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Nuevamente el presidente Juan Manuel Santos tendrá facultades extraordinarias, en esta ocasión para reformar la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una ambiciosa reestructuración que tiene como principal finalidad cumplirles a las víctimas del conflicto, garantizándoles los derechos a verdad, justicia y reparación.
En el marco de la justicia transicional, cumplir con estas premisas sería la clave para “la consolidación de una paz estable y duradera”, como afirma Santos. Pero la historia ha sido clara, la estructura actual de la Fiscalía es insuficiente y el fracaso que ha significado la desmovilización de cerca de 35.000 paramilitares es un ejemplo de esto. Nuevamente, quienes pagaron los platos rotos en el proceso fueron las víctimas. Los desmovilizados no contaron la verdad, no repararon y las sentencias judiciales han sido prácticamente inexistentes.
Entre los cinco puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto, que están discutiendo el Gobierno y las Farc, el respeto de los derechos de las víctimas es una prioridad y así lo dejó claro Santos cuando anunció el inicio de la negociación: “Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas. Satisfacer los derechos es una obligación de todos y eso significa emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad”.
Por eso es necesario contar con una Fiscalía a la altura de las necesidades. Así lo reconoce el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien asegura que la reforma “es necesaria. Se requieren mejores resultados en las investigaciones, debe ser una nueva Fiscalía que esté a la altura de los desafíos que han planteado las organizaciones criminales y la sofisticación de la delincuencia. Vamos a diseñar una Fiscalía para la paz”.
La responsabilidad no es de poca monta. Con la reforma a la Ley de Justicia y Paz la Fiscalía tendrá la responsabilidad de priorizar las investigaciones de acuerdo con los máximos líderes y los crímenes más atroces, y establecer los patrones macrocriminales para que se puedan investigar delitos y conductas de los bloques para hacer imputaciones colectivas. La Ley de Víctimas le obliga buscar la verdad y garantizar la reparación.
El Marco Legal para la Paz señala que es la Fiscalía la encargada de “determinar los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal”. Lo que implica centrar los esfuerzos en la investigación de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos de manera sistemática. Además, establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena.
Consciente de la responsabilidad que se avecina, el vicefiscal, Jorge Perdomo, ha estado al frente de la reforma y explicó en qué consistirán los cambios. “Lo que se pretende es contar con más personal, mejor preparado, mayor presencia sobre todo regional y un modelo inteligente de funcionamiento”.
Perdomo aseguró que “hoy funcionamos con unidades nacionales y los fenómenos de criminalidad son regionales. En la Fiscalía se han venido haciendo reformas tangenciales, de acuerdo con las necesidades del día a día y así no se puede continuar operando. Por ejemplo, es necesaria la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, porque hacemos investigaciones aisladas y muchas veces en diferentes unidades si es criminal, de narcotráfico, de extinción; así no se obtienen resultados, se desgasta y se congestiona el aparato investigativo”.
Además, será creada la escuela de entrenamiento de fiscales y policía judicial acorde con las necesidades del sistema acusatorio. “Para ser fiscal hay que tener carácter para enfrentarse a bufets de abogados. Queremos que las personas sean formadas por la Fiscalía tal como funciona en otros países”. La idea es contar con una escuela de capacitación a la altura de las que tienen el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía.
En materia de paz asegura que “nosotros tenemos que prepararnos, independientemente de si el proceso se da o no. El marco jurídico sentó unas prioridades, pero debe haber un desarrollo de leyes de ese marco que definirá cómo se va a tratar a la guerrilla y hasta a los agentes del Estado que van a recibir los beneficios de la justicia transicional”.
Con la reforma, asegura el Gobierno, se cambiará el ya inoperante esquema investigativo de la Fiscalía que se creó con la Constitución de 1991, que con las múltiples reformas se ha convertido en una colcha de retazos, para pasar a un ente con la capacidad de convertirse en el principal respaldo de la paz.