“¡Qué grato que se impongan las neuronas!”

/ Fotos: Andrés Torres El Espectador

Comenta el sorpresivo espaldarazo del senador Uribe a una propuesta que favoreció al vicepresidente Vargas. Y, con ironía, asegura que hay “desescalamiento en el conflicto” con el procurador.

El proyecto de equilibrio de poderes ha dado varios giros. El de mayor fondo ocurrió después del escándalo Pretelt. ¿Cuánto influyó ese suceso en el ánimo del Gobierno que se había mostrado más laxo en cuanto a las reformas a la Rama Judicial?

El proyecto, radicado el año pasado, anticipó muchas soluciones a los problemas que hoy se discuten: creación de murallas entre la política y la judicatura, supresión de la Comisión de Acusación, meritocracia judicial, prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”, eliminación del Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que el Gobierno estaba a la vanguardia. La nueva realidad a la que usted se refiere permitió evidenciar la profundidad de la reforma.

Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Ciertamente, los temas que usted menciona estaban en el proyecto. Pero en cuanto al inicial tribunal de aforados, iba a ser ineficaz como sustituto de la Comisión de Acusación porque era igual a esta. El escándalo Pretelt le dio vida a un ente que podrá investigar y juzgar…

Por supuesto que frente a la crisis causada hubo oportunidad de mejorar varias de las propuestas, como el caso del tribunal de aforados y el de plantear la presentación de un proyecto de ley de autorregulación de las cortes con el fin de que ellas puedan suspender, como medida cautelar, a sus propios miembros.
Se eliminó también en las últimas horas el término “inviolabilidad” que sonaba a privilegio para los magistrados de las altas cortes. Con ese concepto se pretendía que no los juzgaran por el sentido de sus sentencias, pero es exótico porque jamás uno de ellos ha sido sancionado por sus decisiones. ¿Por qué surgió ese tema?
La inviolabilidad es la contrapartida de la intangibilidad de las sentencias judiciales de cierre. Es importante crear instancias que hagan efectiva la responsabilidad de los magistrados, sin que por esa vía se llegue a la creación de una nueva corte —el tribunal de aforados— que pueda ocuparse del fondo de las sentencias de las altas corporaciones. De ser así, daríamos paso a procesos interminables de tres instancias. Esto es tan claro, que fue aprobado por consenso en el Congreso.

Cierto, pero después de eliminar el término “inviolable” y de que fuera explícito en el texto que cuando se demuestre interés ilícito en una sentencia se pueda investigar y juzgar al responsable.

En la discusión se van mejorando los textos. Lo cierto es que la reforma no pretende promover la impunidad. Dice, por el contrario, que los magistrados serán responsables por cualquier falta o delito cometido en el ejercicio de sus funciones cuando medie interés ilícito. Además, la acción de revisión (de las sentencias) no se modifica y mucho menos la viabilidad de tutelas en estos casos.

¿Por qué se incluye en ese privilegio al fiscal general si éste sólo acusa?

En un país de alta criminalidad, la inviolabilidad debe proteger el poder acusatorio del Estado para no inhibir su acción en la lucha contra el delito. El juez de garantías, en todo caso, valora la acusación y no podría ser que frente al nuevo sistema, el fiscal general quedara expuesto a que cada decisión judicial que no comparta la acusación constituya un auto cabeza de proceso.

Comprendido. No obstante, para algunos críticos del actual fiscal, esa protección constitucional es excesiva y privilegiada. ¿Cómo desvirtuar esa impresión?

No puede perderse de vista el contexto histórico en el que el fiscal entró al privilegio de los aforados: en 1991, en medio de la guerra contra los carteles del narcotráfico, la Fiscalía empezaba a actuar como organismo de investigación del Estado contra esa forma de criminalidad y, por ello, el constituyente lo protegió con un fuero especial. Se buscaba no exponer al fiscal a un sistema ordinario de investigación en el cual quedaría en condiciones de alta vulnerabilidad. Aunque la criminalidad de hoy no es la misma, enfrenta modalidades de delito organizado de la misma envergadura de entonces. Eso justifica su fuero.

La otra inquietud es por qué sólo el fiscal tiene fuero y no el procurador, el contralor o el defensor, funcionarios de similar rango y responsabilidad.

El tribunal de aforados es un sustituto de la Comisión de Acusación en materia de investigación. Se trata entonces de hacer efectivas las indagaciones sobre la conducta de los actuales aforados constitucionales, pero no la de extender este régimen a otros funcionarios. Según la Constitución vigente, ninguna de las autoridades por las que usted pregunta tiene fuero.

A propósito de la “inviolabilidad”, el magistrado Jorge Pretelt sostiene que lo “persiguen” por el sentido de sus fallos ¿Qué responde a la defensa que Pretelt hace de sí mismo ante la Comisión Interamericana de Derechos, en que dice que necesita protección?

Sin importar lo que le haya dicho a la Comisión Interamericana, el magistrado Pretelt sabe que tiene garantizado un juicio justo y con todas las exigencias del debido proceso. Y que la conducta que hoy se le cuestiona no tiene que ver con el sentido de sus fallos.

Entre lo aprobado hasta ahora y con mayor consenso está el punto de elegir a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado por medio de “concursos de méritos por oposición”. ¿Cómo serán y con cuáles garantías contarán?

Hoy los candidatos a las altas cortes tienen origen en un sanedrín de cuyo cubilete salen unas listas de origen desconocido. En adelante la Corte Suprema y el Consejo de Estado designarán a sus pares de listas configuradas en concursos públicos abiertos en que prevalecerá el mérito, resultado de la oposición entre los candidatos. Es la meritocracia como fuente de la nueva jurisprudencia.

Igualmente es positivo que se incrementen los requisitos para ser miembro de alta corte, que no haya reelección y que haya inhabilidad de 5 años para litigar ante la misma corte a la que se perteneció. Pero se redujo de 4 a un año la inhabilidad para ser elegido en otra corte. ¿No se buscaba abrir las compuertas de la democracia participativa?

Sí, pero no puede perderse de vista que, en adelante, cualquier postulación a alta corte se hará por concurso de méritos por oposición. Eso significa que la posibilidad de que un exmagistrado acceda de nuevo a otra corte se restringe a sus calidades y al mérito propio. Y que nada tendrán que ver las influencias o las amistades en la Rama Judicial.

Los funcionarios de la justicia se preocupan no por el cierre del Consejo de la Judicatura, sino por conservar la independencia de la rama. Dicen que ésta peligra si se nombra un gerente en lugar de unos “magistrados” de sala administrativa.

Los “magistrados” de la Sala Administrativa lo son sólo de nombre. En los primeros tiempos se creyeron togados y hacían ponencias y salvamentos de voto hasta para comprar el papel ¡Ahí están los resultados! Así que lo que se necesita, para asegurar un cambio profundo, es un gerente moderno. Ojalá alguien tan importante como el gerente del Banco de la República. Cuando un funcionario de estos quilates deje su huella en la administración de la rama, quedará fortalecida su autonomía. Sólo los poderes menesterosos son débiles.

Un punto clave: ¿de quién dependerá, funcional y administrativamente, el gerente de la rama?

De la propia Rama Judicial y sin ninguna interferencia del Gobierno, porque no se trata de menoscabar su autonomía. Está por discutirse si el gerente debe depender de la sala de gobierno judicial o de una junta administradora. En esto no se pueden cometer errores. A mi juicio, debería depender de la sala de gobierno, pero eso lo decidirá el Congreso. Y como en el Ejecutivo tenemos diversidad de opiniones, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, está promoviendo un encuentro con consultores internacionales que vendrán a darnos a conocer sus experiencias.

El Gobierno y los partidos están interesados en eliminar la facultad del procurador de investigar a los congresistas. ¿Por qué “favorecer” a los parlamentarios y no a los demás elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes?

Ese debate surge de una propuesta del propio procurador. Los congresistas hoy están sujetos a un estricto régimen disciplinario a través de la pérdida de investidura en el Consejo de Estado y a un examen riguroso de su conducta por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Es decir, ¿sobran las funciones disciplinarias a parlamentarios del procurador?

Sí. Ya ve usted que el Gobierno y el procurador podemos ponernos de acuerdo.

A propósito: explique la defensa gubernamental en el punto de la elección del procurador que se haría, no de terna exclusiva del presidente, a partir de 2018.

Lo único que persigue el Gobierno, en ese punto, es que las cortes no participen en el proceso de selección de un funcionario como el procurador, para que no sigan expuestas al forcejeo político. A lo largo del debate se han discutido muchas formas de integrar la terna, entre ellas la de que la elabore el presidente de la República, lo cual tiene tradición en Colombia. Y es lógico porque el Ministerio Público ejerce el poder disciplinario de los funcionarios, de los cuales el jefe máximo es el mandatario. Pero el Gobierno, atendiendo al talante del presidente Santos, está abierto a escuchar fórmulas que no comprometan a las cortes.

Cambiando de tema, la semana pasada se intentó establecer inhabilidad de 4 años para una posible aspiración presidencial del vicepresidente. Se abortó esa propuesta porque se interpretó que estaba dirigida a frenar a Vargas Lleras. ¿Quiénes estaban interesados en ese veto y qué opina de que el senador Uribe haya terminado favoreciendo a Vargas?

La regla de la inhabilidad para todos los funcionarios es y seguirá siendo de un año. La propuesta era extravagante. Tanto así que el expresidente Uribe compartió la opinión de la mayoría. Si no lo hubiera hecho, igual se habría derrotado esa propuesta con 12 votos. La intervención del expresidente sirvió para cambiar el voto de la bancada del Centro Democrático.

Justamente, se dijo que parte de esa bancada se molestó con el expresidente. ¿Qué opina?

Pues, en verdad, en el momento de la intervención del expresidente la bancada del Centro Democrático tuvo que pedirle a la Comisión Primera —en donde se discutía el tema— que la autorizara a retirar su proposición de inhabilidad por 4 años. Y se vieron caras largas entre sus miembros.

¿Cuáles consecuencias políticas se generarán de la intervención del senador Uribe a favor de Vargas Lleras? ¿Teme el Gobierno que podría presentarse un acercamiento entre el vicepresidente Vargas y el enemigo del presidente Santos?

En la política se hacen contradictores, pero no enemigos. La posición del expresidente Uribe puede ser el reconocimiento de que se debe hacer el debate político a la luz de la razón y de la ponderación. ¡Qué grato ver que en la dialéctica se imponen las neuronas y no los hígados!

¿Cree en esa explicación? Hay quienes dan otras razones, por ejemplo, que es bueno hacer alianzas político-electorales con Cambio Radical a siete meses de ir a las urnas.

Sigo creyendo que triunfaron las neuronas y no tengo esa suspicacia.

¿Por qué autorizar a que los congresistas hagan parte del Ejecutivo? Parece otro intento de establecer privilegios.

Para nada. Los partidos eligen a los parlamentarios y a los gobiernos. Nuestra Constitución es la única que prohíbe que los congresistas hagan parte del gobierno, dejando la responsabilidad política en terceros. La regla es tan exótica, que sólo se conoce en la Carta Política colombiana. No es sino echar un vistazo al derecho constitucional comparado.

La defensa de Pretelt ante la CIDH

En su comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que le solicita medidas de protección para él y su familia (cautelares) con el argumento de que sus vidas e integridad estarían en supuesto peligro por culpa del Gobierno, la Fiscalía, la prensa y las Farc, el magistrado Jorge Pretelt aseguró que está siendo perseguido por su sentencia sobre las pensiones. Según él, su fallo afectó a “2.500 personas (en cuyo grupo) se encuentran magistrados, congresistas y familiares de los mismos que tenían privilegios especiales” y entre quienes estarían los que lo denunciaron y los que lo pueden juzgar. Para demostrar que no es investigado por delitos que hubiere cometido sino víctima del Estado debido a sus opiniones jurídicas, recuerda sus posiciones en la Corte Constitucional. Menciona su apoyo a la ampliación del fuero penal militar que le habría costado enemistades y su veto al Marco Jurídico para la Paz. Este último acto le habría significado, en su interpretación, la animadversión del presidente Santos y del fiscal Montealegre. Pretelt relaciona el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues dice que tiene vínculos con la universidad en donde fue asesinado el líder conservador.

“No sabe, no responde”

¿Se ha sentido cómodo en el puesto de “superministro”? Algunos lo ven a usted como una talanquera para unos jefes de importantes carteras ministeriales, algo así como un Vargas Lleras para otros.

Eso es una perversidad. Viera lo grato que es trabajar con todo el gabinete, colaborándole al presidente.

Se rumora insistentemente que usted aspira a ser el sucesor del fiscal Eduardo Montealegre, quien cumple su período el año entrante. ¿Cierto o falso?

Marque la casilla “no sabe, no responde”.

Del procurador se ha dicho, aunque él lo niegue, que tiene aspiraciones presidenciales. Suena conveniente para él ser “magnánimo” con los congresistas al estar de acuerdo con la eliminación de su función de juez de quienes pueden aportarle votos en el futuro.

(risas) Eso lo asegura usted. Por lo que corresponde a nosotros, entramos en un “desescalamiento” del conflicto y de los bombardeos.

¿Frente al procurador?

Sí.