El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la Farc de la Habana, Humberto de la Calle, realizó una férrea defensa del plebiscito para la paz como mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos a los que se llegue con esa guerrilla. La postura se realizó mediante un video enviado al foro “Constitución y Paz”, realizado hoy en la Universidad Javeriana de Bogotá.
En su intervención, De la Calle sostuvo que este tipo de debates resultan muy oportunos, dado que en Cuba se surte la discusión sobre el punto seis de la agenda de negociación, que versa sobre la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz.
En este sentido, sostuvo que el vínculo entre Constitución y paz es genético y que en 1991 fue el anhelo de alcanzar la paz lo que nutrió las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. “La Constitución es un tratado de paz. Desde los albores de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente surgió el derecho a la paz como una idea digna de incorporación constitucional”, señaló el exvicepresidente.
“Un proceso de conversaciones para poner fin a un conflicto enfrenta distintos tipos de problemas. Problemas políticos, morales, económicos, militares y jurídicos. En cuanto a los jurídicos, hay un ejercicio imperativo que consiste en delimitar o circunscribir el ámbito del terreno de aquello que puede ser objeto de negociación. Se trata de establecer cuáles valores e instituciones son contingentes, y cuáles en cambio expresan valores universales que no pueden quedar sujetos a las vicisitudes de las negociaciones con un grupo alzado en armas”, sostuvo el jefe negociador del Ejecutivo.
De la Calle explicó que en el Acuerdo general para la terminación del conflicto se convino que se acordaría un mecanismo para refrendar los acuerdos. “Las partes quisieron darle un tratamiento que involucrara al cuerpo ciudadano en la toma de decisiones, cuyo contenido toca fibras muy sensibles de la sociedad colombiana. Se trataba de darle al acuerdo final una dosis alta de legitimidad derivada de la refrendación popular”, puntualizó.
Y agregó que esta decisión de refrendar los acuerdos, desde el plano jurídico, tiene dos objetivos: mayor seguridad jurídica para las partes y “una alta dosis de validez del nuevo entramado normativo”, en el entendido de que en el futuro vendrán fuertes discusiones sobre los acuerdos suscritos.
En la discusión sobre cuál sería el mejor mecanismo para refrendar los acuerdos, el jefe negociador detalló que el primer escollo fue el que las Farc hicieran pública su intención de ir a una asamblea constituyente, y calificó esto como una violación al principio de la confidencialidad que rige los diálogos. “A nuestro juicio, realmente la asamblea no es un mecanismo de refrendación. Después de largas conversaciones en La Habana, y bastantes complejas por cierto, consideramos que una asamblea es una apertura de nuevos temas. Una prolongación de la discusión. Por cierto, con resultados medianamente impredecibles, incluso frente a los temas acordados”, añadió.
Sobre un referendo, De la Calle fue enfático en que dicho mecanismo propone retos “superlativos”. “Dos en particular: la multiplicidad de temas que dificultan en grado sumo las decisiones ciudadanas y el carácter integral del acuerdo, el cual se basa en equilibrios cuidadosos que se romperían si el cuerpo ciudadano acepta algunos contenidos y rechaza otros”. Y frente a la consulta popular, la consideró inconveniente por no tener un carácter vinculante.
Con estos argumentos, el jefe negociador señaló que el Gobierno está jugado con el plebiscito para la paz con una sola pregunta. Mecanismo que desatará, a juicio del exvicepresidente, fuertes discusiones sobre su carácter vinculante y sobre lo que denominó “la teoría de la sustitución de la Constitución”.
“Dado que a la Asamblea Constituyente de 1991 se le ha atribuido el carácter de constituyente primario, y dado que, dentro de los propósitos señalados por su puesta en marcha, estuvo desde su origen la Constitución de la paz, es claro que las decisiones que ahora se deban adoptar, luego de las conversaciones de La Habana, corresponden al cierre del ciclo constitucional iniciado en 1991”, concluyó.