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Política 17 Ago 2011 - 9:55 pm

Partidos en deuda con la transparencia

Ilegales van por el poder local

Los grupos armados han cambiado su forma de operar y ahora buscan imponer los candidatos por vías diferentes a la armada.

Por: Elespectador.com
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    http://www.elespectador.com/noticias/politica/ilegales-van-el-poder-local-articulo-292525
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Foto: Diana Sánchez

La política regional sería el mecanismo al cual están apelando los grupos armados ilegales para recuperar el terreno perdido en el campo de batalla. Ese es el principal diagnostico del análisis de riesgo para los comicios de octubre que realizó la Misión de Observación Electoral (MOE), en el cual también hizo evidente la falta de compromiso de los partidos políticos en la depuración de las listas.

A juicio de Claudia López, directora del observatorio de la democracia de la MOE, “pareciera que los grupos armados están recurriendo a la política para ganar por esta vía lo que han perdido en la confrontación armada. Es decir, las Farc, el Eln y las bacrim están empleando la influencia política, financiación y apoyo de candidatos para robar los recursos públicos y usar la contratación de los municipios para lavar dinero”.

La analista sostiene que “en pasados procesos electorales se imponía el modelo ‘Urabá’, en el cual se presionaba al elector a través de masacres, actos violentos y desplazamiento. Pero en esta ocasión el fenómeno es similar al de ‘Casanare’, donde parece un remanso de paz, pero es una pacificación dominada por la presencia de grupos ilegales, paramilitarismo y narcotráfico, precisamente en zonas de explotación minera, petrolera y relacionadas con la producción de cocaína”.

Tal vez lo más preocupante de este diagnóstico es el alto grado de complicidad que pueden tener los partidos políticos frente a esa influencia ilegal en las elecciones. Según el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, “la respuesta de los partidos ha sido vergonzosa, nosotros entregamos una lista de candidatos que podrían tener problemas y en lugar de tomar medidas reclamaron que el informe lo hizo Arco Iris, incluso Germán Varón que se dio la pela de negar avales terminó renunciando por las presiones internas”. Y es que las cifras son contundentes: bajo la tesis de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, el 90% de los candidatos de estas listas obtuvieron el aval.

Por este motivo, Alejandra Barrios, directora de la MOE, hizo un llamado a los jefes de las colectividades al señalar que “tienen hasta el 18 de agosto para revisar de manera minuciosa los antecedentes y trayectorias de los candidatos que avalaron. De las organizaciones políticas depende directamente que las actuaciones de sus postulados se ciñan a la ley y que el resultado represente de manera auténtica la voluntad de los ciudadanos, y no la de actos de corrupción, intereses ilegales o privados que conducen al fraude”.

Pero aunque el diagnóstico de la MOE refleja avances en materia de seguridad de cara al proceso electoral, la situación no es completamente halagüeña. Barrios destacó que frente a las elecciones regionales de 2007 la cifra de municipios en riesgo bajó de 429 a 421 en 2011, pero aún hay zonas en las que los grupos armados han implementado la violencia como mecanismo de presión.

Frente a las elecciones regionales de hace cuatro años, la violencia contra candidatos se ha incrementado en un 68%. Mientras en toda la etapa preelectoral de las elecciones de 2007 se registraron 65 hechos de violencia, en lo corrido de la etapa preelectoral de 2011 ya se han registrado 109 hechos de violencia contra candidatos. Lo que resulta preocupante, porque aún faltan 75 días para las elecciones.

La MOE identificó siete zonas de riesgo: sur de Nariño; Buenaventura; La Guajira, Cesar y Magdalena; Núdo de Paramillo; Caquetá, Putumayo, Meta; sur de Bolívar y la frontera con Venezuela, en donde hay clara incidencia de grupos armados. En cada una de estas regiones, señaló Barrios, hay intereses detrás del cultivo, producción y tráfico de estupefacientes, de la explotación minera ilegal y el control territorial de grupos armados, especialmente las Farc y las bandas criminales.

Para la Misión de Observación, la política de restitución de tierras del Gobierno se ve claramente reflejada en la lucha por el poder político regional. “Las mismas personas que han generado fenómenos de desplazamiento a gran escala y que en el pasado tuvieron vínculos con grupos armados con el fin de acumular tierras, ahora quieren ganar las elecciones para influir de forma directa en la restitución”, afirmó Barrios.

Con este balance el panorama es claro: atrás quedaron los años en los que los grupos armados intervenían de forma violenta y directa en los procesos electorales. Ahora están empleando métodos más depurados para lograr que sean escogidos los candidatos de su preferencia. Es ahí a donde debe apuntar la estrategia del Gobierno. Y así lo ha reconocido el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, quien reconoce que “en esta ocasión los ilegales están empleando estrategias más depuradas que es necesario combatir”.

¿Contratación amarrada?
La Auditoría General de la República también hizo un llamado de alerta frente a las elecciones regionales. El motivo: con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, la contratación directa creció en el primer semestre de 2011 el 77%, por un monto total de $22,7 billones. La preocupación de la Auditoría obedece a que existe la posibilidad de que a través de contratos se esté buscando la elección de candidatos con criterios afines a los planteamientos de los actuales mandatarios locales.

Para ver mapa de riesgo electoral, clic aquí

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