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Política 15 Jun 2013 - 9:00 pm

"Habría que reformar la estructura electoral"

El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, en discurso ante la Academia de Jurisprudencia, habló de “los múltiples cambios que se deberían adelantar” en las instituciones si tiene éxito el actual proceso de paz con las Farc. Contesta preguntas sobre el proceso de revocatoria del alcalde Petro.

Por: Cecilia Orozco
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Carlos Ariel Sánchez, registrador Nacional

Cecilia Orozco Tascón.- La tarea de la Registraduría está concebida como técnica y neutral. ¿Por qué surgen disputas jurídicas y políticas cada vez que entrega un resultado?

Registrador Carlos Ariel Sánchez.- En el campo de la política siempre hay intereses de un lado y del otro. Quien gane, siempre dirá que lo merecía, y quien pierda, probablemente asegurará que le robaron las elecciones. Es muy difícil para los políticos decir que no consiguieron los votos suficientes y alegan que hubo fraude, aunque al cabo del tiempo se olviden de las reclamaciones. Cada vez que estamos próximos a unas elecciones, reaparecen los intereses y las polémicas.

C.O.T.- Pero las disputas no se limitan a reclamos sin fundamento. Por ejemplo, la Registraduría no le certificó al alcalde de Cali la validez de suficientes firmas para presentarse. Y si no hubiera demandado, hoy no estaría en su puesto.

C.A.S.- En primera instancia se dio un resultado según el cual las firmas recogidas por él no eran suficientes para que pudiera presentarse como candidato a la Alcaldía. Pero en lugar de acudir a los recursos de reposición y de apelación a los que tenía derecho para que se hiciera una revisión de ese resultado, aseguró ante los medios que había fraude y que le habían pedido dinero a su campaña. Cuando actuó en el marco legal, tuvo éxito: a pesar de que hubo una diferencia del 1x1.000 entre el primer dictamen y el segundo, era suficiente para que pudiera inscribirse. Esos recursos funcionan democráticamente.

C.O.T.- Una situación similar a la de Cali está sucediendo ahora en Bogotá con la certificación de las firmas para revocarle el mandato al alcalde Petro. ¿Existe la posibilidad de que haya habido un error tan grande como el que él dice?

C.A.S.- Todo lo humano es susceptible de equivocación. Aprovechando la experiencia de lo sucedido en Cali, ahora examinamos las firmas una a una. Ya no usamos una muestra representativa ni universo de firmas, sino que utilizamos un mecanismo que nos permita revisar grafológicamente cada una de ellas. Cruzamos las bases de datos de tal manera que al final del proceso cualquiera sepa por qué se aprobó una, y por qué no pasó otra. Adicionalmente, cuando alguien presenta un recurso, los funcionarios que estuvieron trabajando en la primera revisión no participarán en la segunda. Buscamos otros técnicos que hagan los cruces. Este cambio es sano para garantizar la transparencia y la neutralidad.

C.O.T.- Quienes impulsan la revocatoria han dicho que la Registraduría actuó por fuera de ley por haberles entregado a los petristas copia de los formularios con firmas. ¿Es legal o ilegal que particulares hagan esa tarea oficial?

C.A.S.- Eso no lo puedo afirmar. Sé que el derecho a la defensa es legítimo y que se le entregaron las firmas al apoderado del señor alcalde para que tuviera la oportunidad de ejercerlo. En todos los mecanismos de participación ciudadana hay que ponderar dos valores constitucionales: el derecho de los ciudadanos a participar y, en el caso de quienes están en el otro lado de las revocatorias, el derecho al debido proceso. Nosotros somos, simplemente, autoridades administrativas y debemos garantizar la eficacia de ambos valores.

C.O.T.- ¿No es cierto, entonces, que la Registraduría les entregó a los amigos del alcalde datos que tienen reserva legal?

C.A.S.- Lo que se inicia públicamente, es público: la recolección de firmas tiene ese carácter; el formulario que se encuentra en la web para ese efecto, también. De otra parte, un concepto del Consejo Nacional Electoral, órgano de inspección y vigilancia de la Registraduría, autoriza la entrega de copias de los formularios a los alcaldes o gobernadores en procesos de revocatoria para que puedan ejercer sus derechos. Si no tuvieran esa oportunidad, simplemente estaríamos frente a una especie de ordalía, en que el afectado nunca sabría cuáles son los elementos de prueba en su contra. Ese procedimiento sería inconstitucional.

C.O.T.- El alcalde ha puesto el tema de la discusión sobre el número de firmas que la Registraduría avaló, en un plano político más que técnico. ¿Ustedes, cómo responderán?

C.A.S.- No nos sorprende que quienes tienen intereses políticos, politicen todos los asuntos, pero nosotros tenemos que mantenernos en el plano técnico. De hecho, usted ha recordado que he tenido diferencias con tirios y troyanos. Eso se debe a que tengo unas responsabilidades y la principal es que las decisiones que tomemos y los resultados que entreguemos sean los que corresponden a la realidad objetiva, aunque a algunos les guste y a otros no.

C.O.T.- Suponga que se encontrara algún grave error en el conteo y revisión de firmas del proceso de revocatoria. ¿Lo minimizaría para no desprestigiar a su entidad?

C.A.S.- Si hubiera errores se corregirían, cualquiera que fuera su magnitud. Y si se utilizan los recursos legales, es nuestra obligación rectificar las equivocaciones siempre que las hubiera y cualquiera que fuera su dimensión.

C.O.T.- Desde el punto de vista netamente técnico, ¿es posible un error del 30 o 40% del total entregado o no?

C.A.S.- Desde el punto de vista técnico, no. Pero puede haber criterios e interpretaciones subjetivos que lleven a diferencias cuantitativas.

C.O.T.- ¿Cuánto tiempo toma saber, efectivamente, si queda en firme la certificación de firmas que ya anunció la Registraduría?

C.A.S.- Hay diez días hábiles para presentar los recursos, a partir de la notificación. Y tenemos dos meses calendario para resolverlos.

C.O.T.- Si se confirma que se puede adelantar la revocatoria, ¿en cuánto tiempo se debe convocar a votación?

C.A.S.- Tendríamos que convocar en dos meses. Estos los dedicamos a conseguir los recursos económicos y a estructurar la logística del día de la votación.

C.O.T.- ¿Significa que Bogotá estaría decidiendo, a finales de octubre o primeros días de noviembre, si el alcalde continúa o no?

C.A.S.- Si presentan el recurso y éste no tiene éxito, con mucha seguridad esa sería la fecha.

C.O.T.- Nunca se ha adelantado una jornada de revocatoria en una ciudad tan populosa como Bogotá. ¿Será muy complicado ese proceso en términos de escrutinio y entrega de resultados?

C.A.S.- No, porque sólo habría dos opciones: se revoca o no se revoca. Realmente sería fácil de escrutar.

C.O.T.- ¿El proceso del día de la votación por la revocatoria sería igual a otros o habría alguna diferencia?

C.A.S.- Es un proceso igual a otros, pero si en Bogotá se ponen, habitualmente, 10 mil mesas para jornadas electorales, en esta ocasión se necesitaría la mitad. Habría economía de costos.

C.O.T.- ¿En cuánto tiempo puede entregar la Registraduría el resultado después de cerradas las mesas?

C.A.S.- No nos demoraríamos más de una hora. El de Bogotá es un censo electoral de 5 millones. Para elegir presidente es de más de 30 millones y entregamos el resultado en 52 minutos. Además, Bogotá es primordialmente urbana y no tiene zonas rurales, salvo la de Sumapaz. Sería muy rápido.

C.O.T.- En su discurso para ingresar a la Academia de Jurisprudencia usted sostuvo que el sistema electoral se tendría que reformar si ingresaran nuevas fuerzas políticas a disputarse el poder. ¿Sugiere que hay que introducir cambios si el proceso de paz con la guerrilla llega a buen término?

C.A.S.- Históricamente, cada vez que han ingresado nuevos grupos a la política retirándose de la lucha armada, se ha reformado la estructura electoral y esos grupos han adquirido una representación en el órgano competente. Sin decir en qué sentido debe ser esa reforma, y aunque en el Consejo Nacional Electoral haya hoy representación de todos los partidos, habría que incorporarle las nuevas fuerzas.

C.O.T.- El Consejo Electoral carece de prestigio porque sus miembros vienen de los partidos que hoy no representan a muchos votantes colombianos. ¿Cómo hacer para legitimarlo, independientemente del ingreso a él de los nuevos actores de la política, si es que esto llega a suceder?

C.A.S.- No comparto totalmente su afirmación. Las funciones del Consejo Electoral se han actualizado con las exigencias de los tiempos y se han ido adaptando a la vida moderna. Pero el tema de prestigio y legitimidad que usted plantea es muy complejo. Pienso que, precisamente, la incorporación de otras fuerzas a la política le dará ímpetu y novedad al sistema y producirá grandes discusiones sobre la Organización Electoral, discusiones que se presentan sólo cuando hay cambios políticos importantes. Por ejemplo, como las que se dieron a principios del siglo pasado durante el gobierno del general Reyes, en la Segunda República Liberal y en la Constitución del 91. En los últimos 20 años se han ido perdiendo esos debates, pero volverán si irrumpen las nuevas fuerzas a las que nos referimos.

C.O.T.- Además de la modificación que habría que hacer en la composición y número de miembros del Consejo Electoral, ¿cuáles otras reformas para las votaciones generales serían necesarias en ese evento?

C.A.S.- Hay que ponerle mucho cuidado al tema de escrutinio de los cuerpos colegiados. Más que en las circunscripciones de Cámara, las que tienen carácter nacional son muy complicadas de escrutar. El Senado de la República puede contar fácilmente con más de mil candidatos y un ciudadano tiene que saber utilizar, y no es fácil, una tarjeta electoral para escoger un candidato entre mil, sin equivocarse. El voto electrónico no es, tal vez, tan necesario en alcaldías o para elegir presidente de la República, porque esos votos se cuentan y se escrutan muy rápidamente. Pero, sin duda, en las elecciones para Senado o Concejo de Bogotá, por ejemplo, en donde uno ve que cada cuatro años se presentan dificultades y problemas que se reflejan en demandas, sabemos que hay fallas y que tenemos que detectarlas.

C.O.T.- ¿La Registraduría estaría lista para reformarse y adaptarse en caso de que sea necesario hacerlo si el proceso de paz culmina exitosamente en mitad de algún proceso electoral?

C.A.S.- Nosotros podemos responder a los retos electorales con bastante rapidez. Por ejemplo, se han mejorado muchísimo los procesos para elecciones de alcaldías atípicas. La demora logística, más que la de preparar el día de elecciones, tiene que ver con una serie de insumos que son de gran importancia democrática: que haya inscripciones y que se depure el censo electoral, como lo pide hoy la ley, seguramente será una exigencia que harán las nuevas fuerzas. Si se van a presentar a unas elecciones, querrán que muchas personas que han sido apáticas pero que figuran en el censo, estén inscritas en sitios donde sea fácil votar o que no se encuentren lejos de sus residencias.

“Los múltiples cambios” necesarios si hay acuerdos de paz

El jueves pasado en la Academia de Jurisprudencia para ser recibido como miembro de Número, el registrador Carlos Ariel Sánchez leyó una ponencia suya sobre la evolución del sistema electoral, en la cual resaltó las modificaciones  en varias épocas, cuando grupos rebeldes han hecho dejación de sus armas para ingresar a la legalidad. Refiriéndose a las conversaciones con las Farc, el registrador Sánchez aseguró que “el actual proceso de paz que desarrolla este gobierno puede traer como resultado inevitable la inclusión de nuevos actores en el ejercicio de la política, tal como ocurrió en los procesos de paz que permitieron que en la Constituyente de 1991 estuvieran representados el M-19, la Unión Patriótica (entre otros)”. Especificó que “si eso llegase a suceder, múltiples y diversos serían las cambios que se deberían adelantar en aras de asegurar la adecuada armonización de las fuerzas al margen de la ley con la institucionalidad”. “Uno de esos cambios afectaría el poder electoral, base y sustento de legitimidad del Estado de derecho… que sólo es posible alcanzar por medio de instrumentos legales que garanticen la libertad de elección, el derecho a la oposición y el respeto a los resultados electorales”, tema que nadie había advertido.

“Cualquiera puede verificar si el que firma es quien dice ser”

Cecilia Orozco.- De mis datos en un formulario cuando firmo para una revocatoria, ¿cuáles tienen reserva?

Carlos A. Sánchez.- Ninguno. Los formularios de la Registraduría no contienen más datos de los que entrega una persona cuando se inscribe, por ejemplo, en el directorio telefónico: nombre, apellido y dirección.

C.O.- ¿ La Registraduría no tiene en cuenta esos datos y sólo se preocupa por verificar la autenticidad de las firmas?

C.A.S.- Exacto: sólo verifica que su nombre esté en el censo electoral de Bogotá y que la firma sea auténtica.

C.O.- ¿Los particulares pueden hacer la misma verificación?

C.A.S.- Siendo el censo electoral público, cualquiera puede verificar si el que firma es quien dice ser, y si hace parte del censo.

C.O.- ¿Cómo se sabe que alguien no me está suplantando?

C.A.S.- Por los rasgos caligráficos. Se revisa que no existan en otro renglón.

C.O.- Si usted, por ejemplo, vive en Chía y no en Bogotá, ¿se invalida la firma?

C.A.S.- No, salvo que esa persona manifieste en el formulario que vive en Chía. Partimos del principio de buena fe. El concepto de domicilio electoral, según el artículo 4° de la Ley 163 del año 94, no es donde se reside, sino donde se vota.

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