justicia en relación con los altos funcionarios para quienes ella está instituida".
El lunes en la noche el Tribunal Superior de Bogotá, al ratificar el fallo condenatorio de 30 años en contra del coronel Alfonso Plazas Vega por la Retoma del Palacio en 1985, pidió a la Corte Penal Internacional que investigue la conducta del expresidente Betancur.
Comunicado
Con ocasión del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la condena impuesta al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, el Gobierno Nacional se permite manifestar lo siguiente:1. Ante todo, y por supuesto, su respeto y acatamiento de siempre a las decisiones de los jueces y tribunales de la República.
2. Su profunda preocupación de Estado, y sobre todo de Estado de Derecho, en relación con las graves implicaciones de la exhortación que se hace al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso ante dicha Corte.
Esta preocupación obedece en esencia a que tal exhortación parte de la base de considerar que en el caso en cuestión no ha habido propiamente una acción de la justicia colombiana, pues que a juicio del Tribunal las actuaciones que se han surtido ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya en tres ocasiones y luego de la respectiva investigación ha decidido archivar el caso, no tienen naturaleza judicial sino política. Tal afirmación implica desconocer que el artículo 116 de la Constitución le confiere expresamente al Congreso "determinadas funciones judiciales" -por supuesto, con ese inequívoco y perentorio carácter-.
Con tal apreciación, el Tribunal deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana, en la medida en que supone que por esa vía no se administra justicia en relación con los altos funcionarios para quienes ella está instituida.
3. Frente a la decisión de fondo, el Gobierno se abstiene de hacer pronunciamiento alguno, máxime teniendo en cuenta que aún está pendiente la oportunidad del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.