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Una táctica que, según el mandatario, ha permitido el debilitamiento financiero de los grupos que se lucran del tráfico de drogas. “De manera que no es cierto que la delincuencia y el narcotráfico estén ahora más fortalecidos”, insistió Santos este viernes.
El pronunciamiento pareció ser una respuesta directa al procurador Alejandro Ordóñez, quien tras conocer los resultados del informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia, lanzó duras críticas al Gobierno advirtiendo que el crecimiento de cultivos de coca en el país se traducía también en el fortalecimiento de los grupos narcotraficantes. “Esas organizaciones criminales (Farc, Eln, bacrim) recaudarán más millones de dólares producto de la actividad del narcotráfico para continuar en su espiral de violencia. La actual escalada terrorista que sufren los colombianos también tiene que ver con el hecho de que las Farc y el Eln cuentan con más recursos económicos producto del aumento de cultivos de coca”, precisó.
Y es que las cifran no son alentadoras y ante el aumento de 21 mil hectáreas de coca cultivada entre 2013 y 2014 (un 44%), la estrategia del Gobierno parece insuficiente para combatir los otros eslabones de la cadena que también preocupan. En temas de erradicación y sustitución de cultivos, Santos señaló que se están estudiando las políticas a implementar para disminuir el número de hectáreas. “Se han venido discutiendo, inclusive con Estados Unidos, que está muy interesado en que esta política sea efectiva para tener un plan integral”.
Sin embargo, un mes y medio después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes decidiera suspender las fumigaciones aéreas con glifosato (que después de doce años de implementación tampoco arrojaron grandes resultados en reducción de hectáreas cultivadas), la estrategia no se ve clara.
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dio algunas luces sobre el tema. Aseguró que en las próximas semanas se presentarán las recomendaciones para la nueva política de erradicación, que tendrá como eje principal el desarrollo alternativo.
Lo cierto es que las medidas urgen en momentos en que se incrementa en la ciudadanía la percepción de inseguridad y la sensación de que guerrilla y otros grupos ilegales han ganado más espacio en los últimos tiempos.