¿Cuáles son las principales recomendaciones para Colombia de cara al posconflicto?
En una sociedad como esta, que ha estado en guerra por tanto tiempo, hay múltiples memorias, y naturalmente las personas van a tratar de disputar la hegemonía de su memoria. No es obligación tener una versión oficial de los acontecimientos, y tolerar que la gente tenga visiones distintas es parte de la convivencia democrática. El riesgo es imaginar que haya una sola memoria, una sola historia y una sola versión. Lo segundo está relacionado con los procesos de cambio. Hay que entender que las transiciones en América Latina han sido largas, y cuando se han cerrado rápidamente, los problemas terminan volviendo. Los procesos con seres humanos, sobre todo tratándose del perdón y las pérdidas, son lentos.
En el caso colombiano se ha dicho que el proceso de paz tiene como eje central a las víctimas. ¿Es claro ese rol?
El reconocimiento de las víctimas es hoy más claro que hace algunos años y es un logro social y político muy importante el hecho de que se quiera restablecer sus derechos. Creo que hay que llegar a un reconocimiento total, pues solamente va a ser un proceso aceptado por toda la sociedad cuando no exista una distinción entre quiénes fueron los victimarios. Todas las víctimas son colombianos, entonces, ¿por qué la muerte de unos va a valer menos que la de otros?
Y en ese camino, ¿cuál es el primer paso que se debe dar en el proceso de reparación?
Las reparaciones siempre se hacen en función de los daños, y en Colombia éstos han sido de todo tipo, además de acumulativos a lo largo del tiempo. Van desde pérdidas económicas hasta el desplazamiento de poblaciones, y eso es difícil de reparar. Cuando una persona se fue hace 30 años de un lugar, que le ofrezcan un terreno en el mismo lugar tal vez ya no es una solución. La expectativa mayor de toda reparación es poner a la persona en las condiciones en las que estaba antes de que ocurrieran los acontecimientos y eso es muy difícil porque ha pasado demasiado tiempo. Para poder pensar en una reparación efectiva tenemos que conocer cuál es el daño que se causó, no sólo suponerlo.
¿Qué papel juega en ese proceso de reparación el castigo para los victimarios?
El Estado tiene la obligación de cautelar los derechos de todos: ciudadanos, víctimas y victimarios, y estos últimos tienen derecho a un debido proceso. Pero no puede ser solo un castigo, sin pensar en la rehabilitación. Dadas las condiciones particulares del proceso de paz, los victimarios tendrán que ser enjuiciados considerando el contexto en el que ocurrieron los hechos y esto no puede ser utilizado como la venganza de un sector contra otro. Eso es volver a encender la mecha.
¿Y cómo lograr el equilibrio sin que quede la sensación de impunidad?
Una cosa es tener un marco ético para mirar el problema y otra muy distinta es hacer gobernable la paz. No por enjuiciar a uno u otro grupo se puede terminar arriesgando el proceso. Es una responsabilidad gigante porque un sector no puede ser privilegiado respecto a otro, pero sí tiene que haber una aplicación justa y un reconocimiento de los derechos de todos, y eso es difícil de lograr. Nadie puede estar por encima de la ley y habrá que ver qué trato se da a esas personas para poder garantizar sus derechos y los de la sociedad de tener reglas legales y constitucionales respetadas por todos. La base de la paz es que nadie esté dispuesto a violentar el Estado de derecho.
¿Cuál podría ser la clave para que se dé una reconciliación política real en el país teniendo a las Farc como actores destacados?
La transición que implique la reintegración de las Farc al proceso político tiene que garantizar la seguridad de esas personas. No se puede volver a lo que pasó con la Unión Patriótica, porque eso significa desvirtuar y deshacer el trabajo que se ha hecho en el proceso de paz. Hay que garantizar que en esta ocasión no va a ser una trampa. La reconciliación política, por otro lado, implica una forma de relación y convivencia en la que no es una condición que nos perdonemos. La condición es que respetemos el Estado democrático de derecho. Es diferente a los modos de reconciliación entre personas, que sí requieren el reconocimiento de las ofensas, el perdón y el compromiso de no repetición.