La hora de la clase política en el proceso de paz

Conocidos los alcances del acuerdo sobre justicia entre el gobierno Santos y las Farc, comienzan a alinearse las fuerzas políticas a favor y en contra.

Hugo García Segura
25 de septiembre de 2015 - 02:59 a. m.
Sergio Jaramillo, comisionado de paz y Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, ayer en La Habana. / SIG
Sergio Jaramillo, comisionado de paz y Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, ayer en La Habana. / SIG

La fórmula de justicia transicional está sobre la mesa. Ahora empieza el camino para adaptarla a una nación que sigue sangrando por las heridas de la guerra. Las Farc y el Estado aceptan que internacionalmente ya no es viable el trato de indulto contra entrega de armas que caracterizó los procesos de paz que se firmaron en los últimos tiempos, y emprenden un camino inusual para saldar conjuntamente sus deudas con la justicia. La idea es que la verdad haga el recuento debido para la historia, que las víctimas sean reparadas y que se abran sendas judiciales para que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.

Es un gran paso el hecho de que las Farc hayan cedido en dos asuntos que hasta hace poco se veían como inamovibles: aceptar someterse a la justicia bajo las leyes del Estado colombiano y la dejación de armas, algo sobre lo que aún persiste la discusión, pues para los entendidos no significa lo mismo que entrega. Lo cierto es que, más allá de las fecha del 23 de marzo de 2016 —que según dicen generó discordia en Timochenko, máximo comandante de las Farc, quien cree que es un error ponerle plazos fatales a la firma de la paz—, es claro que el debate se traslada ahora al terreno de lo político, donde el Congreso de la República aparece como el gran protagonista.

En otras palabras, necesariamente lo acordado tiene que pasar por los filtros del Estado, que incluso no son solo políticos sino también judiciales, teniendo en cuenta que varias de las reformas que se plantean tendrán el escrutinio de la Corte Constitucional. Es así como al trámite actual del llamado acto legislativo para la paz, por medio del cual se busca establecer los mecanismos para implementar los acuerdos con la guerrilla —incluyendo facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos—, se suma ahora el anuncio de la discusión de una nueva ley de amnistía que amplíe los alcances en cuanto a los delitos políticos y conexos.

Temas que desde ya anuncian polémica. De hecho, ya el jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, salió a recalcar que lo que se está dando es una oportunidad para terminar el conflicto en Colombia, que no se debe desaprovechar: “Siempre sabemos que hay personas insatisfechas, otras quisieran más, pero lo que debe guiar el sentimiento de Colombia no es la continuación de un conflicto para obtener unos propósitos de carácter punitivo, cuando tenemos la oportunidad por la vía del diálogo en la mesa de conversación en condiciones –en particular en el tema de la justicia– que cumplen con estándares internacionales y con el deseo de los colombianos de que haya paz sin impunidad”, dijo.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue más directo: “No deja de causar tristeza y desconcierto que, frente a la posibilidad de ponerle fin al conflicto en Colombia, surjan voces que insisten en criticar y descalificar cualquier avance de la paz. Llega uno a la conclusión de que ninguna justicia les hubiera servido”. Palabras con destinatarios concretos: el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez, acérrimos críticos del anunciado acuerdo sobre justicia con las Farc. “Preocupa la ambigüedad del texto pactado”, señaló el jefe del Ministerio Público, mientras que para el exmandatario se trata de un acuerdo de impunidad e inviable políticamente.

El debate está abierto. Y lo alimentan posturas como la del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien en entrevista con Blu Radio habló de un nuevo “pacto social” que abra la puerta para que aquellos condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a la participación política: “La Constitución consagró esa excepción (...) me parece que eso es un obstáculo grande para la consecución de la paz. Una de las tareas que tendrá la comisión legislativa que se va a crear es que hay que abolir esa prohibición”.

Incluso, Montealegre fue más allá al interpretar algunos de los conceptos que más mortifican a los críticos del acuerdo. Dijo que al hablarse de sanciones restrictivas a la libertad, lo que se plantea es la posibilidad de que los guerrilleros permanezcan en ciertas partes del territorio nacional, sin poder desplazarse: “El municipio como cárcel, por ejemplo”. También que desde el punto de vista constitucional y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el narcotráfico, cuando es un instrumento de la lucha armada, puede ser un delito conexo con el delito político y, por lo tanto, puede ser objeto de amnistía.

Una discusión difícil, más aún cuando hay otras disputas que asoman. Como la que tiene que ver con la tesis de que, dado el caso, los expresidentes pueden ser objeto de investigación dentro de la mencionada jurisdicción especial para la paz, por su participación o conocimientos en violaciones a los derechos humanos registrados en el marco del conflicto, esgrimida por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, teoría que no comparte el fiscal general. O el malestar expresado por Cambio Radical —el partido del vicepresidente, Germán Vargas Lleras— por no haber sido invitado a acompañar al presidente Santos en La Habana para el anuncio del acuerdo sobre justicia.

Por todo esto, aunque en las altas esferas del Gobierno la instrucción es insistir en la postura de que la paz está cerca, se sabe que lo que viene es duro y que el plazo de seis meses para la firma del acuerdo definitivo obliga a ajustar tiempos, como en un complejo rompecabezas donde las piezas del acto legislativo, la refrendación o la expedición de decretos al amparo de las facultades extraordinarias al jefe de Estado deben encajar. En el camino están las elecciones locales y regionales del 25 de octubre y el juego de hablar o criticar la paz. Le corresponde a la clase política, representada en el Congreso y muchas veces tan cuestionada, asumir su responsabilidad histórica.

 

Por Hugo García Segura

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